Desde la madrugada del miércoles 20 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas permanecerán en zonas específicas de los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en Piura. Así lo determinó el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo, que indica las labores que realizarán los efectivos policiales y los militares para acabar con los actos delictivos en estas jurisdicciones.
Según el decreto supremo 105-2023-PCM, el estado de emergencia se aplicará durante 60 días desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada.
En el documento, publicado en la noche del martes 19 de setiembre, se especifica que la Policía Nacional del Perú (PNP) determinará las zonas en las que requerirán apoyo de los militares.
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En estos puntos, se suspenderá el reconocimiento de los derechos a la libertad de tránsito, inviolabilidad de los domicilios, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El objetivo es que las autoridades prevengan la comisión de delitos de extorsión, sicariato, trata de personas y delincuencia internacional. Así lo detalló el ministro del Interior, Vicente Romero.
“Esta situación nos obliga como gobierno a radicalizar nuestras acciones para combatir la complejidad y ferocidad que ha adquirido la delincuencia en esta zona declarada en emergencia. Se ha llegado al extremo incluso de colocar bombas y granadas en locales abiertos al público, como se hacía en los peores momentos o épocas del terrorismo. Como gobierno no lo vamos a permitir”, declaró.
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Zonas donde se aplicará el estado de emergencia
Según el ministro del Interior, Vicente Romero, los militares estarán presentes en distintos puntos de los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
Específicamente en la provincia de Sullana, las Fuerzas Armadas custodiarán los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la región de Piura.
Lo mismo ocurrirá en San Juan de Lurigancho en las zonas de Pasamayito, túnel Santa Rosa, Jicamarca y Campoy.
Mientras que, en el distrito de San Martín de Porres, los militares se encontrarán en la carretera Canta Callao y las avenidas Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Zarumilla, Vía Evitamiento, Caquetá y en el puente del Ejército.
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Los efectivos policiales podrán realizar patrullaje integrado, videovigilancia y actualización de los mapas del delito y riesgo.
También podrán coordinar con distintas instituciones públicas para realizar operaciones policiales cerca de los establecimientos penitenciarios. La norma recientemente aprobada detalla que para esto se requerirá el apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Asimismo, la Policía Nacional del Perú en coordinación con el INPE ejecuta operativos al interior de los establecimientos penitenciarios en el marco de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, se lee en el documento.
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Otras entidades que tendrán que apoyar a la PNP durante el estado de emergencia son la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Se busca que apoyen a controlar la migración irregular en los distritos mencionados y que ayuden a conocer qué personas cuentan con licencias vigentes para portar armas.
El objetivo es que Migraciones ayude a controlar e identificar la “migración irregular en el ámbito territorial del presente decreto supremo y la posible comisión de infracciones en materia migratoria”.
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