El caso de la niña que recibió una transfusión con VIH y que Panamá no ha cerrado tres décadas después

Roció Marlene Jiménez Castro tenía siete años cuando una transfusión de sangre durante su tratamiento contra la leucemia cambió el rumbo de su vida.

Más de tres décadas después, vive con VIH y reclama una reparación que, según Probidsida, fue recomendada hace más de 20 años por la Defensoría del Pueblo, pero que todavía no se ha concretado.

Durante una conferencia de prensa, Jiménez volvió a hacer público su caso acompañada por Orlando Quintero, director ejecutivo de Probidsida, y su representante legal.

La mujer, hoy de 40 años, pidió una respuesta definitiva del Estado panameño después de años de gestiones ante distintas administraciones sin obtener la compensación que reclama.

El caso se remonta a cuando Jiménez recibía tratamiento por leucemia linfocítica aguda en el Hospital del Niño. Según explicó Quintero, una de las unidades de sangre que recibió provenía de un donante que inicialmente había resultado negativo en la prueba de VIH, debido a lo que describió como el período de ventana existente con la tecnología de diagnóstico de aquella época.

El problema surgió posteriormente, cuando el mismo donante regresó aproximadamente tres meses después y dio positivo por VIH. Quintero sostiene que el banco de sangre debió revisar las donaciones anteriores y determinar quiénes habían recibido esos componentes. Según su versión, esa trazabilidad habría permitido localizar a Rocío y realizarle tempranamente una prueba.

Jiménez no conoció su diagnóstico entonces. A los 14 años regresó gravemente enferma al Hospital del Niño y los médicos inicialmente sospecharon una recaída de la leucemia.

Las evaluaciones determinaron posteriormente que tenía VIH y había desarrollado histoplasmosis, una infección oportunista que puede presentarse cuando el sistema inmunitario está severamente debilitado.

Las consecuencias fueron profundas. Jiménez relató que estuvo en coma en tres ocasiones y desde entonces ha atravesado múltiples problemas de salud. La enfermedad le dejó afectaciones físicas, entre ellas dificultades de movilidad que la mantienen en silla de ruedas, además de una lesión medular y pérdida de visión en uno de sus ojos, según lo expuesto durante la conferencia.

La búsqueda de una reparación llegó hasta la Defensoría del Pueblo, que examinó las actuaciones institucionales relacionadas con el caso. Una resolución emitida durante la gestión del entonces defensor Juan Antonio Tejada consideró que la falta de información inmediata y oportuna agravó la condición de Jiménez y formuló recomendaciones dirigidas al Ministerio de Salud.

Entre esas medidas figuraba otorgarle un subsidio mensual vitalicio destinado a enfrentar su enfermedad y cubrir necesidades económicas. La resolución también concedía al Ministerio de Salud un plazo de 30 días para informar si aceptaba o no las recomendaciones y sustentar su posición, según el contenido del documento citado públicamente por quienes acompañan a Jiménez.

Probidsida asegura que ese subsidio nunca llegó a materializarse. La organización sostiene que durante años acompañó a Jiménez y a su madre en gestiones ante distintas instituciones y administraciones.

Ahora reclama que el actual Gobierno atienda una recomendación que permanece pendiente, de acuerdo con la versión presentada por la fundación.

El reclamo actual incluye tres puntos. Además del subsidio, Probidsida solicita una solución habitacional para Jiménez, cuya familia dejó recientemente el apartamento donde vivía ante una orden de lanzamiento.

También pide una remuneración acorde con su formación universitaria y que pueda desempeñarse profesionalmente en áreas relacionadas con los estudios que completó.

Jiménez obtuvo una licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Diseño Gráfico y una maestría vinculada con Publicidad y Mercadeo, pese a las dificultades que ha enfrentado.

Durante la conferencia se indicó que trabaja en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y percibe alrededor de $800 mensuales, cantidad que, según sus representantes, permanece sin cambios desde hace años.

El representante legal de Jiménez, señaló que se busca inicialmente abrir una negociación con la Presidencia de la República. La defensa está preparando los mecanismos legales correspondientes, aunque mantiene como primera alternativa alcanzar un acuerdo que permita resolver los reclamos sin prolongar todavía más el caso después de más de tres décadas.

El caso aparece además en un momento en que Panamá continúa enfrentando importantes desafíos relacionados con el VIH. Datos divulgados por el Ministerio de Salud en 2026 señalan que alrededor de 24,400 personas viven actualmente con el virus, de las cuales aproximadamente 22,000 reciben tratamiento antirretroviral dentro del sistema sanitario.

Durante 2025 fueron detectados 1,750 nuevos casos de VIH en el país, y aproximadamente 1,300 correspondieron a hombres. El Ministerio de Salud mantiene 21 Clínicas de Terapia Antirretroviral distribuidas en las 15 regiones sanitarias, mientras destina unos $3.6 millones durante 2026 para garantizar estos medicamentos a los pacientes atendidos por la institución.

Las cifras oficiales muestran también la importancia que ha adquirido el diagnóstico temprano para evitar la progresión de la infección. El tratamiento antirretroviral permite controlar el virus y reducir considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedad avanzada, precisamente una posibilidad que Probidsida sostiene que Rocío perdió durante su infancia al no ser informada oportunamente de la exposición.

Jiménez asegura que su reclamo ya no se limita a lo ocurrido cuando tenía siete años. Las consecuencias económicas, familiares y físicas continúan acompañándola décadas después, mientras ahora también es madre de una niña. “Que se haga justicia”, pidió durante la conferencia, al señalar que espera finalmente una respuesta que permita cerrar una lucha iniciada durante su niñez.