Manuel Merino de Lama, quien asumió la presidencia por un breve periodo de seis días en noviembre de 2020, insiste en que su salida se debió a un plan concertado por los denominados ‘caviares’, quienes en la actualidad buscarían lo mismo contra la mandataria Dina Boluarte. En entrevista con Correo, no solo responsabilizó sin pruebas a distintos personajes de estar detrás de su rechazo, sino que las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas durante las protestas que marcaron el fin de su mandato, fueron “sembradas”.
Pese a la fuerza de sus palabras, que dejan entrever que los fallecidos fueron parte de un supuesto plan para desestabilizar su gobierno, aclaró que con ‘sembrar’ se refiere a la falta de indagación por parte de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Según Merino, el accionar del Ministerio Público permitió que se difundieran acusaciones infundadas contra su gestión. “Si se hubiera hecho la investigación adecuada, habríamos encontrado a los verdaderos responsables”, sostuvo.
Sobre las personas interesadas en su salida, si bien apuntó directamente contra Martín Vizcarra, Partido Morado, Juntos por el Perú y parte de Perú Libre, también culpó a barristas y personajes como Paolo Guerrero por pedir su renuncia. “Ellos crearon un clima de zozobra en la ciudadanía. Fue un plan concertado para atacar al gobierno constitucional que me tocó asumir. Las barras de Universitario y de Alianza Lima, que salieron a marchar durante ese tiempo, no se mueven por ningún interés genuino. Hubo algún interés quizá económico. Puedo hablar de muchos personajes como Paolo Guerrero que tuiteaban pidiendo mi renuncia”, mencionó.
“Había demasiados intereses en juego, y lamentablemente, el empresariado se acomodó a su conveniencia. Se sumaron y esos fueron los resultados. Lástima por el Perú porque luego vino todo lo que estamos viviendo hoy”, agregó.
En esa línea, opinó que existe un aprovechamiento indebido en la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, y otros artistas extorsionados, que motivó la masiva manifestación convocada para el 21 de marzo. “Cuando yo era presidente, también tuiteaba y decía ‘Merino asesino, Renuncie ya’”, recordó.
Cabe mencionar que el asesinato del integrante de la conocida agrupación se dio en medio del incremento de criminalidad que motivó los cuestionamientos y censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Lejos de las motivaciones políticas, lo cierto es que la data oficial evidencia la inacción por parte de las actividades. De acuerdo a cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 18 de marzo de 2025, se han reportado 475 homicidios en todo el país. Esto refleja que cada cuatro horas se registra una víctima en Perú.
Los datos recopilados por Sinadef muestran que solo en los dos primeros meses de 2025 se registraron 368 asesinatos, una cifra que supera ampliamente los registros de periodos similares en años anteriores. Este aumento en los homicidios refleja una tendencia preocupante que parece estar vinculada al auge del sicariato y el crimen organizado, fenómenos que han ganado terreno en diversas regiones del país.
El desglose de las cifras revela que Lima lidera la lista de homicidios con 160 casos reportados, seguida por La Libertad con 49 y Callao con un número significativo de incidentes. Estas regiones, que concentran gran parte de la actividad económica y social del país, se han convertido en escenarios recurrentes de actos violentos que afectan tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.
Estado de emergencia: una medida insuficiente
El estado de emergencia decretado en Lima y Callao busca combatir la inseguridad mediante el despliegue de fuerzas policiales y militares en las calles. Sin embargo, los resultados iniciales han sido desalentadores. En las primeras 24 horas de su aplicación, se registraron 15 homicidios en distintas regiones del país, lo que pone en duda la efectividad de esta medida para reducir los índices de criminalidad.
La persistencia de los homicidios, incluso bajo el estado de emergencia, evidencia la magnitud del problema y la necesidad de adoptar estrategias más integrales y sostenibles. Expertos en seguridad han señalado que, además de las acciones represivas, es fundamental abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que alimentan el crecimiento del crimen organizado.