Redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram operan como la principal puerta de entrada para el reclutamiento de adolescentes por parte crimen organizado en México. La periodista Marcela Turati documentó el fenómeno para Quinto Elemento Lab, en una investigación coordinada con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
El reportaje se centra en la terminal de autobuses de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos rivales. El modus operandi consiste en ofertas falsas de empleo difundidas en plataformas digitales que terminan en la desaparición de jóvenes.
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El comandante Martín Escobar, policía municipal de Tlaquepaque, explicó a Turati cómo identifican a las posibles víctimas. Los jóvenes llegan a la terminal con instrucciones de abordar un autobús, pero algo falla en el plan y se delatan.
Esa falla en el engaño es la señal que buscan las autoridades. Según relató el propio comandante a la periodista, los jóvenes enganchados se ponen nerviosos cuando nadie los contacta, cuando no llega el boleto prometido o cuando se les agota la batería del celular mientras esperan una instrucción que nunca llega.
El modus operandi documentado en la terminal de Tlaquepaque
El Gobierno municipal de Tlaquepaque contabilizó 94 personas localizadas en año y medio, de las cuales 51 eran menores de edad. Las víctimas provenían mayoritariamente de Jalisco, aunque también llegaron desde Michoacán, Guerrero, Sonora y otros estados.
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Las ofertas más frecuentes correspondían a empleos de seguridad privada con sueldos de entre 10 mil y 15 mil pesos semanales, según detalló Escobar. El esquema inicia con un “me gusta” a un perfil en redes sociales y continúa con un traslado a WhatsApp o Telegram, donde se concreta la oferta.
¿Por qué las redes sociales facilitan el reclutamiento de jóvenes en México? De acuerdo con la periodistas, estas permiten un contacto directo, privado y sin rastro físico entre el reclutador y la víctima. Los cárteles usan emojis, narcocorridos y anuncios de empleo con sueldos elevados para captar la atención de adolescentes que buscan trabajo, y el enganche se traslada rápido a aplicaciones de mensajería cifrada.
El Consejo de Seguridad de Jalisco informó a Quinto Elemento Lab que, entre febrero de 2025 y agosto de 2026, atendió 20 denuncias de posible reclutamiento forzado o trata de personas. En cinco de esos casos, las plataformas digitales fueron el canal de contacto inicial.
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El caso de Merari Noemí García Mejía y el hallazgo del rancho Izaguirre
Merari Noemí García Mejía, madre soltera de 19 años, desapareció el 20 de mayo de 2024 tras aceptar una oferta de empleo como guardia de seguridad en Zapopan. Su hermana Rubí le advirtió que el anuncio, encontrado en Facebook, parecía una estafa por el salario ofrecido de 6 mil pesos semanales.
La joven subió una selfie desde el vehículo que la trasladaba a la terminal de autobuses y nunca más tuvo contacto con su familia. Meses después, sus pertenencias aparecieron entre los objetos hallados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.
El hallazgo del rancho Izaguirre, en marzo de 2025, confirmó ante la opinión pública lo que las familias buscadoras denunciaban desde hacía años. El colectivo Guerreros Buscadores encontró en el predio prendas de ropa, casi 200 pares de zapatos y objetos personales que vincularon el lugar con el entrenamiento forzado de jóvenes captados mediante engaños.
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La madre de Merari, Ruth Mejía, escuchó en una audiencia judicial el testimonio de un testigo sobre el destino de su hija. Según relató a la periodista, un integrante del grupo armado le ordenó a Merari que matara a otra persona y, al negarse, fue agredida y asesinada.
Turati explicó en la entrevista con Aristegui Noticias que investigó específicamente el caso de Jalisco por ser, según sus palabras, “casi el epicentro” del reclutamiento forzado en el país. La periodista recorrió la terminal de Tlaquepaque durante varios días para documentar los operativos policiales.
Qué dice el estudio de El Colegio de México sobre TikTok
El Colegio de México (Colmex) publicó en abril de 2025 un estudio que analizó 100 cuentas activas en TikTok vinculadas al reclutamiento criminal. La investigación detectó que los cárteles usan audiovisuales musicalizados y un lenguaje basado en emojis y hashtags para atraer a jóvenes.
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Turati mencionó en la entrevista que este estudio reveló patrones similares a los que después identificó el equipo de CLIP en Colombia y Ecuador. La antropóloga Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), advirtió sobre la escala del fenómeno.
Azaola estimó, con base en un modelo matemático publicado por la revista Science en 2023, que los cárteles necesitarán reclutar 500 personas por semana hacia 2027. Esa cifra ubicaría a las organizaciones criminales como el quinto empleador del país, por encima de empresas como Oxxo o Bimbo.
La investigadora señaló en declaraciones citadas por Turati que no existe duda de que el reclutamiento forzado constituye hoy la primera causa de las desapariciones en México. Azaola sostuvo que una persona reclutada tiene una probabilidad más de 100 veces superior de ser víctima de homicidio.
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La ausencia de una ley federal contra el reclutamiento forzado
Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia y expresidente de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explicó a Turati que se han presentado más de 50 iniciativas de ley en el Congreso federal y en congresos estatales. Ninguna logró aprobarse a nivel nacional.
“Lo que hay que regular no es el producto [...] es el modelo de negocio”, afirmó Pérez a Quinto Elemento Lab. El especialista remarcó que las plataformas capturan datos y atención de los usuarios sin ningún tipo de supervisión externa.
Solo tres entidades federativas aprobaron legislación local contra el reclutamiento forzado: Jalisco, Zacatecas e Hidalgo. Pérez señaló que esas leyes estatales no pueden regular a las plataformas digitales, porque esa facultad corresponde exclusivamente a la federación.
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En 2011, 2015 y 2024, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió formalmente a México tipificar el reclutamiento forzado como delito. Pérez recordó en la entrevista con Aristegui Noticias que ese reclamo internacional lleva más de una década sin respuesta legislativa.
Esa ausencia de tipificación impide procesar a los detenidos del rancho Izaguirre por el delito específico de reclutamiento forzado. Pérez subrayó que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, lograron que el Congreso avanzara en ese sentido, pese a reconocer públicamente que el predio funcionaba como campo de entrenamiento.
Las respuestas de Meta y TikTok ante las denuncias
Eliana Pérez Gaffney, gerente de política pública para México, Centroamérica y el Caribe de Meta, compareció ante la Comisión de Derechos Digitales del Senado. La funcionaria afirmó que la empresa invirtió millones de dólares en monitoreo automatizado y manual de contenido.
Pérez Gaffney sostuvo ante el Senado que México es el país con más organizaciones criminales designadas como peligrosas dentro de las políticas internas de Meta. Un vocero de TikTok, consultado para el reportaje, negó tener evidencia de que el reclutamiento de adolescentes ocurra específicamente en esa plataforma.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emplazó en mayo de 2025 a Meta y a TikTok a instalar, en un plazo máximo de 15 días, una mesa de trabajo con expertos para abordar el reclutamiento. Según confirmó su líder, Indira Navarro, a Turati, ninguna de las dos compañías respondió a esa exigencia.
“Estamos viendo que hay cada vez más anuncios, más videos”, dijo Navarro a Quinto Elemento Lab, en una entrevista realizada el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La activista denunció que los grupos criminales ya no ocultan sus intenciones detrás de ofertas disfrazadas.
Navarro agregó ante la publicación que los cárteles publican videos donde piden directamente “gente para tal cártel”, sin camuflaje alguno. La líder de Guerreros Buscadores también reclamó que las plataformas reportadas por su colectivo no son dadas de baja con la rapidez necesaria.
El testimonio del comandante sobre el cambio de estrategia criminal
En la entrevista con Aristegui Noticias, Turati explicó que los grupos criminales modifican su operación en cuanto detectan que las autoridades identificaron su modus operandi. El propio comandante Escobar reconoció esa dinámica ante la periodista.
La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Pérez Segura, instaló cámaras de vigilancia, detectores biométricos y torniquetes en los accesos a los andenes de la terminal. También exigió que cada pasajero muestre su credencial de elector antes de abordar un autobús.
Pese a esas medidas, los operativos interceptan solo una fracción de los casos reales. El investigador Víctor Manuel González, exrector de la Universidad de Guadalajara, documentó 69 casos de personas cuya última ubicación conocida fue esa misma terminal, de las cuales 33 permanecen sin localizar.
Turati señaló en la entrevista que el gobierno federal, a través de la oficina de García Harfuch, no respondió a su solicitud de entrevista sobre las labores de ciberpatrullaje que ha anunciado públicamente. La falta de esa información impide verificar la efectividad real de los operativos digitales oficiales.
La periodista remarcó ante Aristegui Noticias que el problema se repite con un patrón similar en Colombia y Ecuador, según constató el equipo de CLIP. Esa coincidencia regional llevó a la organización periodística a bautizar la investigación conjunta como “El Algoritmo Reclutador”.
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