Hace algunas semanas, más de 20 mil personas de 190 países se reunieron en la ciudad de Cali, Colombia, para participar en la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad (COP16), un espacio mundial destinado a establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y promover su uso sostenible.
Un tema clave de discusión durante estos días fue la necesidad de enfrentar las actividades extractivas ilegales, cuya proliferación viene ocasionando pérdidas históricas de los bosques de nuestra Amazonía, además de contaminar los ríos y afectar la salud de las personas debido al uso de mercurio en la minería ilegal.
Un anuncio importante fue la presentación, por parte del gobierno de Colombia, de una declaración para un acuerdo internacional que aborde la cadena de trazabilidad de minerales críticos para la transición energética, así como de otros minerales, como el oro. Este acuerdo busca que los Estados, tanto exportadores como importadores, se comprometan a cumplir con los estándares internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos, además de impulsar iniciativas en ese mismo sentido. Esperamos que Perú respalde pronto esta iniciativa.
Asimismo, organizaciones de Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos presentaron un documento de política con siete recomendaciones para combatir la minería ilegal en la Amazonía, que confiamos sea considerado por el Gobierno Peruano.
Congreso peruano: ¿Apoyo o impunidad para la minería ilegal?
En una especie de mundo paralelo, durante esos mismos días, el Congreso de la República de Perú continuaba avanzando en su decidida tarea de favorecer la minería ilegal en nuestro país, al buscar ampliar hasta el 2027 el proceso de formalización minera.
¿Por qué esto es un problema? Si tomamos en cuenta que la primera ley de formalización minera data del año 2002, estaríamos frente a un proceso de 25 años de duración. Y si consideramos la creación del Registro de Formalización Minera (REINFO) en 2016, para el año 2027 nos encontraríamos con mineros que habrían pasado más de 10 años “buscando” ser formales.
Más allá del tiempo, analicemos los números: de los 84 mil mineros registrados en el REINFO, solo 18 mil mantienen su inscripción vigente, mientras que 66 mil están suspendidos por no haber cumplido con los requisitos exigidos para la formalización. Es en este grupo donde se camuflan mineros ilegales, y al ampliar la vigencia del REINFO, el Congreso continúa protegiendo a estos grupos que depredan y contaminan los ríos y bosques de la Amazonía peruana. Esto, además, desincentiva a quienes sí están encaminados hacia la formalización.
Inoperancia estatal y estructuras criminales
Son muchas las razones detrás del fracaso del proceso de formalización minera, que, en lugar de cumplir su objetivo, se utiliza como un manto de impunidad para la ilegalidad. Esta no solo contamina, sino que también asesina, trafica mujeres y niños, y genera graves daños a la salud. Sin embargo, estas razones pueden resumirse en un problema conocido: la inoperancia del Estado.
La situación actual nos alerta de que no solo estamos frente a un Estado ineficiente, sino ante instituciones públicas que han sido cooptadas por estructuras criminales.
El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que aún no ha cruzado esa barrera. El pasado 5 de noviembre, los magistrados del TC escucharon los argumentos de las partes sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de este año. Ahora deben votar, y con ello podrían poner fin (o al menos un freno) a los intereses de un grupo de congresistas, o bien dar un nuevo impulso a una de las actividades delictivas que más daño le hace a nuestro país.
Más allá del TC: La necesidad de un cambio integral
El problema no terminará con la decisión del TC, sea esta favorable o no. Si bien representa un hito, se requiere una decisión real por parte del Gobierno. Esto implica aplicar estrategias integrales que aborden las causas estructurales que permiten las actividades ilegales, mitigar sus impactos ambientales mediante estrategias de remediación y restauración que involucren a las comunidades locales y rescaten saberes ancestrales, sancionar a quienes se vinculen directa o indirectamente con la actividad ilegal, y fortalecer la articulación entre los diferentes operadores de justicia para atacar la convergencia de delitos.
Asimismo, es indispensable impulsar un cambio cultural en los sistemas judiciales, destacando la importancia de sanciones efectivas en materia penal ambiental.
Por último, todo esto debe ir acompañado de planes de trabajo transfronterizos que permitan construir sistemas regionales de interoperabilidad de información y protocolos de intervención conjunta.