La incansable lucha de la familia de Pedro Huilca por encontrar justicia a 31 años de su asesinato

En el año 1992, Perú atravesaba uno de los momentos más difíciles y violentos de su historia reciente. Los sindicatos y entidades sociales se veían acosados por constantes amenazas e intimidaciones en el contexto de un conflicto armado interno que asolaba al país durante el primer mandato del que luego sería calificado como exdictador, Alberto Fujimori. En medio de estas circunstancias turbias, el homicidio de Pedro Huilca Tecse, ocurrido el 18 de diciembre, acaparó los titulares de la prensa, destacando especialmente quiénes fueron los responsables del atroz acto.

Pedro Huilca, quien para entonces se encontraba en el cargo de secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se había establecido como un blanco claro e incómodo, tanto para el Gobierno de Fujimori Fujimori como para los miembros remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta incomodidad llevó a que se levantaran, a lo largo de los años, una serie de suspicacias respecto al responsable de su muerte.

Aquel 18 de diciembre de 1992, mientras el sindicalista cuzqueño se disponía a salir de su domicilio en Los Olivos, fue víctima de un tiroteo que acabó con su vida. La responsabilidad inicial fue atribuida al un grupo de miembros terroristas senderistas, el hecho incluso fue publicitado por periódico “El Diario”, en el que se adjudicaron la muerte de Huilca con motivo del centenario de Mao Tse Tung.

No obstante, el hecho que parecía claramente uno más de los ataques perpetrados por el terrorismo de esos años se tornó más confuso cuando, un día después de perpetrado el asesinato, su esposa Martha Flores Gutiérrez denunció como responsables de los hechos que acabaron de la vida de Huilca se debían a “los sicarios del gobierno hambreador de Fujimori”.

Como su muerte fue presenciada por sus hijos, familiares y vecinos, y aun así no se veía un mayor avance en las investigaciones a nivel de la justicia peruana, la familia de Huilca Tecse llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia emitió un informe en el que resolvía que su asesinato podría ser el resultado de las muchas operaciones mortales atribuidas al grupo paramilitar del Gobierno de Alberto Fujimori denominado como “Grupo Colina”.

Desde entonces dos teorías se desarrollaron alrededor de la muerte del líder sindicalista de la CGTP, la primera, y que el mismo Estado Peruano reconoció ante este organismo internacional, es que la responsabilidad recaía ante el expresidente Alberto Fujimori, su asesor, Vladimiro Montesinos; y el resto de miembros sindicados como pertenecientes al grupo paramilitar.

Respecto a la segunda teoría, y el principal motivo por el que el caso ha generado relevancia en los últimos días, es que la responsabilidad de la muerte de Huilca recaería en el grupo de militantes de Sendero Luminoso que la DINCOTE identificó en su momento. Es esta la teoría que el Poder Judicial a través de la Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria en delitos de Crimen Organizado, sostuvo en su sentencia del caso el pasado 31 de octubre del 2023, en donde decidió absolver a Vladimiro Montesinos y el resto de miembros del Grupo Colina.

Todos los caminos llevan al Grupo Colina

Pese a que la decisión del tribunal de dicha sala fue la de retirar la responsabilidad de Montesinos y el grupo paramilitar que conformó durante los años más críticos de la dictadura fujimorista; existieron una serie de declaraciones, no solo de exmiembros de inteligencia del régimen, sino también por parte de exfuncionarios, que refirieron directamente a Montesinos como artífice del asesinato de Huilca, además de confesar el móvil de dicha muerte.

De la responsabilidad del Grupo Colina existe un amplio contenido declarativo. En 1997, por ejemplo, salió a la luz una carta proveniente del exagente de inteligencia Mesmer Carles Talledo en el que acusaban al grupo paramilitar de Montesisnos del asesinato. Esta no sería su única acusación. En un video, unos meses después, sindicó a Juan Rivera Lazo de haber dado la orden a Martín Rivas para asesinar a Pedro Huilca Tecse.

Sin embargo, posteriormente Talledo se retractó. Pero no sería el único miembro con dichas acusaciones. Para el 2000, el caso volvió a tomar relevancia de manos de Clemente Alayo Calderón, quien señaló al Grupo Colina de la muerte de Huilca en una carta. Estas declaraciones se ratificaron en el informe final de la Subcomisión Investigadora del Congreso, en la que se responsabilizó a Fujimori por las violaciones a los derechos humanos.

En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana le solicitó al Perú que investigara el hecho de manera imparcial, pero al no obtener una respuesta por parte del Estado Peruano, el caso fue remitido a la misma Corte IDH; en donde se dictó la orden nuevamente. Ante ello, el estado peruano, en un informe al que Infobae Perú tuvo acceso, se allanó a la orden de la Corte y asumió la responsabilidad de las acusaciones hechas por la familia.

Una lucha que continúa

Pese a todas estas acusaciones, el Poder Judicial dictaminó, luego de 31 años, que la responsabilidad por el asesinato de Pedro Huilca no correspondía a Vladimiro Montesinos, como autor intelectual; ni mucho menos a los integrantes del Grupo Colina, el cual conformó en dichas épocas. El tribunal tomó la decisión de exculpar a Montesinos por mayoría y no por unanimidad.

Esto quiere decir, que de los tres magistrados, solo dos apoyan la teoría de que la muerte de Huilca corresponde a Sendero Luminoso, como inicialmente quiso hacer notar el Gobierno de Fujimori. La decisión de este hecho fue catalogado por su hija Indira Huilca en una entrevista para La República, como una decisión “sesgada e insuficiente al momento de valorar las pruebas” por parte de los jueces Otto Verapinto y Miluska Cano.

Pese a que la decisión del Poder Judicial ha sido contraria a lo dispuesto por organismos internacionales y hasta del Congreso de esa época, la familia de Huilca ha mostrado que no piensa dejar de lado la lucha que emprendieron hace 31 años a fin de buscar justicia por el caso del líder sindicalista de la CGTP. Es así que el último 3 de noviembre del 2023, la familia presentó ante la sala a cargo un recurso de nulidad de la sentencia.

La Fiscalía de la Nación ha realizado la misma acción en el marco del juicio, apelando la decisión poco después de haber culminado la lectura de la sentencia el mismo 31 de octubre. Hasta el cierre de esta nota, la resolución del expediente aún no ha sido subido a la plataforma correspondiente, pese a lo controversial del caso y lo cuestionable de la decisión.