El grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), protagonista del mayor escándalo de abusos en la Iglesia Católica peruana, aún no ha firmado la recepción del decreto de su disolución ordenado por el papa Francisco el 14 de enero, por lo que, legalmente, la entidad sigue activa.
Según un informe publicado este martes por el diario El País, tanto el Sodalicio como el Movimiento de Vida Cristiana (MVC), que pertenece a la llamada familia sodálite, continúan resistiendo la disolución, a pesar de que otras ramas, como las Siervas del Plan de Dios y la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR), ya han aceptado la supresión.
El abogado José Ugaz, que representa a seis víctimas no indemnizadas, afirmó en una carta enviada al Vaticano que la posible intención del SVC es ganar tiempo para extraer todo lo posible del patrimonio de la organización antes de su disolución. La misiva, enviada a la Santa Sede el 24 de marzo, advierte que el Sodalicio está maniobrando para vaciar la entidad de bienes y fondos, ya que, una vez disuelta y bajo la administración del Vaticano, sus responsables perderían acceso a esos recursos.
“Aún son muchas las víctimas de este grupo que no han sido reparadas por los abusos sufridos por los directivos de esta organización”, lamentó Ugaz en diálogo con el medio español e instó a la Santa Sede a tomar medidas para detener la posible fuga de dinero y garantizar que los afectados sean indemnizados.
El SVC admitió en enero haber atendido a al menos 83 víctimas de abusos sexuales y psicológicos desde 2016, aunque las investigaciones elevan la cifra a más de un centenar. Según la organización, ya se han pagado 5,3 millones de dólares (equivalentes a 5 millones de euros) en indemnizaciones.
“La información que tenemos es que las personas que deciden en el Sodalicio están haciendo gestiones, estructuración societaria y movimientos de dinero para poner a buen recaudo el capital de sus negocios para que no puedan ser afectados en caso de que prosperen medidas judiciales”, agregó Ugaz.
Por su parte, responsables del Sodalicio en Perú contactados por El País rechazaron las acusaciones y negaron que estén retrasando la aceptación del decreto. “La definición de la fecha de intimación del decreto de supresión del Sodalicio es responsabilidad del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, no depende del superior general del Sodalicio”, indicaron.
“El superior general ha tenido reuniones con monseñor Jordi Bertomeu [el comisario apostólico nombrado por el Papa para liquidar la entidad] desde que recibimos la noticia de supresión, donde se ha dialogado sobre la mejor manera de llevar a cabo este proceso. No hay de parte de las autoridades del Sodalicio alguna intención de dilatar la supresión de nuestra comunidad, y nos mantenemos en total disposición de obedecer las decisiones del Papa Francisco. Finalmente, negamos rotundamente afirmaciones difamatorias sobre el mal manejo de nuestro patrimonio”, agregaron.
En la carta dirigida a altos funcionarios del Vaticano, Ugaz describe cómo el Sodalicio ha ocultado gran parte de su patrimonio a través de sociedades privadas dirigidas por personas cercanas a sus líderes, empleando testaferros y prestanombres.
Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores de Mitad monjes, mitad soldados, han estimado en mil millones de dólares la fortuna de la organización, que incluye inversiones en sectores como el inmobiliario, industrial, minero y agropecuario. Las investigaciones previas indican que el SVC ha desviado fondos a paraísos fiscales en Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos.
El sacerdote Jaime Baertl, expulsado por Francisco en octubre de 2024, es señalado como el principal responsable de este imperio económico, que comenzó con un negocio de cementerios privados. Según Ugaz, estos cementerios, valorados en millones de dólares, fueron transferidos a un fideicomiso en 2020 con el fin de evitar que esos bienes se usaran para indemnizar a las víctimas de abusos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cercano al Sodalicio, es señalado como propietario de la empresa titular del fideicomiso.
La investigación también ha revelado la constitución de varias empresas en paraísos fiscales, algunas de las cuales operan bajo nombres como Providential INC, Foundation Santa Rosa y Christ in the City.
Encubrimiento
El cardenal Juan Luis Cipriani, acusado de ocultar las denuncias de las primeras víctimas de abusos del Sodalicio en 2015, enfrenta una denuncia por abuso sexual. En 2019, el pontífice lo obligó a renunciar a su cargo, aunque en ese momento no se reveló la razón de su salida.
El primer cardenal del Opus Dei ha defendido su inocencia y criticó a Francisco por imponerle un precepto penal que le obliga a exiliarse y no vestir hábitos cardenalicios. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) apoyó a la víctima y la decisión papal. Cipriani envió una carta solicitando una rectificación, pero los obispos respondieron que, aunque tiene derecho a defender su inocencia, debe respetar el precepto penal impuesto por el Papa y mantener la “caridad pastoral”.