La eutanasia no pertenece a la medicina

Quienes propugnan la eutanasia sostienen que, cuando seguir viviendo es un mal mayor que morir, si un paciente competente lo prefiere libre e informadamente, causarle la muerte es compatible con los cuatro principios bioéticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Sin embargo, aun concediendo esa preferencia, no se sigue que causar deliberadamente su muerte constituya un acto médico.

La cuestión decisiva no es si morir o vivir resulta mejor, beneficia al paciente o responde a su voluntad, sino si causar la muerte pertenece a los fines de la medicina, debiendo justificar cómo una práctica fiduciaria orientada a curar, aliviar, cuidar y no abandonar podría incorporarla como procedimiento clínico. La eutanasia no se convierte en acto clínico por consentimiento, sufrimiento intenso, regulación legal o intervención profesional.

Tom Beauchamp sostuvo que ciertos actos eutanásicos pueden justificarse porque la muerte sólo daña cuando priva injustificadamente de bienes y posibilidades. Dan Brock defendió la eutanasia desde la autodeterminación y el bienestar individual, y James Rachels cuestionó que matar sea siempre peor que dejar morir. Así, se cumpliría el principio de autonomía mediante la decisión; el de beneficencia aliviando una existencia intolerable, el de no maleficencia evitando mayor padecimiento; y el de justicia garantizándola equitativamente bajo salvaguardas institucionales. Pero esto, aun si fuera cierto, sólo indica qué resultado parece preferible para el paciente, no si la medicina puede asumir esa acción como propia.

Incluso desde esta perspectiva, el principialismo o bioética basada en aquellos cuatro principios, ayuda a identificar y analizar conflictos, pero no define el contenido interno de una profesión. De lo contrario, cualquier intervención consentida, beneficiosa y regulada podría adquirir carácter clínico. La ética médica, en cambio, requiere reflexionar sobre sus fines y límites.

La medicina no es una técnica neutral al servicio de cualquier preferencia. Es una práctica fiduciaria fundada en la vulnerabilidad del paciente, la confianza profesional y los bienes que delimitan su actuación. Edmund Pellegrino los formuló como curar cuando sea posible, aliviar, cuidar y no abandonar. Daniel Callahan advirtió que la eutanasia no es una decisión privada porque exige la acción de otro y su legitimación institucional. Leon Kass consideró que separar el sanar y cuidar de provocar deliberadamente la muerte constituye una frontera profesional. Margaret Somerville advirtió que la eutanasia transforma la identidad de la medicina, contraría su misión y erosiona la confianza médico-paciente.

Esta concepción converge deontológicamente en códigos de ética médica. El Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial establece como deber primordial promover salud y bienestar mediante atención competente y compasiva, respetando la vida, dignidad, autonomía y derechos del paciente, conforme a las buenas prácticas médicas. Su Declaración de 2019 sobre la eutanasia y el suicidio asistido se opone firmemente a dichas prácticas y las distingue del rechazo terapéutico. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma que el deseo de morir no genera un derecho del paciente ni justificación jurídica para que terceros practiquen la eutanasia. La American Medical Association considera la eutanasia incompatible con el rol del médico. Localmente, la Academia Nacional de Medicina rechaza su legitimación como práctica médica porque aliviar el sufrimiento no justifica técnicas intencionalmente dirigidas a provocar la muerte, siendo la respuesta validada el alivio eficiente y el acompañamiento compasivo. Esta convergencia asigna la carga argumentativa a quien pretende incluir la eutanasia en la medicina sin alterar su identidad fiduciaria.

Esto no exige preservar la vida biológica a cualquier precio. Existen padecimientos irreversibles, dolores refractarios y deterioros vividos como intolerables, que pueden hacer que una persona lúcida prefiera morir. Pero ese deseo no determina la naturaleza del acto ni obliga al profesional a redefinir su práctica.

La autonomía concede al paciente autoridad sobre su sufrimiento y le permite aceptar o rechazar intervenciones, incluso cuando esa negativa conduzca a su muerte. Pero esa autonomía negativa, no ser tratado contra la propia voluntad, no equivale a una potestad positiva para redefinir los fines médicos o generar un deber de cooperación letal.

En la eutanasia el médico no alivia el sufrimiento, causa la muerte para eliminar a quien lo padece. Matar a quien sufre no equivale a tratar su sufrimiento. La muerte deja de ser desenlace y se convierte en medio indispensable de la intervención, cambiando la naturaleza del acto.

Por eso debe distinguirse la eutanasia de las decisiones legítimas para el final de vida. Suspender tratamientos desproporcionados, respetar el rechazo informado, intensificar la analgesia o sedación son actos médicos porque buscan aliviar síntomas y abstenerse de medidas fútiles, sin convertir la muerte en procedimiento elegido para terminar el padecimiento. Puede coincidir el desenlace, pero no la naturaleza moral ni clínica del acto.

Los cuidados paliativos no eliminan todo sufrimiento ni resuelven cada conflicto psicológico, social o existencial. Pero de su insuficiencia no se sigue que causar la muerte se transforme en tratamiento. La dificultad para aliviar exige mayor cuidado, no identificar el alivio con la eliminación de quien padece.

La diferencia entre dejar morir y causar la muerte no depende del desenlace, sino de la intención, causalidad y objeto del acto. Retirar un tratamiento fútil cesa una intervención y permite que la patología siga su curso; la eutanasia introduce una acción cuya eficacia consiste en causar la muerte. Por eso la relación del profesional con ese desenlace es moral y clínicamente diferente en ambos casos.

Tampoco la legalidad zanja la cuestión. Las salvaguardas legales pueden comprobar competencia, persistencia y ausencia de coacción, pero no transforman la naturaleza del acto. Legalizar la eutanasia y asignarla a profesionales sanitarios no demuestra que causar la muerte pertenezca a los fines médicos. La legalidad fija condiciones de licitud pública, pero la ética profesional discierne la conformidad del acto con los bienes de la práctica.

Además, la justicia exige ampliar el foco y reconocer que una solicitud de eutanasia nunca nace en el vacío. Pobreza, soledad, discapacidad insuficientemente acompañada, depresión, agotamiento familiar y acceso desigual a cuidados paliativos condicionan elecciones autónomas. Cuando el cuidado es insuficiente, costoso o inaccesible, ofrecer la muerte como respuesta sanitaria convertiría una falla de solidaridad o políticas de salud insuficientes en solución letal institucionalizada.

Entre la obstinación terapéutica y la eutanasia existe todo el campo del cuidado: limitar intervenciones desproporcionadas, controlar síntomas, sedar cuando corresponda, asistir psicológica y espiritualmente, acompañar a la familia y no abandonar. Como enseñó Eric Cassel, el sufrimiento afecta a la persona, no sólo a su organismo. La respuesta médica debe dirigirse a ella, no convertir su muerte en la solución del padecimiento.

Cuando la medicina ya no puede curar no termina su responsabilidad, sino que debe redefinirla. Reconocer el límite terapéutico significa abstenerse tanto de prolongar artificialmente el sufrimiento como de apropiarse del poder de concluir la vida. El límite de curar nunca debe convertirse en el límite de cuidar.

La prohibición de la eutanasia no depende de afirmar que causar la muerte sea siempre un daño. Incluso aceptando que una persona pueda preferirla, no queda demostrado que provocarla constituya un acto médico.

Una práctica orientada a curar, aliviar, cuidar y acompañar no puede incluir causar deliberadamente la muerte sin perder su identidad moral. La medicina puede abstenerse de medidas fútiles y desproporcionadas, aliviar hasta la sedación y acompañar hasta el final. Lo que no puede hacer sin transformarse es convertir la muerte del paciente en el procedimiento mediante el cual pretende cumplir su oficio.