El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) negó este martes que se haya acogido a la Ley 31751, o también llamada la ‘Ley Soto’, para librarse de una condena de seis años de prisión por el caso de la inexistente construcción de la represa Chirimayumi, cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 al 2014, cuyo costo tuvo S/ 1 286 000.
En declaraciones a RPP Noticias, Vizcarra Cornejo anotó que no fue su defensa legal sino el Poder Judicial que dispuso que se aplique la citada norma, aprobada en mayo pasado en el Congreso de la República, en la investigación que había en su contra por la comisión del presunto delito de negociación incompatible.
“Están equivocados al decir que yo he recurrido a esa norma, no es así. El juez a cargo de esta investigación ha declarado de oficio la excepción de prescripción de la acción penal. Ni yo ni mi abogado hemos solicitado en absoluto la prescripción. Es el Poder Judicial que, de oficio, ha hecho la aplicación de esta norma al ver que se aplicaba a este proceso de investigación”, indicó.
El exmandatario, que tiene una inhabilitación de 10 años para ejercer la función pública por el escándalo del Vacunagate, defendió el fallo del PJ al enfatizar que el caso Chirimayumi ya se había archivado en tres ocasiones en el Ministerio Público.
“En dos oportunidades fue sobreseído, no es que recién se empezó a investigar y se aplicó la norma”, refirió.
Vizcarra recordó que la fiscal Claudia Malma ordenó el 2 de abril del 2018, cuando ya era jefe de Estado tras la renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, que se disponga el término del proceso.
El fundador de Perú Primero agregó que en agosto del citado año se ratificó el requerimiento de sobreseimiento en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Finalmente, la Sala de Apelaciones confirmó la medida antes ratificada. “Así que era un caso muerto de la Fiscalía y seguramente, para bajar la carga procesal, el Poder Judicial ha determinado de oficio la decisión que ha tomado”, acotó.
De otro lado, Vizcarra fue consultado sobre la posibilidad de renunciar a la prescripción para afrontar este caso ante la Sala Superior de Justicia. Ante ese escenario, el exjefe de Estado argumentó que hablaría con su abogado sobre esta posibilidad. Sin embargo, adelantó que si le piden dejar esta prerrogativa para aclarar su participación en el caso de la represa Chirimayumi, pues lo haría.
“Eso verá el abogado de mi defensa. Voy a conversar con él. Veremos legalmente lo que corresponda. Esa obra está a servicio y me he puesto a disposición de la justicia y en tres oportunidades la Fiscalía y el Poder Judicial han archivado. Si el abogado lo sugiere, yo lo aceptaría”, agregó el exmandatario.
Un condenado
Cabe precisar que el Poder Judicial condenó a César Ramos Zamora por el presunto delito de peculado agravado y cumple una condena de ocho años de cárcel desde el 27 de mayo del 2022.
La Fiscalía acreditó que Ramos Zamora se apropió de una suma aproximada de S/ 639 346 46 al no actuar de forma permanente y directa el servicio de consultoría de supervisión externa.