La directiva del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) enfrenta una nueva crisis con la reciente notificación de destitución propuesta para el presidente del ente regulador, Rafael Muente, decisión impulsada por la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El hecho ocurre tras meses de cuestionamientos institucionales y una serie de procesos administrativos, sanciones anuladas y aperturas de investigaciones formales a partir de la contratación de un curso de capacitación, situación que múltiples órganos de control ya habían observado y desestimado por falta de pruebas.
De acuerdo con el comunicado publicado por Muente en la red social X, la nueva recomendación responde a un “ensañamiento y persecución” motivados, en sus palabras, por la postura de defensa de la autonomía del regulador frente a intentos previos de intervención política y a su oposición a prácticas que, sostiene, vulneran la institucionalidad del organismo.
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Entre las razones mencionadas por Muente está su firmeza en el bloqueo de líneas móviles vinculadas a extorsión y en frenar la venta ambulatoria de chips, estrategias que han provocado enfrentamientos con sectores políticos y económicos.
El proceso disciplinario contra Muente se inició por la decisión de tomar una capacitación financiada por Osiptel, conducta que, según la PCM, habría infringido la Ley del Servicio Civil. Pese a que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público señalaron que no se acreditaron irregularidades ni delitos, y después de que Servir declaró nula la primera sanción, la PCM reabrió la investigación sobre los mismos hechos.
Esta vez, la imputación fue la “influencia” ejercida para aprobar la capacitación, aunque Muente sostiene que el trámite siguió los procedimientos usuales y que otros funcionarios también participaron sin ser objeto de investigación.
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Durante las investigaciones, Muente fue primero suspendido por 365 días en septiembre de 2024 y posteriormente reincorporado tras la resolución de Servir que anuló la sanción. En mayo de 2025, enfrentó una nueva medida cautelar que lo alejó varias semanas de la conducción efectiva del regulador. En su ausencia, sostiene Muente, se removió a directores y se realizaron designaciones directas bajo el encargo del vicepresidente del Consejo Directivo.
Documentos internos revisados por medios como Gestión indican que el INFORME N° D000001-2025 de la Comisión Ad Hoc planteó que, habiendo acreditado la falta por parte de Muente, se recomiende la sanción de destitución como presidente ejecutivo. El expediente se remitió al órgano sancionador, es decir, la presidencia del Consejo de Ministros, que podrá adoptar o no la sugerencia, abriendo la posibilidad de concretar la salida definitiva del actual titular de Osiptel en las próximas semanas.
Reacción de Rafael Muente
El caso ha puesto de relieve las tensiones en torno a la autonomía de los organismos reguladores en Perú. En sus declaraciones públicas, Muente acusa que la secuencia de sanciones, cautelares y el procedimiento en marcha tienen el propósito de facilitar el “control político” del ente responsable de supervisar y regular el sector de telecomunicaciones.
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Afirma que la desvinculación de buena parte del equipo directivo durante su alejamiento evidencia un cambio radical en la tradición meritocrática del Osiptel, con reemplazos rápidos y designaciones “a dedo” en cargos clave. “La cultura meritocrática que caracterizaba al Osiptel está en riesgo”, sostiene Muente, quien ha reiterado en varias ocasiones que sus acciones buscaron proteger los principios técnicos y la intervención efectiva contra las fuentes de extorsión asociadas a la venta irregular de líneas móviles, cuestión central en la estrategia para frenar delitos como el sicariato y la estafa por telefonía.
En su mensaje a la opinión pública, Muente señala: “No me callarán. La verdad siempre prevalece y en algún momento saldrá a la luz los intereses oscuros que hay detrás. No desmayaré, seguiré defendiéndome no solo para hacer valer mis derechos sino sobre todo, para resguardar la institucionalidad del Osiptel”.