La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó inhabilitar por 10 años al exministro del Interior de Pedro Castillo, Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. Este mismo día, el Poder Judicial lo encontró culpable por conspiración para rebelión, con una pena de más de 11 años de cárcel.
Este fue uno de los pendientes que tiene el Parlamento en cuanto a control político. El próximo miércoles 3 de diciembre decidirán si la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, corre el mismo camino.
A las 10:00 horas de esa fecha, la Comisión Permanente verá el informe final sobre la Denuncia Constitucional 528, en su contra, en su condición de fiscal suprema. Además de la inhabilitación por 10 años, también podría ser acusada por la comisión de los siguientes delitos: de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Esto conllevaría que el fuero sea levantado.
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Luego, a las 16:00 horas, se verá el caso del exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, por ser el presunto autor de delito contra la administración pública (negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo). Finalmente, a las 17:00 horas, se votará el informe final a las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y Betssy Chávez, quien también fueron sentenciados a más de 11 años de prisión.
Extensión de Reinfo
Uno de los temas más urgentes para discutir es la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó esta medida hasta el 31 de diciembre de 2027. El dictamen consiguió 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. Ahora, la decisión se encuentra a manos del Pleno.
El proyecto, respaldado por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú-Bloque Magisterial y Podemos, plantea no solo ampliar el plazo del Reinfo, sino también revisar el estatus de más de 50 mil operadores mineros que fueron excluidos en junio a raíz de inactividad.
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Proyecto de CTS
El Poder Legislativo también deberá realizar la segunda votación respecto al proyecto de ley que aprueba pagos de gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a trabajadores CAS.
La postergación del debate aumentó la incertidumbre entre los trabajadores estatales. El dictamen contempla el otorgamiento de beneficios como gratificación por fiestas y CTS, además de subsidios por sepelio para empleados bajo el Decreto Legislativo 1057.
La principal demanda apunta a una equiparación en los derechos sociales con otros trabajadores del sector público, ya que el régimen CAS actualmente no contempla gratificaciones ni CTS, a diferencia de los regímenes 276 y 728.
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La propuesta concreta en discusión otorgaría un aguinaldo tanto por Fiestas Patrias como por Navidad, cada uno equivalente a una remuneración mensual, replicando el esquema de gratificaciones presente en el sector privado, donde ese monto supera el pago fijo de S/300 establecido en el sector estatal. Por otro lado, el derecho a CTS sería reconocido y liquidado al finalizar la relación laboral, de acuerdo con el salario mensual del trabajador. Hasta la fecha, el Parlamento no ha fijado día para este trámite.
La ley de presupuesto
Este viernes 28 de noviembre el Parlamento decidirá sobre otro tema de gran relevancia: La Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, e integrantes de su gabinete ministerial participaron del segundo día del debate.
Entre los pedidos se encuentra los del sector de la izquierda. José María Balcázar, de la bancada de Perú Libre, solicitó financiar las 20 universidades creadas por la Ley N.° 32461, al señalar que ninguna aparece considerada en la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, considera que cada institución requiere “un promedio de cuatro millones para implementar la comisión organizadora” y garantizar su inicio formal.
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En esa misma línea, Alex Flores, de la Bancada Socialista, solicitó al MEF disponer modificaciones presupuestarias por hasta tres millones de soles para asegurar la implementación inicial de la Universidad Nacional Autónoma Bicentenario del Perú, destinada a Parinacochas y Coracora.