El acceso gratuito al título de propiedad ha generado un cambio profundo en la vida de numerosos sectores urbanos vulnerables en Perú. Gracias a esta política estatal, miles de familias han logrado convertir terrenos ocupados de manera informal en propiedades legalmente reconocidas, lo que abre la puerta a mejores oportunidades y mayor seguridad jurídica.
Esta estrategia, implementada por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) e impulsada por el Estado peruano, busca asegurar la inclusión social y convertir la tenencia formal de la tierra en una posibilidad efectiva para quienes cumplen los requisitos establecidos.
Excepciones a la formalización gratuita
La formalización de la propiedad a través de Cofopri es gratuita en la mayoría de casos, pero existen situaciones específicas en las que los beneficiarios deben asumir el costo del trámite. Estas excepciones se aplican en los siguientes escenarios:
- Terrenos con fines económicos: cuando los lotes se destinan a actividades comerciales, industriales, artesanales, agroindustriales u otros usos similares.
- Predios de gran extensión: cuando las viviendas superan los 300 metros cuadrados, se paga por cada metro adicional.
- Propietarios de otro inmueble: quienes ya poseen una propiedad registrada a nivel nacional quedan excluidos del beneficio.
Requisitos y proceso de titulación masiva
El proceso de titulación masiva y gratuita, liderado por Cofopri —organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento—, está diseñado para que el acceso a la propiedad formal sea justo y equitativo. Las familias interesadas en obtener este beneficio deben demostrar ocupación directa, continua, pacífica y pública del terreno desde antes del 31 de diciembre de 2015. Esta condición es válida para residentes en asentamientos humanos, pueblos jóvenes, centros poblados, caseríos y contextos similares.
La formalización de predios urbanos en Perú se realiza de manera masiva y no requiere la presentación de una solicitud para iniciar el trámite. Este enfoque ha permitido la regularización de la tenencia en amplias zonas urbanas marginales, facilitando a muchas familias la obtención de títulos de propiedad sin incurrir en gastos.
El resultado de esta política ha sido un impulso significativo a la inversión en infraestructura y servicios básicos en los sectores beneficiados, lo que contribuye directamente al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. De esta manera, la formalización gratuita de la propiedad se consolida como una herramienta clave para la inclusión y el crecimiento de las zonas urbanas más necesitadas del país.
10 años en un terreno y accederás a título de propiedad
El anhelo de contar con una vivienda o un terreno propio es compartido por miles de peruanos. Para quienes han ocupado un predio de manera continua durante más de diez años, existe la posibilidad de acceder a un título de propiedad gracias al proceso de regularización impulsado por el Cofopri. Esta entidad, ha establecido un procedimiento simplificado y de alcance masivo para brindar seguridad jurídica a las familias.
El mecanismo, conocido como prescripción adquisitiva de dominio, permite reconocer la propiedad a quienes han ocupado terrenos privados de forma pacífica, pública y prolongada, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ley. Con esta medida, se busca integrar a miles de familias a la formalidad, otorgándoles documentos legales que validan su derecho sobre la tierra que habitan.
Para poder acceder a este programa de titulación, los solicitantes deben cumplir con ciertas condiciones esenciales que se deben cumplir para acceder al beneficio:
- Ocupación comprobada del terreno durante más de 10 años, sin interrupciones ni reclamos de terceros.
- Declaración jurada que certifique la inexistencia de acciones judiciales en contra del poseedor.
- Empadronamiento de los ciudadanos que habitan el terreno, con al menos el 50% de los ocupantes registrados en la solicitud.
- Medios probatorios que respalden la posesión, como testimonios de vecinos, recibos de servicios básicos, documentos de pago de tributos, entre otros que acrediten la antigüedad de la ocupación.