La Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó los señalamientos del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sobre presuntos involucrados en la red de huachicol fiscal y le exigió presentar pruebas ante un juez, en lugar de basarse en testimonios de oídas.
Desde el penal del Altiplano, donde permanece recluido desde septiembre de 2025, el exmando naval acusó a las autoridades de concentrar las investigaciones en su caso y dejar sin indagar a otras personas que, según él, aparecen mencionadas en el expediente.
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Farías Laguna señaló a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, como personas incluidas en el expediente y pidió que la Fiscalía investigue también a los responsables de la Aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico durante el periodo en que habría ocurrido el tráfico ilegal de combustible.
Sus declaraciones fueron difundidas este martes en una entrevista exclusiva con TV Azteca, a partir de un cuestionario que ese medio envió al imputado y de las respuestas que este respondió desde prisión.
Farías Laguna pidió investigar a políticos y mandos portuarios
El exvicealmirante sostuvo que los nombres de ‘Andy’ López Beltrán y de Adán Augusto López Hernández aparecen en la investigación y cuestionó que las autoridades no profundicen en esas referencias.
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Farías Laguna también exigió que sean citados los administradores de la Asipona y la Aduana de Tampico que ocuparon esos cargos durante el periodo investigado. Afirmó que la indagatoria ha dejado de lado a quienes, desde su perspectiva, tenían responsabilidades operativas en los puntos por donde habría circulado el combustible ilegal.
El exmando naval calificó su detención como un intento de “desviar la atención de los verdaderos culpables” y aseguró que él y su hermano, Fernando, fueron convertidos en “chivos expiatorios”.
La Fiscalía exige pruebas sobre los presuntos involucrados
La respuesta de la FGR se centró en la necesidad de sustentar las acusaciones con elementos que puedan presentarse ante un juez. La dependencia cuestionó que Farías Laguna recurriera a testimonios de oídas, es decir, referencias sobre lo que otras personas supuestamente dijeron o conocen, en lugar de aportar pruebas que respalden sus señalamientos.
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Desde la perspectiva de la Fiscalía, que una persona aparezca mencionada en una declaración o en una carpeta de investigación no demuestra, por sí solo, que haya participado en un delito. Las afirmaciones de Farías Laguna corresponden a su versión de los hechos y deberán distinguirse de las pruebas que las autoridades puedan acreditar dentro del proceso.
El caso del Challenge Procyon: el decomiso que destapó la red de huachicol fiscal
El 19 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron el buque tanque Challenge Procyon en la aduana del puerto de Altamira, Tamaulipas, tras detectar una operación de importación de combustible presuntamente irregular. La embarcación transportaba diésel declarado bajo una clasificación distinta, como aditivos para aceites lubricantes o productos petroquímicos, una maniobra que habría permitido introducir hidrocarburos al país sin cubrir los impuestos correspondientes.
El operativo se dio a conocer públicamente hasta el 31 de marzo, cuando el Gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso y las investigaciones que se habían abierto.
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El volumen de combustible asegurado se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del caso. Los primeros reportes oficiales y periodísticos hablaron de entre ocho y 10 millones de litros de diésel.
Sin embargo, una investigación publicada en enero de 2026 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Aristegui Noticias señaló que el buque habría transportado 20.9 millones de litros, una cantidad superior a la difundida inicialmente. La diferencia abrió interrogantes sobre el volumen real de la carga y los registros de la operación. La cifra de 20.9 millones corresponde a esa investigación periodística y no debe confundirse con la cantidad que las autoridades reportaron como asegurada.
El aseguramiento no se limitó al hidrocarburo. En las diligencias relacionadas con el caso, las autoridades reportaron el decomiso de armas y municiones, además de vehículos, contenedores, equipos de cómputo y documentación en inmuebles vinculados con las operaciones.
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Entre los bienes mencionados en los reportes figuran 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, seis tractocamiones sin remolque y tres camionetas tipo pick-up. Los hallazgos permitieron ampliar las pesquisas hacia la logística utilizada para recibir, almacenar y distribuir el combustible después de su ingreso al territorio nacional.
La investigación apuntó a una operación que iba más allá de un solo barco y un solo puerto
La FGR reconstruyó un esquema que, según sus investigaciones, habría utilizado buques tanque para introducir combustible a través de puertos mexicanos con documentación que lo identificaba como aceites, aditivos u otros productos derivados del petróleo. La diferencia en la clasificación aduanera permitía presuntamente reducir o evadir el pago de impuestos aplicables a la gasolina y al diésel.
El mecanismo no habría terminado con el arribo de las embarcaciones. De acuerdo con la explicación que la fiscal general Ernestina Godoy dio a conocer en agosto de 2026, funcionarios aduanales presuntamente realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y alteraban registros sobre los volúmenes y las muestras del producto.
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Después de la descarga, empresas constituidas legalmente transportaban y distribuían el combustible hacia estaciones de servicio; algunas de esas compañías habrían servido también para mover o blanquear los recursos obtenidos mediante las operaciones ilegales.
La FGR identificó actividad relacionada con el esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Por eso, el Challenge Procyon se convirtió en una pieza para reconstruir una presunta estructura de contrabando, corrupción y distribución, en lugar de quedar como un decomiso aislado.
Las autoridades también han señalado la participación de empresarios y servidores públicos que habrían facilitado el ingreso del combustible o se habrían beneficiado de su comercialización.
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Días después del operativo de Altamira, las autoridades detectaron otra operación con características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque habría introducido una cantidad comparable de hidrocarburo mediante una clasificación aduanera irregular. La coincidencia entre ambos casos reforzó la hipótesis de que se trataba de un mecanismo que podía repetirse en distintos puertos, con documentación manipulada y redes de distribución ya establecidas.
La denuncia de un mando naval precedió a las primeras detenciones
Aunque el caso se hizo público en marzo de 2025 con el aseguramiento del Challenge Procyon, la FGR ha señalado que la investigación comenzó en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, entregó al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, información sobre posibles operaciones ilícitas dentro de las aduanas marítimas.
Entre los antecedentes del expediente se encuentra la denuncia del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 habría alertado sobre presuntas irregularidades y presiones relacionadas con la operación de las aduanas.
Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de ese año en Manzanillo, Colima. Su muerte se convirtió en uno de los episodios más graves vinculados con los antecedentes de la investigación, aunque las responsabilidades penales deben establecerse con base en las indagatorias correspondientes y no sólo por la coincidencia temporal entre los hechos.
El decomiso del Challenge Procyon permitió a las autoridades avanzar hacia la identificación de personas presuntamente relacionadas con la estructura. En septiembre de 2025 se anunció la detención de 14 personas, entre ellas el entonces vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, otros integrantes de la Marina, funcionarios aduanales y empresarios. La FGR sostuvo que la red conocida como “Los Primos” habría aprovechado puestos estratégicos y movimientos de personal para facilitar la operación del esquema.
Los hermanos Farías Laguna y los mandos navales investigados
Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca; su captura se hizo pública el día 7 de ese mes. La FGR lo ha señalado como uno de los presuntos responsables de gestionar nombramientos, ascensos y movimientos de personal en las aduanas marítimas y dentro de la Secretaría de Marina, con el objetivo de mantener el control de posiciones que habrían facilitado las operaciones irregulares.
En la investigación también aparece su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, a quien las autoridades identifican como presunto líder de la organización. Después de salir de México, fue localizado en Argentina en abril de 2026 y trasladado a territorio mexicano en agosto de ese año. Una jueza lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, donde también se encuentra su hermano.
La investigación alcanzó a otros mandos navales que, de acuerdo con las autoridades, habrían intervenido en la asignación de personal o en el funcionamiento de las aduanas. Entre ellos se encuentran Clímaco Aldape Utrera, Humberto Enrique López Arellano, Sergio Varela Morales, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos y Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez.
La FGR sostiene que esas posiciones habrían permitido a la estructura influir en la operación portuaria y aduanera. Las imputaciones forman parte de procesos penales abiertos y no equivalen a una sentencia condenatoria.
Otro de los señalados por la investigación es Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol” o “Fantasma”, a quien se atribuye presuntamente la coordinación del traslado de combustible desde Estados Unidos, el reclutamiento de integrantes y la distribución de recursos entre los participantes. En septiembre de 2026, Infobae México reportó que permanecía prófugo, después de que un juez dejara sin efecto una orden de aprehensión por irregularidades procesales y ordenara emitir una nueva resolución. Ese antecedente muestra que la investigación ha avanzado mediante detenciones, pero también ha enfrentado obstáculos judiciales.
Los testimonios sobre políticos y funcionarios que ahora confrontan a Farías con la FGR
El expediente también ha generado controversia por declaraciones que mencionan a políticos y funcionarios ajenos a los primeros detenidos. En septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR explicar, hasta donde lo permitiera el proceso judicial, cómo operaba la red y quiénes habrían participado. La petición se produjo después de que trascendieran referencias a ‘Andy’ López Beltrán y al senador Adán Augusto López Hernández en testimonios relacionados con el caso. La mención de sus nombres no acredita por sí sola participación delictiva y ambos deben distinguirse de las personas formalmente procesadas por esta investigación.
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