Sinaloa separa a Enrique Mora García de la dirección del penal de El Castillo tras las riñas que dejaron sin vida a 11 internos y un menor

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa apartó a Enrique Mora García del mando del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, después de los enfrentamientos del 8 y 9 de octubre que terminaron con la vida de 11 reclusos y un menor de dos años.

El titular de la dependencia, Sinuhé Téllez López, anunció la salida este 23 de octubre y la justificó como un paso necesario para no condicionar el rumbo de las pesquisas en curso.

El funcionario explicó que la remoción permitiría que la investigación avanzara sin posibles interferencias. Mora García había llegado al cargo el 19 de septiembre de 2025 y permaneció poco más de un año al frente del reclusorio antes de su salida.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que hay investigaciones internas en la SSP y en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Un primer estallido de violencia dejó nueve reos y un niño muertos

El conflicto que originó la separación del cargo arrancó la mañana del jueves 8 de octubre con un tiroteo entre internos en los módulos cuatro y cinco del penal. Nueve personas privadas de la libertad perdieron la vida, junto con un niño de dos años que asistió a la visita familiar.

Las detonaciones alertaron al personal de custodia, que activó el protocolo de emergencia y permitió la intervención del Grupo Interinstitucional, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías estatal y municipal. Al interior del penal se recuperaron dos armas cortas calibre nueve milímetros, mientras la fiscalía documentó también rastros de disparos de arma larga.

El secretario Téllez López negó que personas ajenas al penal hubieran participado en el ataque y ubicó el origen del conflicto en una riña entre reclusos que se desplazó de un módulo a otro. Descartó de manera tajante la irrupción de un grupo armado externo.

Un segundo brote de violencia ocurrió al día siguiente, el 9 de octubre, cuando dos internos más murieron por heridas de arma punzocortante. La suma de ambas jornadas dejó un total de 12 personas fallecidas —11 reclusos y el menor— y 17 heridos.

La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación por homicidio doloso desde el primer día de los hechos.

El penal arrastraba antecedentes de violencia a lo largo de 2026: una alerta sin heridos a finales de mayo, dos muertes bajo sospecha de suicidio en junio y agosto, y el fallecimiento de dos internos en septiembre tras una agresión con objeto punzocortante en el área de talleres.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en la mañanera del 13 de octubre que el origen del enfrentamiento es una disputa entre dos células de Los Chapitos, desatada tras la liberación de un líder criminal que operaba dentro del penal. La salida de esa figura habría dejado a facciones rivales del mismo grupo en pugna por el control interno, lo que derivó en el tiroteo.

Derechos humanos exigió medidas tras las muertes

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa calificó lo sucedido como una muestra de múltiples violaciones a los derechos humanos de los internos y condenó los hechos de forma enérgica. El organismo dictó medidas precautorias y cautelares, y exigió a las autoridades penitenciarias actuar con urgencia para restablecer la operatividad y el control del centro.

Familiares de internos bloquearon carreteras la tarde del 9 de octubre en demanda de información. La comisión mantuvo acompañamiento con las familias de las víctimas mientras avanzaban las indagatorias.

El gobierno confirmó la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad: estará en Culiacán

Días después de los enfrentamientos, el gobierno estatal reportó avances en el proyecto de un nuevo penal de máxima seguridad, ubicado en Culiacán, sobre la carretera que conduce a Villa Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, acompañado de autoridades estatales, acudió a reconocer el predio, y posteriormente llegaron topógrafos desde la Ciudad de México para realizar el levantamiento técnico del terreno.

Luego de que primeros reportes señalaran la ubicación del penal en Navolato, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava precisó que la instalación no se ubicaría en tal sitio, sino dentro del municipio de Culiacán.

El proyecto requiere un predio de entre 12 y 15 hectáreas, con acceso a electricidad, agua y drenaje. El centro recibiría principalmente a internos del fuero federal clasificados como de alta peligrosidad, originarios de Sinaloa, a diferencia de los penales estatales, que concentran población del fuero común.

La obra forma parte de una estrategia nacional más amplia que contempla seis nuevos centros penitenciarios en el país, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas, que se instalarán en Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, además de Sinaloa. Estos espacios contarán con circuito cerrado de televisión, sistemas de inspección e inhibidores de señal.