El asesinato de tres personas al interior de una bocamina en la provincia de Pataz no solo volvió a poner en evidencia la violencia asociada a la minería ilegal, sino que abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la minera Poderosa. El alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, centró sus críticas en la presunta omisión de la empresa al no comunicar de manera inmediata el hecho a la Fiscalía, pese a que —según el propio comunicado de la minera— el ataque habría ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre.
El burgomaestre expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y exigió celeridad a las autoridades. “Mis condolencias y mi solidaridad con las familias que quedan después de estas tres personas asesinadas”, señaló en entrevista con Buenos Días Perú. Asísmimo, aclaró que corresponde a la Policía y al Ministerio Público determinar quiénes están detrás del ataque y la identidad de los fallecidos.
En ese sentido, apuntó directamente a la actuación de la empresa minera. “La pregunta es: si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué se esperó tanto?”, sostuvo Mariños, al recordar que la información recién se hizo pública la noche de ese mismo día. El alcalde fue más enfático al poner en duda el cumplimiento de los protocolos legales: “Yo quisiera preguntar en qué momento comunicaron a la Fiscalía, si esto ocurrió en la madrugada del 31. ¿En qué momento comunicaron a la Fiscalía?”.
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Según relató, durante todo el 31 de diciembre no se registró la presencia del Ministerio Público en la zona y, incluso, al mediodía del 1 de enero, la Fiscalía aún no había llegado al lugar de los hechos.
“Tengo entendido que todo el 31 no llegó la Fiscalía. El primero ya era mediodía y tampoco llegaba la Fiscalía”, insistió.
Un estado de emergencia sin resultados visibles
Las críticas del alcalde no se limitaron al rol y la versión de la minera. En su balance, el estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz ha demostrado ser ineficaz frente al avance del crimen. Mariños recordó que el Gobierno central destinó más de 55 millones de soles y desplegó a más de mil efectivos policiales, sin que ello se traduzca en una reducción real de la violencia. “El resultado es esto: tres personas asesinadas antes de terminar el año”, afirmó.
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Para el alcalde, las medidas excepcionales han terminado afectando más a la población civil que a las organizaciones criminales. “No funciona el estado de emergencia, no funciona el toque de queda, no han funcionado los cincuenta y cinco millones que destinaron”, sostuvo, al detallar que agricultores, comerciantes y docentes enfrentan restricciones para movilizarse y cumplir con sus actividades diarias.
Mariños recordó que solo en 2025 se registraron 52 asesinatos en la provincia y que, a nivel regional, La Libertad cerró el año con 276 homicidios, apenas uno menos que en 2024. “¿De qué resultados podemos hablar de tener tanto tiempo a un pueblo en estado de emergencia y los resultados son no favorables?”, cuestionó.
Reclamos al Gobierno central
El atentado en la bocamina también reavivó el malestar del alcalde por lo que considera una cadena de compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo. Mariños recordó que, tras una caminata de más de mil kilómetros, se instalaron mesas de diálogo en Palacio de Gobierno para abordar la inseguridad y las demandas específicas de Pataz. Entre sus pedidos figuraban la reestructuración de la Policía Nacional, la rotación de efectivos y cambios en el INPE. “El presidente tomó apuntes y hasta ahora no veo esa iniciativa de esos cambios que se le pidió”, afirmó.
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Mariños también advirtió que cualquier llegada del presidente José Jerí a la zona debe ser con presencia en el territorio y no limitada a reuniones con grandes empresas. “Si va a visitar Pataz, tiene que llegar al pueblo, porque el pueblo quiere ser escuchado, el pueblo quiere ser atendido”, remarcó.