México enfrenta el desafío de reducir la desigualdad en la organización de los cuidados, priorizando la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNyPC), el cual integre políticas públicas, servicios, recursos y responsabilidades en todos los niveles de gobierno mediante un esquema de coordinación que se beneficioso para todas las personas. Aunque en los últimos años se han registrado avances institucionales, persisten retos significativos para lograr un cambio estructural.
A poco más de un año de la adopción del Compromiso de Tlatelolco, acuerdo regional que reconoce los cuidados como derecho humano y condición para la igualdad de género, el avance hacia una política integral aún enfrenta limitaciones.
El Consorcio Organizador del Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México” (integrado por diez organizaciones nacionales e internacionales) advirtió sobre la urgencia de consolidar un sistema que garantice este derecho y supere los enfoques fragmentados.
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Brecha en el acceso a los cuidados en México
Aunque México ha institucionalizado la agenda de atención, aún existen carencias profundas, entre las que destacan la insuficiencia en el acceso a servicios, donde nueve de cada diez personas con discapacidad no acuden a un centro especializado, y solo el 2% de la oferta pública está dirigida a personas mayores. De la misma forma, también persiste la precarización de quienes realizan estas tareas y la división de políticas que no se alinean bajo una estrategia nacional común.
El análisis de las organizaciones señaló que el presupuesto actual resulta insuficiente para construir un sistema universal. Para 2026, el gasto público proyectado para programas federales relacionados con los cuidados representó apenas el 1.21% del PIB, una inversión que debe incrementarse de manera gradual y sostenida.
Prioridades para consolidar el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados
De acuerdo con el Consorcio estas deben de las prioridades para consolidar un sistema de cuidados que priorice a los pacientes y a las personas que realizan estas labores de atención:
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- Presupuesto e infraestructura pública de cuidados
- Articulación institucional entre los distintos órdenes de gobierno y armonización del marco normativo
- Corresponsabilidad social y de género, que incluye condiciones laborales dignas para quienes cuidan de forma remunerada y no remunerada
Uno de los retos más relevantes es modificar las normas culturales que han asignado históricamente a las mujeres, intentando impulsar la corresponsabilidad de hombres, familias, Estado, sector privado y sociedad, asumiendo un papel activo dentro de la distribución de tareas.
Reconocer los derechos de quienes cuidan implica también mejorar las condiciones laborales de cada una de las personas que lo hacen de forma remunerada, además de ofrecer apoyos y protección a la comunidad que no recibe un pago, especialmente en casos intensivos o prolongados.
Consolidar un marco legal en beneficio de las cuidadoras
Fortalecer el marco jurídico es prioritario para poder llegar a un esquema que beneficie a todas las personas dentro de este sector. Actualmente, las normativas existentes abordan solo aspectos parciales del cuidado, por lo que se propone avanzar hacia el reconocimiento explícito del derecho al cuidado y promover reformas laborales y de seguridad social que garanticen la corresponsabilidad y protejan los derechos tanto de quienes cuidan como de quienes requieren cuidados.
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El Compromiso de Tlatelolco y los progresos institucionales recientes posicionan a México para profundizar en la agenda del cuidado. Por ello, el Consorcio llamó a los tres órdenes de gobierno, legisladores, sociedad civil, sector privado y a la cooperación internacional a sumar esfuerzos para consolidar este sistema nacional, con el objetivo de construir una política pública de largo plazo que asegure la atención como un derecho garantizado y una responsabilidad colectiva, favoreciendo la igualdad y la justicia social para toda la población.
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