El Gobierno de Panamá oficializó la adquisición del 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) que permanecen en manos privadas.
El Consejo de Gabinete autorizó pagar $191.7 millones por 82,000 acciones, operación que llevará al Estado de su participación actual del 59% al control total de la compañía.
El socio privado de la empresa es NIC Holding Corp., compañía dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, con sede en Melville, Nueva York. Además de participar en la asociación con la República de Panamá, la empresa estadounidense desarrolló el proyecto y ha estado a cargo de su administración.
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La decisión quedó establecida en el Decreto de Gabinete No. 10 del 11 de agosto de 2026, publicado el 20 de agosto en la Gaceta Oficial. La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ejecutar la adquisición y establece cómo se financiará y pagará la participación privada de Petroterminal.
El precio, que no había sido revelado cuando el Ejecutivo anunció inicialmente la operación, quedó fijado en $191,701,240 por el 41% de la empresa.
Como ese porcentaje está representado por 82,000 acciones, el Estado pagará $2,337.82 por cada una, monto calculado con los estados financieros auditados de PTP correspondientes al cierre de 2025.
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El decreto explica que ese precio por acción no fue establecido discrecionalmente por el Gobierno, sino mediante el método contemplado desde hace años en el Contrato de Asociación.
El Estado había comunicado formalmente a los accionistas privados el 17 de julio su decisión de ejercer el derecho contractual para comprar el 41% restante de la sociedad.
La Gaceta también despeja una de las principales interrogantes que dejó aquel anuncio: de dónde saldrán los $191.7 millones necesarios para completar la adquisición.
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El MEF fue autorizado a constituir un fideicomiso de administración con el Banco Nacional de Panamá y contratar, mediante esa estructura, una facilidad crediticia de hasta $200 millones.
El financiamiento servirá para cubrir el precio de las acciones, los intereses y comisiones correspondientes al primer año, además de los gastos relacionados con la constitución, estructuración, contratación y administración del mecanismo.
El Banco Nacional actuará como fiduciario y el MEF será responsable de impartir las instrucciones para ejecutar las operaciones financieras.
El plan establece que el crédito será pagado principalmente con los dividendos generados por el propio 41% adquirido. Una vez que Panamá controle todas las acciones, los dividendos correspondientes a esa nueva participación serán dirigidos a una cuenta destinada a cancelar el financiamiento, mientras el 59% que ya pertenece al Estado continuará ingresando al Tesoro Nacional.
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Sin embargo, el decreto introduce una precisión relevante frente al anuncio inicial del Ejecutivo, que había señalado que la operación no requeriría recursos del Tesoro Nacional ni implicaría endeudamiento público.
La norma ahora publicada contempla un crédito de hasta $200 millones y establece qué ocurrirá si los dividendos de Petroterminal no son suficientes para atender sus pagos.
En ese escenario, el MEF queda autorizado para aportar al fideicomiso los recursos necesarios para cubrir cualquier insuficiencia. La obligación permanecerá mientras exista deuda derivada del financiamiento.
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Por tanto, aunque la fuente prevista para pagar la compra son los dividendos del 41%, el Estado funcionará como respaldo si esos flujos resultan insuficientes.
El pago a los accionistas privados deberá efectuarse dentro de los 45 días calendario posteriores a la notificación de la intención de compra, plazo que, según establece el decreto, vence el 31 de agosto de 2026.
El desembolso será realizado en dólares contra la entrega de los certificados de las acciones debidamente endosados para su traspaso.
La operación se sustenta en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación de Petroterminal, cuyo origen se remonta a 1977 y que posteriormente fue modificado. El Gobierno ha insistido en que la adquisición corresponde al ejercicio de un derecho de compra previamente establecido y aceptado por los accionistas, y no a una expropiación o modificación unilateral.
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Hasta ahora, Panamá posee el 59% de Petroterminal y el restante 41% permanece en manos privadas. Una vez concluida la transacción por $191.7 millones, el Estado será propietario de la totalidad de una empresa que administra infraestructura estratégica para el almacenamiento, trasiego y transporte de hidrocarburos entre ambos océanos.
Entre sus principales activos está el Oleoducto Transístmico, de aproximadamente 131 kilómetros, que conecta Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, con Charco Azul, en Chiriquí. Esta infraestructura permite transportar hidrocarburos entre el Caribe y el Pacífico sin necesidad de que los buques atraviesen las esclusas del Canal de Panamá.
La adquisición dejará bajo propiedad estatal el 100% de Petroterminal y los beneficios económicos derivados de sus operaciones. El Gobierno sostiene que busca fortalecer un activo estratégico y generar mayores ingresos para el país, mientras el desafío será mantener la rentabilidad, capacidad de inversión y competitividad internacional de la compañía bajo el nuevo esquema de propiedad.
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El Gobierno subrayó que no se trata de una expropiación ni de una modificación unilateral de las condiciones acordadas con los inversionistas, sino de una opción de compra incorporada al contrato desde la creación de la empresa y aceptada por las partes.
La empresa informa que sus terminales poseen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 14.6 millones de barriles. El oleoducto mueve millones de barriles de crudo cada mes, mientras cientos de buques utilizan anualmente sus instalaciones para transportar petróleo hacia Asia y la costa occidental del continente americano.
Los orígenes de la compañía se remontan a septiembre de 1977, cuando los hermanos Harold y Raymond Bernstein propusieron al Gobierno panameño construir instalaciones para el manejo y almacenamiento de petróleo en la bahía de Charco Azul.
Las primeras operaciones de trasiego comenzaron el 10 de abril de 1979. Un año después se autorizó la construcción del oleoducto y del terminal en la costa atlántica, lo que convirtió el proyecto original en una ruta energética transístmica.
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