El gobierno peruano ha respondido ante el riesgo de una escalada militar en Venezuela y ha decidido reforzar la protección en zona fronteriza con una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.
Según el titular de la PCM, el Ejecutivo considera que cualquier medida adicional dependerá de la gravedad de los acontecimientos en la región, especialmente ante la posibilidad de un conflicto armado o una guerra civil.
“Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos, pero eso significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”
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En relación con las políticas migratorias, Álvarez Miranda fue enfático en que el Perú no está interesado en acoger a personas vinculadas a la dictadura de Chávez o Maduro. Subrayó que el enfoque principal del gobierno es “aliviar la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos venezolanos y que puedan retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria”, afirmó
Nuevo Plan de Seguridad Ciudadana en revisión
El primer ministro precisó que el plan nacional de seguridad ciudadana, anunciado por el presidente José Jerí, se encuentra en su fase final de revisión y que será completado en los próximos días. Resaltó la importancia de que dicho plan tenga seriedad y coherencia, incorporando indicadores que permitan monitorear su cumplimiento con base en una programación establecida.
Además, el ministro Álvarez enfatizó que “lo ideal es que este plan sea continuado, perfeccionado, y por supuesto, adecuado a las necesidades y recursos del nuevo gobierno. Pero que, en cierta medida, tenga la continuidad para tener objetivos y el logro de las metas”, en palabras de Álvarez Miranda.
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En cuanto a la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, Álvarez Miranda señaló que se trata de una estrategia progresiva. Manifestó la expectativa de “llegar a mayo o junio con resultados concretos”, pero advirtió que la lucha contra la criminalidad instalada en los últimos años no se resolverá en semanas ni en meses y será una tarea que requerirá continuidad por parte de futuras administraciones.
El premier puntualizó que la clave para revertir la inseguridad radica en la labor de inteligencia tanto policial como militar. Afirmó que solo a través de medidas focalizadas y el seguimiento de las bandas criminales ya consolidadas, así como de personas involucradas indirectamente en acciones delictivas, se podrá mejorar la eficacia de la respuesta estatal. En este marco, instó a que los servicios de inteligencia se concentren en la desarticulación de organizaciones criminales con raíces sociales y la intervención en redes delictivas más amplias.
Respecto a la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el primer ministro recordó su inclusión en el paquete de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, aclarando que esta transformación no implica despidos, sino la reconversión hacia una estructura institucional más jerarquizada, eficiente y disciplinada.
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Álvarez afirmó que “la corrupción del INPE es una corrupción cierta, real, que ha generado el traslado de docenas de reos de alta peligrosidad a Yanamayo para tratar de convertir a Lurigancho en un penal de reos primarios o de reos de poca peligrosidad”.
Álvarez Miranda consideró que los internos de máxima peligrosidad, aquellos con capacidad comprobada para sostener organizaciones delictivas desde prisión, deben ser ubicados en cárceles de máxima seguridad al interior del país, bajo estrictos controles y supervisión constante para impedir que continúen operando desde el encierro.