El Poder Judicial informó que este lunes 23 de octubre se realizará una audiencia a fin de evaluar el pedido de la Fiscalía para que se amplié los nueve meses de prisión preventiva que se dictó contra el excongresista Freddy Díaz, quien afronta una investigación por el presunto delito de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho.
En febrero pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, presidida por el juez supremo César San Martín, había anulado la comparecencia con restricciones establecida por el magistrado Juan Carlos Checkley sobre Díaz para que siguiera el proceso en libertad y le impuso una medida coercitiva más gravosa.
Entre los argumentos que San Martín consideró es que Díaz no había informado con la verdad sobre su arraigo laboral. Inicialmente señaló que, luego de ser desaforado del Legislativo, entró a trabajar a la empresa Grupo Abad & Hijos, dedicado al rubro de la ferretería. Sin embargo, cuando integrantes del Ministerio Público fueron a constatar si era cierto, se encontraron con que no existía ningún establecimiento en la dirección que colocó como centro de labores.
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A raíz de este dato clave es que la Sala Penal Permanente revocó el primer fallo a favor del exparlamentario y ordenó su ubicación para que sea recluido en la cárcel. Luego de días de estar en la clandestinidad, Díaz se entregó a las autoridades con el fin de que lo trasladen al penal de Lurigancho, donde tendría que permanecer hasta el próximo 19 de noviembre debido a que en esa fecha culmina el encarcelamiento preventivo que se fijó en su contra.
Escándalo sexual
El caso Díaz se dio a conocer en julio del 2022. En esa oportunidad, una extrabajadora de su despacho denunció que el entonces integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) la había violado. Según el revelador testimonio, la mujer refirió que le habrían puesto en el vaso con el que brindaba alguna sustancia para hacerle perder el conocimiento.
“Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues, lo voy a hacer, así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar, y después de esta entrevista estoy segura de que voy a ir a mi casa y voy a estar peor, pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso”, declaró la supuesta afectada a una radio local, el año pasado.
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Además, en otro momento, ella manifestó: “Estoy convencida que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo”.
Ante la grave acusación, Díaz salió para desmentir que haya ocurrido tal episodio en la víspera de las Fiestas Patrias. Desde el Parlamento se iniciaron procesos en la Comisión de Ética, que lo suspendió por 120 días, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que sea desaforado e inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública.
El 10 de enero de este año se presentó el informe final que recomendaba sancionar a Díaz Monago por una infracción a los artículos 1; 2; 38 y 39 de la Constitución. A pesar de la gravedad de las conclusiones, el Pleno votó a favor de que el denunciado continúe ejerciendo sus funciones como congresista. En la jornada se presentaron 59 votos a favor de su inhabilitación, dos en contra y 21 abstenciones.
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Ante la ola de cuestionamientos de diversas instituciones como el Ministerio de la Mujer es que se sometió a una reconsideración la votación del blindaje a Díaz. Ahora, con 77 votos a favor, se dispuso que pierda su curul y afronte a la justicia. En su reemplazo entró su accesitaria Nelcy Heidinger.