A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, las decisiones que tomamos hoy empiezan a depender cada vez más de lo que imaginamos que ocurrirá más allá de diciembre de ese año y no solamente de la situación económica actual.
La persona que evalúa destinar parte de sus ahorros a comprar un auto, por ejemplo, se pregunta cómo le irá en los próximos años y si podrá recomponer esos ahorros. Del mismo modo, a un inversor que piensa en los retornos de una posible inversión no le importa demasiado lo que sucederá en los próximos meses sino lo que pasará en los próximos años. En ambos casos, las expectativas sobre un futuro incierto pueden pesar más en la decisión que las condiciones concretas del presente.
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Las expectativas no se limitan a anticipar acontecimientos, también influyen sobre las decisiones que pueden hacer que las mismas se conviertan en realidad. Cuando muchas personas actúan sobre una misma creencia, contribuyen a aumentar la probabilidad de que se cumpla. Este es el mecanismo de la profecía autocumplida.
Si se extendiera la convicción de que el presidente Milei, o un candidato de orientación similar, ganará las elecciones, muchos hogares y empresas podrían anticipar un escenario de continuidad del equilibrio fiscal, menor inflación y, eventualmente, reducción de impuestos. Esa confianza favorecería el consumo y la inversión. A su vez, una economía más dinámica podría fortalecer la recaudación y facilitar una reducción gradual de la presión tributaria sin comprometer las cuentas públicas. Los mejores resultados económicos reforzarían entonces las perspectivas electorales del oficialismo.
En cambio, si predominara la expectativa de una derrota del oficialismo y del regreso de políticas fiscalmente insostenibles, familias y empresas podrían optar por postergar gastos, frenar inversiones y buscar un refugio para sus ahorros. Este escenario podría traducirse en mayor riesgo país, presión cambiaria y encarecimiento del crédito. Si fuera un poco más grave, también podría afectar los depósitos bancarios y la disponibilidad de financiamiento. El deterioro de la actividad resultante reduciría, a su vez, las posibilidades electorales del Gobierno.
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Todos los políticos conocen perfectamente el poder de las expectativas. El oficialismo tiene incentivos para transmitir estabilidad y mostrar resultados; sus adversarios, para señalar problemas y convencer a los votantes de que es necesario un cambio. La crítica es legítima y hasta indispensable, salvo cuando lo que se busca es fogonear un escenario de “cuanto peor mejor”. Cuando las propuestas prometen beneficios sin explicar cómo financiarlos o qué consecuencias podrían tener, pueden alimentar la incertidumbre más que resolver los problemas que dicen querer resolver.
Esto no significa que toda dificultad económica sea producto de las expectativas, ni que la confianza pueda sustituir a una política económica inconsistente. Ambas condiciones son necesarias.
La disputa de cara a 2027 no se librará únicamente en las urnas: también se jugará, desde ahora, en las decisiones cotidianas de consumidores, ahorristas y empresarios. Ojalá prevalezca el círculo virtuoso y la Argentina logre consolidar el equilibrio fiscal, una economía previsible y oportunidades reales de progreso para quienes trabajan, ahorran e invierten. Nada tan fuera de lo común, tan solo como la mayoría de los países del mundo.
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