Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, oficializó este 6 de enero la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público. La medida abarca a cuatro grupos: Lava Jato, Cuellos Blancos, Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y Víctimas en las protestas del 2022 - 2023 (Eficavip). Esta decisión redefine la estructura interna de la Fiscalía y genera preocupación sobre el futuro de investigaciones complejas que involucran a figuras clave de la política y la justicia en el país.
El Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 tras la confesión de Odebrecht sobre el pago de cerca de USD 30 millones en sobornos, logró la condena de tres expresidentes y presentó unas 30 acusaciones, siete de ellas con sentencia en primera instancia. Otros equipos, como Eficcop y Eficavip, abordaban casos de corrupción en los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, y muertes en protestas sociales.
Entre los procesos más avanzados figuran el de la Carretera Interoceánica Sur, Ecoteva, Partido Nacionalista, Metro de Lima y casos que ya se encontraban en etapa de juicio oral o control de acusación. Además, las investigaciones por corrupción judicial en Cuellos Blancos alcanzaban a jueces, fiscales y empresarios, entre ellos el propio Tomás Gálvez.
¿Cómo afecta la desactivación de los equipos especiales a las investigaciones en curso?
Desde la jefatura del Ministerio Público se aseguró que los casos continuarán bajo responsabilidad de las fiscalías especializadas, con criterios de jerarquía y control institucional. Las investigaciones afectadas incluyen procesos emblemáticos como los de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Keiko Fujimori, Susana Villarán y los expedientes por la presunta red de corrupción judicial conocida como Cuellos Blancos del Puerto.
No obstante, el jurista José Ugaz advirtió que la desactivación de los equipos especiales genera incertidumbre sobre la continuidad de las colaboraciones eficaces ya pactadas y en negociación, pues los colaboradores quedan sin interlocutores claros ni jefes de equipo con capacidad de decisión. Destacó que esta situación podría poner en peligro acuerdos fundamentales para el esclarecimiento de delitos complejos, especialmente en investigaciones de corrupción y crimen organizado donde la cooperación internacional y la gestión estratégica resultan esenciales.
A este panorama se suma la preocupación expresada por la exprocuradora Silvana Carrión, quien remarcó la importancia de contar con fiscales dedicados exclusivamente a estos casos. Sostuvo que trasladar las investigaciones a despachos ordinarios, sin personal especializado ni experiencia acumulada, podría ralentizar los procesos y afectar la obtención de resultados concretos. Además, cuestionó la falta de criterios técnicos y la oportunidad de la medida, señalando que se produce en pleno año electoral, cuando varios políticos investigados buscan competir por cargos públicos.
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez lamentó que la medida no precise el destino de las carpetas ni el futuro de los fiscales que encabezaban las investigaciones. “No existe claridad sobre qué fiscal se hará cargo de casos en etapas críticas, como el de Susana Villarán”, expresó. También advirtió que la transferencia de expedientes a nuevas coordinaciones podría provocar retrasos, pérdida de información clave y dificultades para sostener las acusaciones en los juicios en curso.