Por qué México sufrió la expulsión internacional de la CONATRIB

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) resolvió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) por respaldar la elección popular de jueces y magistrados, mecanismo vinculado con la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.

De las 70 delegaciones de magistrados participantes, 53 votos a favor respaldaron la exclusión, 13 se emitieron en contra y cuatro correspondieron a abstenciones. La moción obtiene cerca de 80% de los votos emitidos, por encima de los dos tercios exigidos por los estatutos de la organización. La votación secreta ocurrió el pasado 17 de octubre.

El procedimiento inició después de que la CONATRIB publicó, el 28 de junio de 2024, un pronunciamiento a favor de elegir mediante voto popular a jueces y magistrados.

Advirtió el Comité de la UIM que ese mecanismo contradice la designación por mérito y criterios objetivos, además de afectar la inamovilidad y la independencia judicial.

La asociación mexicana entregó su informe el 30 de junio de 2025 y sostuvo que la reforma “fue producto del ejercicio de la soberanía popular y tiene la obligación constitucional de acatarla”. Los relatores de Argentina y España concluyeron que la respuesta no desvirtúa la preocupación central de la UIM.

Dichos relatores señalaron que la CONATRIB avaló un mecanismo contrario a la independencia y la apoliticidad exigidas por el estatuto para las asociaciones miembro. Con esa conclusión, determinaron que la organización mexicana dejó de cumplir las condiciones que permitieron su admisión.

JUFED celebra la expulsión de la CONATRIB de la UIM por su respaldo a la reforma judicial

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) este 19 de octubre celebró la expulsión de la CONATRIB de la UI), decisión que, según la asociación, se tomó tras concluir que respaldó la reforma judicial y vulneró los estándares internacionales de independencia judicial.

Esta resolución ocurrió durante la reunión anual del Consejo Central de la UIM. De acuerdo con la JUFED, el organismo determinó que la CONATRIB incumple los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

Sostuvo la JUFED que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, afecta la función jurisdiccional porque desplaza criterios como el mérito, la capacidad y la carrera judicial. También afirmó que las organizaciones que apoyaron la reforma convalidaron un mecanismo de sometimiento de la judicatura.

La JUFED señaló que la independencia judicial garantiza que la ciudadanía tenga tribunales imparciales y libres de consignas del poder. El comunicado está firmado por la Directiva Nacional de la organización para el periodo 2026-2027.

SCJN enfrenta un déficit de 130 millones de pesos y pone en duda el seguro médico de 288 trabajadores

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el filtro más estricto para admitir asuntos redujo cerca de 30% los expedientes que ingresan al tribunal, una medida dirigida a disminuir el rezago judicial.

Durante el balance de su primer año de gestión, también reconoció un déficit presupuestal y se comprometió a resolver antes de que concluya 2026 el asunto sobre prisión preventiva oficiosa planteado por la CIDH.

En entrevista con Infobae México, Aguilar explicó que la Secretaría General de Acuerdos revisa ahora cada caso antes de admitirlo. Los asuntos que no establezcan un criterio útil para el sistema jurídico nacional dejan de llegar al Pleno.

La SCJN busca impedir que los mecanismos judiciales se utilicen para retrasar la solución de conflictos. “Para abatir rezago necesitamos sacar más asuntos que los que ingresan”, sostuvo el ministro presidente.

Suprema Corte reduce tiempos para turnar los expedientes

Aguilar señaló que la salida de asuntos ya comienza a superar los ingresos. Un expediente tardaba tres meses en llegar a la mesa de los ministros; el plazo actual es de 15 a 20 días.

El presidente de la Suprema Corte indicó que todavía existe un expediente con cuatro años de rezago. También refirió un engrose, que corresponde al ajuste final de una sentencia, cuya conclusión demoró dos años.

Entre las medidas atribuidas a su administración mencionó un sistema informático para turnar los asuntos de manera aleatoria. La institución también permite seguir los expedientes mediante códigos QR desde cualquier parte del país y avanza en la digitalización, aunque conservará apoyo para las personas sin acceso a internet.

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