Matar a los 15 años es una derrota como sociedad. La tragedia en la Escuela Normal Superior N° 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, no solo nos interpela; nos duele profundamente. Como ciudadano y como legislador, el hecho de que un adolescente termine con la vida de un compañero de banco me obliga a reflexionar sobre las herramientas que el Estado les ofrece —o les debe— a ambos.
Remarco esto porque, como autor de proyectos que buscaban bajar la edad de imputabilidad a los 12 años, y como uno de los impulsores de la reciente Ley 27.801 (que la fijó en 14), estoy convencido de que la justicia no es el fin del camino, sino el comienzo de una intervención real.
Hoy, debido a que la nueva norma tiene un plazo de 180 días para su plena vigencia, el joven de 15 años que abrió fuego es, ante la ley que todavía heredamos, no punible. Esto significa que, frente a un hecho de una complejidad multicausal —donde probablemente se mezclen conflictos personales, sociales o del entorno escolar—, el sistema actual se encuentra con las manos atadas, limitándose a una respuesta que muchas veces llega tarde o no llega nunca.
¿Se hubiese evitado esta tragedia con la ley vigente? Probablemente no de forma inmediata, porque las causas de la violencia son profundas. Sin embargo, el tratamiento del joven sería radicalmente distinto y, sobre todo, más humano y responsable.
Con la nueva ley, el Estado no se desentiende. Se habría avanzado con una imputación formal que garantiza, paradójicamente, los derechos del menor: defensa técnica, debido proceso y, lo más importante, un abordaje interdisciplinario obligatorio.
Este nuevo régimen que aprobamos no nace del deseo de castigar por castigar. Al contrario, propone que el adolescente asuma la responsabilidad de sus actos en un marco que priorice su educación y su salud mental. En un caso tan doloroso como el de Santa Fe, donde intuimos que hay problemas inter causales detrás del disparador, la ley permitiría desplegar equipos de psicólogos y psicopedagogos, evaluar el entorno y aplicar medidas restaurativas que busquen reintegrarlo a la sociedad. No descartarlo.
Durante años, el esquema anterior nos obligó a elegir entre la impunidad o el encierro ineficaz. La reforma rompe ese falso dilema. Pero hoy, frente al dolor de San Cristóbal, nos surge una pregunta que debe sacudir a todas las instituciones: ¿Estamos listos para que la Justicia finalmente funcione como un sistema integral de respuesta y no como un mero trámite burocrático?
Lograr que las instituciones trabajen juntas es la única forma de que este dolor no sea en vano.
Una sociedad madura no abandona a sus jóvenes a la suerte de sus impulsos o sus tragedias personales. Justicia para la familia de la víctima de 13 años y una oportunidad de reinserción real para quien cometió el hecho.