Una nueva disputa sacude el transporte turístico en Machu Picchu tras la denuncia del alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, quien advirtió sobre irregularidades en la flota de buses que opera en la ruta Hiram Bingham y cuestionó el rol de la empresa Consettur, a la que calificó como “un monopolio” amparado por entidades estatales.
Así lo sostuvo en una entrevista transmitida por Exitosa Noticias, donde describió un escenario de confrontación legal, presiones políticas y obstáculos administrativos que, según sus palabras, impiden la competencia y el ingreso de nuevos operadores en el servicio de transporte hacia la ciudadela inca.
Vera Gallegos remarcó que Consettur mantiene una posición de dominio en la ruta turística, operando bajo la protección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros órganos estatales.
El alcalde explicó que la municipalidad de Urubamba decidió declarar la nulidad del contrato con la empresa San Antonio de Torontoy, que había sido seleccionada para prestar el servicio durante cuatro meses, debido a observaciones técnicas sobre la cantidad y condiciones de los vehículos ofertados.
El funcionario puntualizó que “no es que es una resolución, es una nulidad de contrato”, y detalló que la decisión responde a irregularidades detectadas durante la fiscalización, como la falta de título habilitante, la ausencia de la Tarjeta única de Circulación (TUC) y la presencia de SOAT vencido en casi el 80% de las unidades.
“Ese día determinado el internamiento de dos vehículos a nuestro depósito municipal, pero hemos recibido una obstrucción por parte de Perú Rail”, afirmó Vera, señalando además la falta de colaboración de la fiscalía y el Ministerio Público.
Consettur y la protección estatal
El alcalde sostuvo que Consettur continúa operando la ruta hacia Machu Picchu amparada en un acuerdo de compromiso gestionado por la PCM, pese a que la municipalidad provincial no participó en dicho convenio entre empresas privadas. Según relató, los buses de San Antonio de Torontoy permanecen varados debido a barreras burocráticas y acciones de Consettur y de otras entidades, lo que ha impedido su ingreso efectivo al servicio.
De acuerdo a la versión recogida por Exitosa Noticias, la empresa sancionada tampoco pudo revertir la nulidad del contrato a través de un procedimiento administrativo, aunque el propio alcalde reconoció que existe la posibilidad de un reclamo legal.
“No es porque no me gusta San Antonio o estoy favoreciendo a Consettur”, declaró, agregando que la municipalidad ha sido objeto de denuncias por omisión de funciones y colusión agravada, en el marco del conflicto.
Presiones y soledad institucional
Ronald Vera Gallegos enfatizó en la entrevista que enfrenta presiones judiciales y políticas por enfrentar a un “poder económico” que, en sus palabras, ha logrado consolidarse en la ruta hacia Machu Picchu. El alcalde señaló: “Definitivamente me siento solo. Hemos sido abandonados por el Estado, porque realmente no ha habido ese apoyo de Estado a Estado”.
En ese sentido, describió cómo las solicitudes de auxilio a la Policía Nacional y al Ministerio Público no recibieron respaldo para retirar los vehículos de Consettur.
El funcionario puntualizó que la autoridad provincial tiene competencia exclusiva sobre el transporte en la ruta, pero la existencia de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico y la necesidad de informes vinculantes de diversas entidades nacionales retrasan todos los procesos de licitación. “Si por nosotros sería, créeme que la concesión saldría en un mes”, apuntó, mientras relataba las trabas administrativas que enfrentan.
Cifras del monopolio
Uno de los datos más relevantes aportados durante la entrevista fue el cálculo de los ingresos que percibe Consettur por la operación de la ruta. El alcalde de Urubamba afirmó que la empresa recauda 110 millones de soles al año, lo que equivale a más de 3.000 millones de soles en tres décadas. “Cada bus, mensualmente, se lleva 250.000 soles”, sostuvo Vera Gallegos.
Sobre la estructura de la empresa, mencionó que está conformada por tres matrices: Pachacútec, Huayna Picchu y Tramuza, con un estimado de hasta cien personas como socios principales, mientras que el resto son coasociados que reciben menores beneficios.
El alcalde cuestionó la supuesta representación de las comunidades locales por parte de Consettur, señalando que “usted va a ir a las comunidades de Machu Picchu (…) son comunidades olvidadas, no hay inversión”.
El futuro del transporte
Durante la entrevista con Exitosa Noticias, Ronald Vera Gallegos anunció la apertura de un nuevo proceso de licitación para elegir a la empresa que prestará el servicio de transporte en la ruta CU 108 hacia Machu Picchu. Según lo declarado, el proceso se comunicaría a la Unidad de Gestión de Machu Picchu y las bases se publicarán el 9 de enero, con la expectativa de contar con una empresa ganadora a fin de mes.
El alcalde anticipó posibles resistencias si una empresa distinta a Consettur resulta seleccionada, dado el apoyo social y la influencia acumulada por la compañía en la zona. “Lamentablemente, yo no puedo ni direccionar porque una licitación pública como su nombre es licitación pública”, afirmó, y agregó que todas las empresas interesadas, incluidas las investigadas, tienen derecho a postular.