Un hombre murió mientras cumplía un arresto administrativo en los separos de Seguridad Pública de San Felipe, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del fallecimiento, ocurrido el 7 de octubre, mientras las grabaciones de videovigilancia y los registros médicos forman parte de las pruebas que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.
El caso tiene antecedentes en otros municipios de Guanajuato. En Comonfort, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) determinó en octubre de 2025 que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar la vida de un hombre que murió después de ser detenido y trasladado a los separos.
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En León, otro fallecimiento ocurrido ese mismo año generó cuestionamientos después de que la causa de muerte consignada en el acta de defunción contradijera la primera versión difundida por la Policía Municipal. En Juventino Rosas, un hombre también murió bajo custodia en mayo de 2025 y se anunció una investigación interna para revisar los procedimientos aplicados.
Los tres antecedentes tienen circunstancias diferentes y no permiten anticipar qué ocurrió en San Felipe. Sin embargo, documentan casos en los que las actuaciones de los agentes, la atención médica, los testimonios y las pruebas disponibles resultaron relevantes para esclarecer muertes ocurridas durante una detención.
El hombre fallecido en San Felipe tenía aproximadamente 30 años y cumplía un arresto administrativo de 36 horas por un presunto intento de robo de vehículo y una agresión contra policías, de acuerdo con reportes locales. La muerte ocurrió alrededor de las 18:00 horas dentro de las instalaciones municipales ubicadas en la salida hacia la carretera San Felipe-Ocampo.
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Según la versión de la alcaldesa Saraí Lepe Monjaras, el detenido permanecía en una celda acompañado de otro interno. Este último se percató de que el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud y alertó a los guardias, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.
El personal que acudió al lugar realizó maniobras de atención y reanimación, pero el hombre murió dentro de las instalaciones. Protección Civil señaló inicialmente la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa oficial debía ser determinada por la autoridad competente y el médico legista.
La alcaldesa informó que las cámaras de videovigilancia habían registrado parte de lo ocurrido y que las grabaciones serían entregadas a las autoridades investigadoras. El director de Seguridad Pública municipal, Fernando Delgado, señaló que el hombre llevaba alrededor de dos horas detenido cuando comenzó a convulsionar, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.
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Hasta el cierre de esta nota informativa no se había confirmado una conclusión médico-forense definitiva sobre la causa de muerte ni se habían dado a conocer posibles responsabilidades de los funcionarios que se encontraban de turno. La existencia de un certificado médico de ingreso, referida por el director municipal, tampoco permite establecer por sí sola cuál era el estado de salud del hombre durante las horas posteriores a su detención.
Comonfort: derechos humanos documentó agresiones dentro de los separos
El antecedente más documentado ocurrió en Comonfort el 5 de mayo de 2024. Un hombre de 25 años fue detenido después de participar en una riña y murió posteriormente en los separos municipales.
El 17 de octubre de 2025, la PRODHEG emitió una resolución de recomendación en la que determinó que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar el derecho a la vida del detenido. El organismo también señaló al juez calificador por no proteger su derecho a la seguridad jurídica.
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La resolución se sustentó en declaraciones de los agentes, testimonios, grabaciones de videovigilancia y el dictamen de necropsia. De acuerdo con este último documento, la causa de muerte fue un traumatismo profundo de tórax. El cuerpo presentaba diversas lesiones y fracturas en cinco costillas.
Las imágenes revisadas por la PRODHEG permitieron observar agresiones contra el detenido dentro de las instalaciones. Los testimonios incorporados al expediente también describieron golpes y quejidos antes de que el hombre se desplomara.
El organismo concluyó que los policías señalados no protegieron la vida del detenido. En el caso del juez calificador, determinó que presenció una agresión sin impedirla ni adoptar medidas posteriores para proteger a la víctima.
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La resolución de Comonfort constituye un antecedente relevante por la manera en que se reconstruyeron los hechos. Las grabaciones no se analizaron de forma aislada: se contrastaron con los testimonios y las pruebas médico-forenses para establecer qué ocurrió durante la custodia.
En San Felipe, la existencia de cámaras también puede ayudar a determinar la secuencia de los acontecimientos, aunque hasta ahora no se ha informado de hallazgos que permitan equiparar ambos casos.
León: el acta de defunción contradijo la primera versión policial
En septiembre de 2025, Armando, de 51 años, murió en instalaciones de la Policía Municipal de León, después de haber sido detenido la tarde anterior. El caso generó cuestionamientos por las diferencias entre la versión inicial de la corporación y la información contenida en el acta de defunción.
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La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León sostuvo inicialmente que el hombre no presentaba huellas de violencia durante su estancia en las instalaciones policiales. También circularon versiones iniciales sobre una posible congestión alcohólica.
Sin embargo, familiares de Armando señalaron que el cuerpo presentaba golpes y compartieron el acta de defunción, que consignaba como causa de muerte un traumatismo profundo de tórax. El documento también indicaba que no había recibido atención médica durante la enfermedad o lesión previa a su fallecimiento, según la información publicada por el periódico AM.
La Fiscalía General del Estado intervino para investigar las circunstancias de la muerte y realizar las diligencias correspondientes. La información difundida entonces no permite establecer quién provocó las lesiones ni atribuir una responsabilidad penal definitiva.
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El caso mostró la importancia de distinguir entre las primeras explicaciones ofrecidas después de una emergencia y los resultados de las pruebas médico-forenses. En San Felipe, la hipótesis inicial de un paro cardiorrespiratorio tampoco debe confundirse con una conclusión definitiva sobre la causa del fallecimiento.
Juventino Rosas: también se anunció una revisión interna
El 14 de mayo de 2025, un joven murió en los separos municipales de Juventino Rosas, donde se encontraba bajo detención preventiva. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó el fallecimiento y notificó a la Fiscalía estatal para que iniciara la investigación correspondiente.
La dependencia también anunció una investigación interna para verificar si el personal había cumplido los procedimientos operativos del área de detención. Además, informó que facilitaría los registros videográficos disponibles y que se brindaría acompañamiento a los familiares mediante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, afirmó públicamente que el joven se había suicidado dentro del área de barandillas. Esa versión fue difundida mientras la Fiscalía investigaba el caso.
A diferencia de Comonfort, donde la PRODHEG emitió una resolución que atribuyó omisiones a servidores públicos, en el caso de Juventino Rosas las fuentes consultadas documentaron el inicio de las investigaciones ministerial y administrativa, pero no una resolución equivalente sobre responsabilidades.
La distinción es importante: la apertura de una investigación no demuestra por sí misma que los agentes hayan cometido una irregularidad. Su objetivo es establecer qué ocurrió y si se cumplieron los procedimientos aplicables.
Los protocolos de custodia, bajo revisión
Las muertes ocurridas en instalaciones policiales también han sido objeto de supervisión preventiva por parte de organismos de derechos humanos. En diciembre de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe sobre visitas realizadas en junio de 2021 a 11 separos municipales de Guanajuato.
El documento identificó factores de riesgo relacionados con las certificaciones médicas, las condiciones de alojamiento, la alimentación y el acceso a comunicación con familiares y asistencia jurídica. El objetivo era detectar situaciones que pudieran favorecer actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El informe no incluyó a San Felipe entre los municipios supervisados, por lo que sus hallazgos no pueden atribuirse directamente a las instalaciones donde murió el hombre en octubre de 2026. El antecedente, sin embargo, documenta que las condiciones de detención municipal ya habían sido objeto de revisión institucional en el estado.
En el caso de San Felipe, las preguntas pendientes son concretas: qué estableció la necropsia, qué muestran las grabaciones, cuál era el estado de salud del detenido al ingresar, qué atención recibió cuando comenzó a convulsionar y cuánto tiempo transcurrió entre el aviso a los guardias y la llegada de los servicios de emergencia.
Los antecedentes de Comonfort, León y Juventino Rosas muestran que las muertes bajo custodia pueden derivar en investigaciones con resultados distintos. En San Felipe, la causa del fallecimiento y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento.
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