Dos expedientes judiciales y financieros en Estados Unidos muestran cómo el narcotráfico mexicano usó el negocio de los conciertos para lavar dinero. El primero involucra al promotor Jesús Pérez Alvear y la Feria de San Marcos de Aguascalientes en 2018.
El segundo señala al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y a la promotora In House Espectáculos en Baja California, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de septiembre de 2025. Ambos casos comparten un mismo patrón: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a promotores de espectáculos musicales como operadores financieros de facciones del crimen organizado.
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Jesús Pérez Alvear y la Feria de San Marcos en Aguascalientes
La OFAC sancionó en abril de 2018 al promotor Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, y a su empresa Gallística Diamante. El organismo también usaba para la firma el nombre comercial Ticket Premier.
El Tesoro estadounidense señaló que Pérez Alvear lavaba ganancias del narcotráfico pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Cuinis. Según la dependencia, el promotor mezclaba ese dinero con los ingresos legítimos de la venta de boletos, alimentos y estacionamiento en los palenques.
Pérez Alvear mantenía un vínculo cercano con Abigael González Valencia, entonces líder de Los Cuinis. González Valencia era cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador del CJNG.
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Ese vínculo le permitió a Pérez Alvear llevar espectáculos musicales a la Feria de San Marcos y a la feria de San Isidro Metepec, en el Estado de México. La OFAC afirmó además que el promotor usaba la violencia para obtener las concesiones que le permitían operar esos conciertos.
La sanción se hizo pública pocos días antes del inicio del palenque de 2018 en Aguascalientes. El patronato organizador y Pérez Alvear decidieron que el espectáculo debía continuar pese a la designación del Tesoro.
El cantante Gerardo Ortiz figuraba en la cartelera de esa edición junto a Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Emmanuel y Mijares. Agentes del FBI abordaron a Ortiz en un aeropuerto de Phoenix, Arizona, y le advirtieron que cantar en ese palenque violaría la Ley Kingpin.
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Pérez Alvear murió baleado en un restaurante de Ciudad de México en diciembre de 2024. Para entonces ya se había declarado culpable de lavar dinero para Los Cuinis y había aceptado colaborar con el Gobierno de Estados Unidos.
Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y la red de In House Espectáculos en Baja California
El Departamento del Tesoro sancionó el 18 de septiembre de 2025 a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y a su socio Carlos Villela Gómez Santelices. Según la OFAC, ambos operaban bajo las órdenes de Jesús González Lomelí, a quien el organismo describió como un lavador de dinero de alto rango del Cartel de Sinaloa.
La OFAC vinculó a González Lomelí con René Arzate García, alias La Rana, uno de los principales lugartenientes de Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, en la plaza de Tijuana. El Mayito Flaco encabeza Los Mayos, la facción del Cartel de Sinaloa que su padre, Ismael Zambada García, dirigió hasta su arresto en julio de 2024.
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Entre las empresas de Moreno sancionadas por el Tesoro figura Conciertos y Espectáculos Inhouse, registrada comercialmente como In House Espectáculos. La promotora organizó conciertos en Tijuana, Mexicali y Ensenada con artistas como Ricky Martin, Roberto Carlos y Alejandra Guzmán.
La OFAC describió a la red de Moreno como “una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también blanquea dinero”. La dependencia designó junto con In House Espectáculos a otras firmas de Moreno, entre ellas Inteliproof Efficient y Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría.
Inteliproof Efficient mantenía contratos como proveedora de uniformes y equipo táctico para la policía de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría, también conocida como Promociones CHF de Baja California, se había adjudicado contratos con la Secretaría de Turismo estatal.
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El Tesoro también sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. El organismo lo identificó como un operador político de Los Mayos en la región y señaló que el Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025.
Desde diciembre de 2025, las cuentas de In House Espectáculos en Instagram y Facebook dejaron de publicar contenido. El último concierto que la promotora organizó fue el del cantante Marc Anthony en el Valle de Guadalupe.
Las condenas de Gerardo Ortiz y Ángel del Villar en una corte federal de Los Ángeles
El caso de Aguascalientes derivó en un juicio federal contra el productor musical Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records y de la agencia Del Entertainment. Un tribunal de Los Ángeles celebró ese juicio en marzo de 2025 por hacer negocios con Pérez Alvear, un narcotraficante ya designado por la OFAC.
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Gerardo Ortiz testificó en ese proceso y relató que Del Villar lo convenció de presentarse en Aguascalientes pese a su temor inicial. El cantante declaró que terminó por abordar casi a la fuerza un jet privado rentado por casi 50.000 dólares para llegar al palenque.
Después de esa presentación, Ortiz ofreció otros 18 conciertos por los que cobró alrededor de 1,5 millones de dólares, según se documentó en el tribunal. En un concierto privado en Ciudad Guzmán, Jalisco, Ortiz recibió 98.000 dólares, Del Villar se quedó con 24.000 dólares de comisión y Pérez Alvear cobró 6.500 dólares, equivalentes al 5% del pago total.
Ortiz firmó un acuerdo de culpabilidad el 22 de febrero de 2024 y su colaboración con el FBI le permitió evitar la prisión. Una jueza lo sentenció en noviembre de 2025 a 36 meses de libertad condicional.
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Del Villar y su agencia fueron declarados culpables de más de 10 cargos relacionados con violaciones a la Ley Kingpin. El tribunal lo condenó a cuatro años de prisión y a una multa de 2 millones de dólares.
Del Villar debía comenzar a cumplir su condena en diciembre de 2025, pero una jueza ordenó que permaneciera en libertad bajo fianza mientras se resuelve su apelación. A las puertas de la corte, el productor declaró a los reporteros: “Prefiero mil veces estar sentado en una reja que ser informante del Gobierno”.
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