La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado debatirá este miércoles 12 de junio un predictamen que propone la incorporación de un nuevo artículo en el Decreto Legislativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Este cambio busca reformar la conformación del Consejo Directivo del IRTP, incluyendo representantes del Congreso y del Poder Judicial, además de los actuales representantes del Ejecutivo.
La propuesta ha generado controversia debido a las implicaciones que podría tener en la libertad de expresión y la independencia de una institución clave en la difusión de información. Sin embargo, la inclusión de representantes políticos en el directorio del IRTP ha sido calificado como una posible intromisión en competencias ajenas, por la congresista Ruth Luque, miembro de la bancada Cambio Democrático.
Según el texto del proyecto, se pretende fomentar la pluralidad y la idoneidad en la conformación del Consejo Directivo del IRTP, incluyendo a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial.
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El documento establece que los miembros del Consejo Directivo deben ser profesionales calificados, con reconocida experiencia en funciones públicas y conocimientos en aspectos informativos, educativos y culturales. Asimismo, se especifica que no podrán formar parte del consejo aquellos con sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de delitos dolosos o con inhabilitación administrativa o judicial.
¿Qué está pasando al interior del IRTP?
Ninoska Chandía, presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, enfrenta una solicitud de diligencias preliminares de la Procuraduría Pública Especializada por presunta promoción indebida de la universidad de César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP).
La solicitud, dirigida a la fiscalía provincial corporativa en delitos de corrupción, señala posibles irregularidades en la gestión de IRTP. Se acusa a Chandía de usar recursos públicos para grabar spots publicitarios en beneficio de una universidad privada, algo que podría afectar la administración pública y el uso adecuado de bienes del Estado.
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El documento oficial recomienda recopilar información documental, declaraciones testimoniales y otras actuaciones pertinentes para esclarecer los hechos. La controversia se inició tras la difusión de un spot donde Chandía se presenta como profesional y menciona que cursa su tercera carrera en la Universidad César Vallejo. Este material ha generado críticas por su posible uso inadecuado de recursos estatales.
Abogados penalistas como Andy Carrión y Joel Córdova han ofrecido su opinión al respecto. Carrión señaló que la acción de Chandía podría configurar un delito de peculado doloso, que conlleva penas de prisión de cuatro a ocho años. Córdova, por su parte, instó al Ministerio Público a actuar de oficio debido a la gravedad de las acusaciones.
El nombramiento de Chandía como presidenta de IRTP generó preocupación debido a su relación cercana con la presidenta Dina Boluarte. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho presidencial, lo que ha generado dudas sobre la independencia del IRTP bajo su dirección.
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