En una votación que avergüenza a los argentinos defensores de la libertad, el gobierno nacional se abstuvo de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista en Nicaragua durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú. Votaron en contra Nicaragua, Bolivia y San Vicente. La Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, República Dominicana, Honduras y México.
Una vez más, la diplomacia Fernández-Kirchner-Solá se ha colocado al margen de nuestros socios del Mercosur y de la mayoría de las capitales sudamericanas. Lejos del discurso “moderado” con el que el Jefe de Estado hizo campaña electoral, un verdadero desenmascaramiento lo presenta hoy como titular de un gobierno al servicio de las dictaduras del hemisferio.
En reiteradas oportunidades en el último año y medio, el gobierno argentino avaló directa o indirectamente las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, en una posición que nos aleja de los países democráticos de la región. A la vez, hace pocos días, en una votación en el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Argentina había optado por condenar a Israel por el uso de la fuerza de defensa ante el ataque terrorista de Hamas.
En cada una de estas votaciones, la Argentina ha visto deteriorar los vínculos diplomáticos con respecto a los que existían hasta el fin de la Administración del Presidente Macri. Lamentablemente, desde su asunción en diciembre de 2019, a pesar de un discurso “latinoamericanista” y de defensa de los Derechos Humanos, el gobierno argentino ha actuado conforme a un comportamiento que en el terreno de la práctica ha dado aval y protección a los gobiernos del llamado “Foro de San Pablo”. Esta vez, la Argentina ha optado por desplegar una diplomacia que en los hechos coloca al país al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y su híper-influyente esposa Rosario Murillo (vicepresidente).
La dictadura nicaragüense, por su parte, ha venido incrementando el uso de la violencia contra opositores y contra la población civil en los últimos años, en un curso de acción similar al de sus socios castrochavistas de Venezuela. Pero frente a esa realidad, el embajador argentino ante la OEA se ha erigido en una suerte de abogado de esos regímenes. En las últimas semanas la dictadura sandinista ordenó la detención arbitraria de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Felix Maradiaga y Arturo Cruz, entre otros líderes políticos, en aplicación de la figura de “Traición a la Patria y Lavado de dinero”.
A fines de 2020, el matrimonio Ortega-Murillo había logrado aprobar una legislación con la que consiguieron el sueño de todo dictador: unas elecciones sin candidatos opositores. En efecto, el 21 de diciembre pasado la Asamblea Nacional nicaragüense -en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene una supermayoría de 71 bancas sobre un total de 92- aprobó una ley que compromete seriamente las libertades políticas en ese país a través de dotar al jefe de Estado de la facultad de denominar “traidores a la patria” a postulantes molestos.
La legislación fue pasada en tiempo récord -había sido presentada por el Poder Ejecutivo tres días antes- para satisfacer los deseos de la pareja presidencial. Entonces, Human Rights Watch (HRW) advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo buscaba impedir en los hechos la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2021.
La actitud de la diplomacia argentina en la OEA confirma que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua -al igual que en Venezuela y Cuba- escapan la atención de las autoridades argentinas quienes hoy brindaron un nuevo servicio a la dictadura de Managua.
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