En mayo de 1945, la guerra en Europa había terminado con la capitulación de Alemania. En el Pacífico, el ultimátum de Potsdam de julio exigía la rendición incondicional del Imperio japonés. El 6 y 9 de agosto, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas por dos bombas atómicas lanzadas bajo órdenes del presidente estadounidense Harry Truman. Japón anunció su rendición el 15 de agosto. Tres años después se firmó la Declaración de los Derechos Humanos.
Más que un acto necesario para asegurar la victoria, los ataques fueron una demostración del poderío y liderazgo global de Estados Unidos, especialmente frente a la Unión Soviética. Aunque estas armas no volvieron a emplearse, la amenaza nuclear se insertó estructuralmente en el lenguaje político de la bipolaridad. La “destrucción mutua asegurada” y el equilibrio del terror se apoyaron sobre millones de muertes en guerras indirectas.
La detonación de las bombas modificó la trayectoria del “progreso” humano, fracturando los fundamentos morales y filosóficos de la modernidad. Fue un acto bélico contra una población civil desprotegida y sin posibilidad de escape. Si bien las normas de protección humanitaria no estaban consolidadas, existía un consenso básico sobre la distinción entre combatientes y no combatientes.
La indiferencia occidental ante estos crímenes refleja el vacío de sentido que Friedrich Nietzsche observó. La doctrina de disuasión niega el valor intrínseco de la vida humana, ya que se basa en el temor a la propia destrucción, mientras la aniquilación del otro es una variable asumida. La máxima de que ‘el fin justifica los medios’ legitima la violencia institucional, la represión de lo diferente, el atropello de derechos y la anulación moral del adversario. En palabras de Günther Anders, cuando las capacidades destructivas superaron la capacidad de juicio moral, la humanidad se sumió en una “desincronización moral”. Para Jean Baudrillard la realidad se convirtió en simulacro, la guerra se confunde con espectáculo, y la amenaza, con propaganda.
Theodor Adorno y Max Horkheimer advirtieron que la racionalidad sin ética degeneraría en barbarie: la ciencia al servicio de la crueldad, celebrada como progreso. La tecnología posibilita devastaciones sin precedentes: ya no en nombre de Dios como en las cruzadas, sino del orden, la seguridad, el Estado, el espacio vital, la democracia, la economía de mercado o la libertad. Las armas de destrucción masiva constituyen el origen simbólico de la tecnopolítica desenfrenada.
La actual configuración multipolar del poder atomiza los riesgos sistémicos, intensifica la paranoia y multiplica focos de incendio. Las recientes declaraciones de Donald Trump, al afirmar que Estados Unidos “está preparado” para una guerra nuclear, evidencian que las lecciones no han sido aprendidas: persiste el uso de pretextos bélicos bajo el falso estandarte de la paz. La exclusividad nuclear que entonces impidió represalias se extinguió en 1949. Hoy vivimos al filo de un abismo sostenido por la frágil presunción de que nadie se atreverá a cruzar esa línea.
¿Podemos confiar en que los actores globales, con o sin arsenal nuclear, se guían por la razón y la moral? La respuesta es incómoda. No hay garantías, tratados ni disuasión que nos blinden. Mientras el poder material ocupe el centro, Hiroshima y Nagasaki seguirán siendo advertencias pendientes. Su recuerdo nos convoca a no naturalizar la violencia ni a justificarla en nombre de ningún orden político, económico, religioso o social, y nos llama al compromiso con la justicia y la paz. Ante la intolerancia y la perversión del poder, tenemos la responsabilidad de exigir, recordar y no callar.