A pocos meses de las Elecciones generales de 2026, más de 250 candidatos al Congreso presentan sentencias condenatorias previas por delitos como corrupción política, violencia familiar, hurto agravado, peculado, difamación, estafa genérica, venta ilícita de mercadería y falsedad ideológica, según información recogida por Panamericana.
Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, encabezado por José Luna; Fuerza Popular; Perú Libre; y Alianza para el Progreso. De acuerdo con Panamericana, Podemos lidera la lista, con 18 postulantes sentenciados por diversos delitos, entre ellos peculado, difamación y venta ilícita de mercadería. Le sigue Fuerza Popular con 15 candidatos con antecedentes de hurto agravado, estafa genérica y falsedad ideológica. Perú Libre y Alianza para el Progreso suman 15 y 13 postulantes en esa situación, respectivamente.
En la lista también figuran el Partido Aprista, Partido Democrático Federal y Perú Primero, con 12 condenados; seguidos por Somos Perú, Obras y Frente de la Esperanza, con 11 candidatos con condenas; y Perú Moderno, Progresemos y Juntos por el Perú, con 10 condenados.
Partidos son responsables por candidatos condenados
José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, atribuye la responsabilidad a los propios partidos en la selección de candidatos: “Los partidos son los primeros responsables de ya habernos ofertado un menú que ya tenga una revisión previa, ¿no? Y eso es importantísimo. Y los electores finalmente tenemos otra responsabilidad de volver a mirar”, afirmó en conversación a Panamericana.
La revisión de información realizada por organizaciones locales y citada por Panamericana revela un total de casi diez mil candidatos a nivel nacional. Esta cifra, según Gargurevich, dificulta la verificación exhaustiva de antecedentes y debilita los mecanismos internos de depuración de los partidos. “La cantidad de candidatos que tienen que poner a disposición a nivel nacional es tal que seguramente no tienen todos los mecanismos para estar seguros de que han revisado todos los antecedentes”, señaló el directivo.
Especialistas consideran que la falta de un proceso eficaz de revisión permite la permanencia de personas con antecedentes en las listas partidarias. Según Panamericana, los partidos que actualmente detentan el poder no siempre sienten la necesidad de depurar sus listas porque “su mismo electorado les ha demostrado que no consideran que eso es prioritario”, como señala Gargurevich.
José Tello, especialista en derecho electoral, remarca que la fiscalización corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los jurados electorales especiales. “Esto es materia de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Fiscalización. Y esto, evidentemente, también se hace por los jurados electorales especiales”, explicó Tello en declaraciones a Panamericana.Además, también reconoce que, pese a estos controles, algunos candidatos con impedimentos han logrado postular: “Va a haber, por ejemplo, casos en los cuales se puedan encontrar de que personas con impedimento han postulado y no han sido tachadas”, puntualizó Tello.
La legislación electoral vigente en Perú permite la postulación de quienes cumplieron condena por delitos comunes, a diferencia de ciertos delitos de corrupción para los que existen restricciones. Tello advierte que, aunque existen procesos de revisión, no se impide que personas con antecedentes integren las listas: “Ya calificaron. Y esto, digamos, lo pasaron. O sea, va a haber casos en los cuales se puedan encontrar que personas con impedimento han postulado y no han sido tachadas”.
El papel de los ciudadanos resulta determinante en la legitimidad de los partidos. De acuerdo con Gargurevich, la permanencia de ciertas candidaturas no depende de la honestidad o transparencia, sino de la respuesta de un electorado que no exige la integridad como requisito prioritario.
Tello coincide con este análisis y subraya la corresponsabilidad del electorado: “Creo que si ellos llevan a estas personas es porque los electores no somos muy, digamos, muy críticos de la situación. Si ellos dicen: ‘Mira, la persona es conocida, la persona tiene recursos, no importa que pueda tener esta sentencia, lo llevamos’, es porque sabe que va a tener votación. Y ese, más que un tema de culpa del partido, también es culpa del elector”, afirmó Tello.