Un hotel de Miami denunció una campaña de publicaciones que habría utilizado inteligencia artificial para perjudicar su reputación. El conflicto llegó a un tribunal federal estadounidense y planteó una pregunta inquietante: ¿lo que alguien le escribió a una IA puede terminar siendo examinado como prueba en un juicio? No implica una condena automática, pero abre una nueva vía de investigación.
La pregunta no es tecnológica. Es jurídica. Cuando una acusación se instala en redes sociales, alcanza a los clientes, llega a los socios comerciales o altera una negociación, la respuesta no puede limitarse a desmentirla. Hay que establecer qué ocurrió, quién intervino, qué pruebas existen y cuál es la decisión menos perjudicial para quien está siendo señalado.
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El caso Fontainebleau y las instrucciones a la IA
En el expediente Fontainebleau Florida Hotel, LLC contra Shmuley Boteach Jacob, también identificado como Shmuel Botach, el hotel denunció publicaciones presuntamente difamatorias. El conflicto se originó tras un incidente ocurrido en diciembre de 2024 en sus instalaciones. Las partes discrepan sobre lo sucedido y las razones de la salida del demandado. Según la demanda, posteriormente se difundieron videos creados con inteligencia artificial que presentaban falsamente a personal y representantes del hotel celebrando el antisemitismo, los comparaban con colaboradores nazis y atribuían al establecimiento una supuesta prohibición de ingreso a personas judías. Son acusaciones de la parte actora, no hechos declarados probados.
El 21 de octubre de 2026, la magistrada federal Marty Fulgueira Elfenbein dictó una resolución sobre la obtención de conversaciones con proveedores de IA (Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, expediente 25-CV-20251, documento 289). El proceso se encontraba, para esta discusión, en una etapa de producción de prueba limitada a los daños. Ese dato cambia la lectura: el tribunal no estaba decidiendo si un prompt demostraba la responsabilidad del demandado, sino qué información podía buscarse para examinar el perjuicio reclamado.
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El hotel quería conocer intercambios del demandado con cuatro proveedores de IA desde diciembre de 2024. La magistrada admitió que podían solicitarse determinadas conversaciones relacionadas con el hotel, sus empleados, propietarios, representantes y abogados, incluso algunas que hubieran sido eliminadas. Rechazó, en cambio, una búsqueda indiscriminada de todo lo consultado sobre el juicio, las resoluciones o los jueces. Tampoco obligó al demandado a autorizar de manera general la entrega directa de sus registros por las plataformas.
La decisión admite requerimientos delimitados, sujetos a objeciones y protecciones legales. No garantiza que los proveedores conserven o entreguen los datos. Su aporte es reconocer que las preguntas y correcciones hechas a una IA pueden resultar relevantes para investigar una conducta.
La mentira que parece noticia
El caso permite comprender un fenómeno que denomino deep news: contenidos falsos creados con inteligencia artificial que parecen información auténtica y pueden causar daños reputacionales. Aquí, el hotel sostiene que se difundieron videos para desacreditarlo. La cuestión jurídica no es solo si fueron manipulados, sino quién los produjo, con qué instrucciones, cómo circularon y qué perjuicio ocasionaron.
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Imaginemos una acusación falsa contra el director de una compañía en medio de una operación de compraventa, un audio manipulado atribuido a un ministro o una publicación fabricada que compromete a un empresario ante sus bancos. La discusión puede comenzar en una pantalla, pero sus efectos aparecen en reuniones que se suspenden, contratos que se revisan y vínculos de confianza que se deterioran.
En estos casos suelo distinguir dos planos. Uno es el expediente judicial, que exige hechos, pruebas y garantías. El otro es el expediente informal que se construye en buscadores, medios y redes. El segundo puede condicionar decisiones económicas o institucionales mucho antes de que el primero produzca una respuesta. Una absolución o una rectificación posterior no borra automáticamente el recorrido de una acusación.
Prevenir no es vigilar: las decisiones del primer día
Cuando una publicación potencialmente falsa empieza a circular, las primeras horas son decisivas. La primera medida no debería ser una denuncia apresurada ni una respuesta indignada. Conviene preservar el contenido original, enlaces, fechas, versiones y contexto. Una captura aislada puede resultar insuficiente para acreditar autenticidad, alcance o modificaciones.
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La segunda decisión consiste en reconstruir el riesgo real: quién recibió la información, qué operaciones o relaciones podrían verse afectadas y qué afirmaciones son objetivamente verificables. No es lo mismo una crítica severa que una imputación falsa de hechos; tampoco toda falsedad constituye delito. Elegir una vía penal sin sustento puede debilitar una estrategia que quizá requiera medidas civiles, preservación de evidencia o una intervención comunicacional cuidadosamente coordinada.
También importa saber cuándo guardar silencio. Una respuesta pública puede ser necesaria, pero a veces multiplica el alcance de una acusación. Antes de hablar, demandar o negociar, hay que saber qué se puede demostrar y qué consecuencias tendrá cada movimiento.
En la Argentina, ante indicios concretos de una campaña creada con IA, un abogado puede solicitar judicialmente la preservación de registros y su incorporación como prueba, siempre que el procedimiento lo permita. No alcanza con pedir «todas las conversaciones»: debe individualizar publicaciones, cuentas, períodos y contenidos, explicar su relación con los hechos y justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida. Según el caso, podrá requerir oficios a plataformas y pericias informáticas para reconstruir instrucciones, contenidos y modificaciones. El pedido debe respetar las garantías constitucionales y las reglas procesales aplicables. Una solicitud imprecisa puede fracasar; una medida fundada y delimitada puede resultar decisiva.
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Qué puede probar un prompt y qué no
Una conversación con IA puede mostrar instrucciones, ensayos de redacción, cambios de tono o intentos de amplificar un mensaje. Pero su interpretación exige contexto: una pregunta hipotética no equivale a una acción ejecutada, y una frase hostil no demuestra por sí sola la intención jurídicamente relevante. Además, será necesario acreditar que el registro es auténtico, a quién corresponde la cuenta y cómo se relaciona con el contenido efectivamente difundido.
El problema también se presenta del lado de la defensa. No cualquier conversación utilizada para analizar un juicio puede ser exigida por la contraparte. La resolución estadounidense aborda la llamada work-product doctrine, protección de determinados materiales preparados para litigar. Esa doctrina no se traslada automáticamente a la Argentina, donde deben examinarse el secreto profesional, las garantías constitucionales y las reglas de cada proceso.
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El valor del antecedente de Miami reside en ese equilibrio: identificar una nueva fuente posible de prueba, sin convertir la investigación en una revisión indiscriminada de la vida privada o de la preparación jurídica de una persona. En la Argentina, un oficio a un proveedor extranjero no asegura por sí solo el acceso a sus registros: habrá que considerar las reglas del proceso, la jurisdicción, la conservación de los datos y las vías de cooperación disponibles.
La prueba también cambia una negociación
Reconstruir el origen de una publicación no sirve solamente para obtener una sentencia. Saber cómo se preparó, quién intervino y qué alcance tuvo puede modificar una negociación, sustentar un pedido de cese o rectificación y evitar un juicio que amplifique el daño. En conflictos empresariales, una imputación falsa puede afectar operaciones, financiación y confianza. El abogado debe valorar prueba, tiempos, confidencialidad y exposición. Preservar evidencia permite negociar desde otra posición; litigar sin medir las consecuencias puede agravar el conflicto.
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Cuando una mentira circula, el tiempo juega contra quien la padece. La primera decisión no siempre consiste en hablar o demandar: a veces es identificar una prueba que mañana puede desaparecer. Una conversación con IA puede ser un indicio, nunca una demostración automática de responsabilidad. Saber dónde buscar esa prueba, cómo obtenerla legalmente y cuándo utilizarla puede ser decisivo para defender una reputación.
Dr. Jorge Monastersky Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA). Posgrado en Derecho Procesal Penal. Posgrado en Criminalística y Medicina Legal. X: @JorgeMonasOK | Instagram: @JorgeMonastersky
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