Más de S/2.600 millones en bienes y materiales vinculados a la minería ilegal han sido incautados o destruidos en Perú en lo que va del año, como resultado de 737 operativos de interdicción ejecutados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio Público.
Esta cifra, que supera ampliamente el monto registrado en el mismo periodo de 2024, refleja la magnitud de la respuesta estatal frente a una de las principales amenazas ambientales y sociales del país, con regiones como Madre de Dios, La Libertad, Amazonas, Ucayali, Loreto y San Martín entre las más afectadas.
De acuerdo con la PCM, los operativos realizados hasta la primera quincena de septiembre de 2025 permitieron decomisar bienes y materiales por un valor estimado de S/2.604.944.201,50, frente a los S/2.239.086.809,00 incautados en el mismo lapso del año anterior.
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Aunque el número de intervenciones presenta una ligera disminución respecto a 2024 (737 frente a 745), el valor de los bienes incautados evidencia un incremento. Madre de Dios encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de intervenciones (193), seguida por La Libertad (88), Amazonas (56), Ucayali, Loreto (34) y San Martín (39).
En términos de valor económico, los mayores decomisos se registraron en Madre de Dios (S/800.855.949,00), La Libertad, Cajamarca (S/246.658.850,00), Arequipa (S/292.555.740,00) e Ica (S/482.636.457,00).
La PCM subraya que estas acciones se desarrollan bajo el liderazgo de la PNP y en estrecha coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público.
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El Gobierno sostiene que estos resultados reafirman su determinación de intensificar la lucha contra la minería ilegal, proteger los ecosistemas y salvaguardar la seguridad de las comunidades expuestas a redes de crimen organizado.
“Con estos resultados, el Gobierno reafirma su compromiso de intensificar la lucha contra la minería ilegal, proteger el medio ambiente y salvaguardar la seguridad de las comunidades expuestas al crimen organizado”, destacó la PCM.
Impacto ambiental y contaminación por mercurio
El Ministerio del Ambiente (Minam) advierte que la minería ilegal ha provocado la pérdida de 100 mil hectáreas de bosques en Perú, con consecuencias directas sobre las fuentes de agua que abastecen a comunidades amazónicas y rurales.
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Yury Pinto, director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Minam, explicó, durante su ponencia en el Foro del Agua de PERUMIN 37, que el problema trasciende la deforestación, ya que la actividad minera ilegal contamina los ríos con mercurio y destruye ecosistemas fundamentales para la seguridad hídrica nacional.
Detalló que, en las últimas dos décadas, más de 3.000 toneladas de mercurio han sido vertidas en los ríos del país, con un promedio anual de 27 toneladas solo en Madre de Dios.
Esta contaminación afecta no solo el agua, sino también la pesca y la biodiversidad, y el mercurio ya se encuentra presente en la cadena alimentaria y en los cuerpos de las personas. “La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país”, advirtió el funcionario.
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Consecuencias sociales y sanitarias en comunidades indígenas
El impacto social y sanitario de la minería ilegal se manifiesta con especial gravedad en las comunidades indígenas de la Amazonía. En junio, representantes de diez comunidades amazónicas acudieron a Lima para denunciar ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la insuficiencia de la respuesta estatal frente a la expansión de la minería ilegal, acusando al Estado peruano de incumplir acuerdos regionales vigentes desde 2012.
Jhonny Huaymacari Yuyarima, líder del pueblo indígena Ikito y portavoz de 33 comunidades de la cuenca del río Nanay, alertó sobre la magnitud de la contaminación por mercurio en la población y en la fauna acuática local.
Estudios realizados por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt corroboran la gravedad de la situación. En un análisis de cabello realizado a 273 residentes de seis comunidades ribereñas, el 79% superó el límite de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mercurio, con niños menores de 4 años registrando valores hasta seis veces superiores a lo permitido.
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Mientras el Gobierno resalta los avances en incautaciones y operativos, las comunidades indígenas insisten en que la respuesta estatal resulta insuficiente para frenar la expansión de la minería ilegal y proteger la salud y el entorno de quienes habitan la Amazonía. El Minam coincide en que la sostenibilidad del país está en riesgo, y los líderes indígenas demandan acciones más contundentes y sostenidas.