El expremier Pedro Angulo, incluido en la investigación preliminar por genocidio a raíz de las muertes en protestas, señaló este miércoles que la presidenta Dina Boluarte tiene comando sobre las Fuerzas Armadas, “pero no es operativo” como el que recae sobre los “oficiales”.
El exjefe de Gabinete habló un día después de que Boluarte fuera interrogada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte del proceso por las víctimas del estallido social que sacudió el país de diciembre a marzo pasado.
“La presidenta tiene un comando, pero no es operativo. El comando operativo lo tienen los oficiales, aquellos que han sido capacitados y que siguen reglamentos y protocolos. Entonces, no hay una vinculación directa [sobre las muertes]”, abundó.
En la víspera, Boluarte respondió durante tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, que abandonó sin ofrecer ningún pronunciamiento, salvo unas declaraciones de su abogado, Joseph Campos. En la diligencia, Benavides fue asistida por el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
En esta investigación también está implicado el primer ministro, Alberto Otárola; los extitulares del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, así como el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
“[Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional] tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. [...] Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, dijo Boluarte el mes pasado en una entrevista con El Comercio.
“El Gobierno no quería usar las armas contra los ciudadanos, no sé qué habrá pasado. [...] Que puedan ocurrir muertes es una posibilidad, el tema de la responsabilidad es el que debe ser fijado por la Fiscalía y la Policía en las investigaciones formales”, agregó.
Para el expremier, los manifestantes buscaban “la caída del Gobierno”, aunque “no tenían intenciones” de diálogo. “Era imposible con quien no quería sentarse a hablar y escuchar. Entonces, las respuestas debían ser en esas condiciones”, señaló.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia empleada por las fuerzas de seguridad produjo algunos casos de “ejecuciones extrajudiciales” y hasta una masacre. Para Amnistía Internacional, la muerte manifestantes muestra una “respuesta estatal deliberada y coordinada”, que, además, estuvo “ordenada o tolerada por altos cargos”. Sin embargo, Angulo desvirtuó estos hallazgos y señaló que provienen de organismos “agitadores”.
“Sabíamos que había dinero que había venido de la zona del Vraem [Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro], que había dinero venido de la minería ilegal y también probablemente de algunas personas que trabajaban para el Estado, por ejemplo, en la Subprefectura, que estaban perdiendo el poder”, acusó.
En esta jornada, Puno honró la memoria de los fallecidos con banderas negras y blancas en el día del emblema nacional, en recuerdo a la batalla de Arica de 1880. Sin embargo, ninguna autoridad política asistió a la ceremonia de izamiento.
“Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento. Para ello tenemos que estar despojados de diferencias ideológicas, políticas y cualquier otra índole. Hoy la única bandera es la de la salud, educación, inclusión social, democracia y patriotismo”, subrayó.