El territorio mexicano exhibe una profunda y marcada fractura cuando se analiza el panorama de la niñez trabajadora. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil. Esta crisis no se distribuye de manera uniforme; el mapa nacional dibuja una clara línea de desigualdad donde los focos rojos se encienden de manera alarmante en el sur del país.
En términos relativos, la región sur-sureste concentra las problemáticas más agudas. Guerrero se posiciona como el estado con la tasa más alta a nivel nacional, al registrar que un 22.6% de su población infantil y adolescente se encuentra laborando. A esta entidad le siguen de cerca Oaxaca, con una tasa del 20.9%, y Chiapas, con un 20.3 por ciento. Las estadísticas indican que, en estos tres estados, al menos uno de cada cinco menores se ha integrado a dinámicas laborales, enfrentando situaciones donde trabajan por debajo de la edad mínima, en actividades que la ley considera peligrosas, o realizando quehaceres domésticos bajo exposición a riesgos.
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La magnitud de esta desigualdad geográfica se vuelve aún más notoria al contrastar las cifras del sur con las del norte del país. En el extremo opuesto del espectro, el estado de Sinaloa reporta la tasa más baja de trabajo infantil, con apenas un 5.4 por ciento. Le siguen Baja California, con un 5.8%, y Coahuila, con un 7.0 por ciento.
Al analizar el fenómeno desde el volumen absoluto de personas, la crisis afecta severamente a las zonas con alta densidad demográfica y rezago. Las entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en 2025 fueron el Estado de México, con 335 mil menores; Chiapas, con 326 mil, y Veracruz, con 292 mil. En contraste, las menores cantidades de población infantil laborando se registraron en estados de menor tamaño como Baja California Sur, con 19 mil casos; Colima, con 20 mil, y Aguascalientes, con 30 mil.
Esta concentración de focos rojos en entidades del sur interactúa directamente con la vulnerabilidad de ciertos grupos demográficos, los cuales tienen una fuerte presencia en dichas regiones. Por primera vez, la ENTI identificó el impacto en poblaciones específicas, arrojando que la población indígena presenta una tasa de trabajo infantil del 24.9 por ciento. Esta cifra duplica la tasa de participación nacional general, la cual se ubica en un 12.6 por ciento. La situación es particularmente crítica para los niños varones indígenas, cuya tasa alcanza el 29.1%, mientras que en las niñas indígenas es del 21.2 por ciento. Asimismo, la población afrodescendiente reportó una tasa del 15.6 por ciento.
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Las condiciones en las que laboran estos menores perpetúan el ciclo de la marginación. Del total nacional de 3.5 millones de infantes, 1.6 millones llevaban a cabo exclusivamente alguna ocupación no permitida. Por otro lado, 1.7 millones se dedicaban únicamente a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas dentro de sus hogares, y 0.2 millones combinaron ambas formas de trabajo.
Aunque a nivel nacional se registró un descenso en la población en situación de trabajo infantil, pasando del nivel más alto registrado en 2022 con 3.7 millones, a 3.5 millones en 2025, el mapa actual del INEGI demuestra que el progreso es profundamente asimétrico.
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