La exmandataria Dina Boluarte compareció ante el tribunal durante la audiencia de apelación sobre el pedido de impedimento de salida del país vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”. En su intervención, negó categóricamente las imputaciones fiscales por presunto lavado de activos y aseguró que su conducta siempre se ha ajustado a la normativa vigente, tanto durante su labor como ministra de Estado como en su gestión presidencial. La exfuncionaria destacó que ha asistido a todas las citaciones del Ministerio Público y que no ha buscado obstaculizar las investigaciones en su contra.
Boluarte precisó que todos sus viajes al extranjero se realizaron con fines oficiales y contaron con la autorización del Congreso, por lo que no deberían considerarse indicios de riesgo procesal. Reiteró que desde su salida del cargo de presidenta permanece en su domicilio de Surquillo y que no tiene planes de viajar fuera del país. “Estoy acá y seguiré acá”, afirmó ante el tribunal.
Defensa ante el tribunal
La exmandataria destacó que su labor durante su gestión se centró en respetar los valores democráticos y las instituciones del país. Señaló que, en cada oportunidad en que fue citada por el Ministerio Público, acudió puntualmente y brindó toda la información requerida. Subrayó que su única participación en la investigación consistió en la apertura de una cuenta mancomunada, sin aportes propios ni registro de fondos de terceros, y que esa acción no constituye evidencia de maniobras ilícitas.
PUBLICIDAD
Asimismo, Boluarte indicó que todos los procedimientos se han realizado de manera transparente y que ha colaborado plenamente en las diligencias de careo. Reiteró que su involucramiento en el caso no se relaciona con actividades fraudulentas y que su conducta siempre ha buscado cumplir con las obligaciones legales y constitucionales, a pesar de la presión que implicó su rol como presidenta.
Viajes oficiales y funciones presidenciales
La exjefa de Estado rechazó los señalamientos fiscales que calificaban sus desplazamientos internacionales como indicio de peligro procesal. Aclaró que todos los viajes fueron realizados en el marco de sus funciones constitucionales y con la aprobación del Congreso. Recordó que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente a la Presidencia de la República y que sus desplazamientos respondieron al cumplimiento de esas responsabilidades.
Boluarte enfatizó que los viajes no deben ser interpretados como un intento de evadir la justicia y que en todos los casos actuó conforme a la normativa vigente. Señaló que cuestionar los desplazamientos oficiales implica desconocer la función de la jefatura del Estado y el respeto a los procedimientos legales que regulan la política exterior peruana.
PUBLICIDAD
Arraigo y vida familiar
La expresidenta subrayó su permanencia en Perú y la estabilidad de su residencia familiar en Surquillo. Rechazó que la situación de su hijo, quien reside en el extranjero, pueda ser utilizada como argumento para un supuesto riesgo de fuga. Señaló que mantener a su familia cercana y disfrutar de la unidad familiar es un derecho legítimo que no compromete su participación en el proceso judicial.
Boluarte agregó que desde que dejó la presidencia se encuentra en su domicilio, descansando tras años de intensa actividad pública. Afirmó que continuará cumpliendo con todas las convocatorias del Ministerio Público y que no tiene intención de abandonar el país. La exmandataria insistió en que su arraigo es sólido y que su vida familiar y profesional está concentrada en Surquillo, donde comparte su tiempo con sus hijos y su entorno cercano.
Evaluación del riesgo procesal
Durante la audiencia, la exmandataria solicitó que no se le impongan medidas restrictivas que limiten su derecho de defensa y movilidad. Recordó que su domicilio es público y conocido, y que ha cumplido con todas las diligencias convocadas por el Ministerio Público sin retrasos ni obstáculos.
PUBLICIDAD
Boluarte también aseguró que los casos que la involucran tienen un trasfondo político y que todos los procedimientos en su contra se iniciaron durante su presidencia. Reiteró que su permanencia en Perú garantiza que no existe riesgo de fuga y que su colaboración con la justicia es plena, lo que refuerza su posición de arraigo y disposición para enfrentar el proceso legal que se sigue en su contra.