La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a través de su Comité de Usuarios de Agua Industrial, expresó su rechazo al reciente incremento de las tarifas de agua anunciado por Sedapal. El pronunciamiento fue realizado por su presidente, Rolando Piskulich, quien cuestionó la decisión al considerar que no existe sustento técnico ni económico que respalde el aumento aplicado al servicio.
En declaraciones a Canal N, Piskulich calificó el alza como “desproporcionada” y recordó que la inflación registrada en 2025 fue de solo 1.5%. Bajo ese contexto, sostuvo que el ajuste tarifario no guarda relación con el comportamiento de la economía ni con indicadores que justifiquen un incremento de esa naturaleza para los usuarios, especialmente para el sector industrial.
El representante del gremio señaló que este tipo de decisiones terminan afectando directamente a las empresas, que deben asumir mayores costos operativos, y advirtió que ello puede tener un impacto más amplio en la economía, al trasladarse eventualmente al consumidor final.
Cuestionamientos y pedido de diálogo
Otro de los puntos centrales de la crítica de la SNI está relacionado con el procedimiento seguido para aprobar el incremento tarifario. Piskulich cuestionó que la medida no haya sido tramitada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), entidad reguladora competente para este tipo de decisiones.
Según explicó, el Ministerio de Vivienda habría intervenido directamente en el proceso, desplazando el mecanismo quinquenal habitual que maneja SUNASS para la revisión y aprobación de las tarifas. Para el gremio industrial, esta situación genera preocupación sobre la transparencia y la institucionalidad en la toma de decisiones que afectan a miles de usuarios.
Ante este escenario, la SNI anunció que ha solicitado una reunión urgente tanto con el ministro de Vivienda como con representantes de Sedapal. El objetivo, según indicaron, es dialogar sobre la medida y buscar su paralización, al considerar que el incremento no solo perjudica a la industria, sino también a la economía de los ciudadanos.
Impactos económico
Piskulich advirtió que el aumento en el costo del agua podría traducirse en mayores precios para los consumidores finales, como consecuencia de los sobrecostos que deberán asumir las empresas. Asimismo, alertó sobre una posible afectación en el empleo si las compañías se ven obligadas a ajustar sus gastos ante el nuevo escenario tarifario.
Finalmente, el representante de la SNI cuestionó la posibilidad de que el incremento tenga como finalidad cubrir el suministro gratuito de agua mediante cisternas en zonas vulnerables. No obstante, precisó que no cuenta con información oficial que confirme este destino de los recursos, por lo que insistió en la necesidad de mayor claridad y diálogo por parte de las autoridades competentes.
Sunass explica incremento
La Sunass informó que el incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao responde al cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1620, promulgado en diciembre de 2023 durante el gobierno anterior. Según explicó, esta norma dispuso la aplicación de un rebalanceo tarifario con el fin de que las empresas prestadoras, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos para cubrir los costos de la prestación del servicio.
En ese marco, Sunass señaló que desarrolló el proceso regulatorio correspondiente en cumplimiento de una disposición emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicho procedimiento incluyó la publicación del proyecto tarifario, la realización de una audiencia pública y la recepción de comentarios por parte de usuarios, Sedapal, el propio ministerio y otros actores del sector. Los resultados de esta evaluación técnica se reflejan en las nuevas tarifas que serán aplicadas por la empresa.
El regulador precisó que el incremento tarifario en Lima se aplicará desde enero de 2026 y que su impacto será visible en los recibos a partir de febrero. Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el alza oscila entre 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales, y Sunass indicó que intensificará la fiscalización para asegurar que los recursos adicionales se destinen a mejoras verificables en la calidad del servicio.