El gobierno de México puso en marcha la estrategia EVITAR para que el personal médico identifique posibles casos de violencias en niñas y adolescentes, así como embarazos en menores de edad durante las consultas.
El programa, respaldado por el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva y la Secretaría de las Mujeres, buscó frenar la normalización del embarazo infantil como un hecho cultural o una decisión precipitada.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que el embarazo en niñas constituyó una vulneración grave de derechos.
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“Para el Gobierno de México el embarazo de una niña no puede ser normalizado como un hecho precoz en su vida, como una cuestión cultural o incluso una decisión precipitada. Es una expresión de la violencia sexual, familiar, comunitaria, institucional y una vulneración grave de sus derechos”, señaló.
Las 32 Secretarías de Salud estatales fueron responsables de la implementación local de la estrategia, que articuló la respuesta médica en seis pasos:
- Explorar factores de riesgo.
- Valorar la severidad de la violencia.
- Identificar redes de apoyo.
- Tratamiento integral —incluida la oferta de Interrupción Legal del Embarazo.
- Articular el acompañamiento institucional con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público.
- Referir a servicios especializados.
La directora general del CNEGSSR, Teresa Ramos Arreola, detalló que el enfoque buscó un “cambio de paradigma”, donde la protección de derechos humanos sustituyera la presunción de que toda niña o adolescente embarazada lo estaba por voluntad propia.
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La estrategia contó con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud en México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación a través del Conapo y del SIPINNA, además de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estrategia contra el embarazo y matrimonio infantil
El problema del embarazo infantil y el matrimonio forzado en México tomó relevancia nacional durante el actual gobierno luego de que, en junio de 2025, se viralizó una lista con al menos 30 casos de niñas que tuvieron hijos con hombres de hasta 70 años, según Infobae México. La indignación social derivó en presión hacia el gobierno federal para actuar contra el abuso sexual infantil y las uniones forzadas.
En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de las Mujeres a diseñar una estrategia, que inició en abril de 2026 en 50 municipios con alta incidencia, particularmente en Guerrero y Chiapas.
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Para atender el fenómeno, el gobierno destinó 39.9 millones de pesos al despliegue de 279 promotoras y brigadistas en comunidades rurales, ejidos y zonas costeras, con presupuesto del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).
El objetivo consistió en prevenir el embarazo en niñas de 10 a 14 años y reducir la maternidad adolescente, priorizando localidades con mayor vulnerabilidad y rezago, según Infobae México.
Estrategia territorial y acciones clave
La intervención utilizó promotoras vinculadas a sector salud, fiscalías estatales y los Centros LIBRE, en coordinación con instancias estatales y municipales. Las brigadistas recorrieron caminos remotos para llegar a localidades donde las uniones forzadas y el abuso sexual infantil son prácticas normalizadas.
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Se realizaron visitas domiciliarias, actividades en escuelas y charlas con personal docente, de salud y familias.
Los materiales pedagógicos distribuidos en nueve tipos de intervenciones apostaron por modificar las condiciones estructurales de exclusión y violencia en comunidades indígenas, afromexicanas y rurales.
Según Infobae México, la estrategia exigió la coordinación de autoridades de todos los niveles, con acciones como la presentación de promotoras ante autoridades locales, la firma de compromisos de prevención y la difusión de rutas de atención.
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Matrimonio infantil: cifras y consecuencias
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advirtió que las uniones tempranas y forzadas representan una violación grave a los derechos humanos.
En 2024, el INEGI documentó siete matrimonios con menores de edad en estados como Michoacán, Chiapas y Nuevo León.
La incidencia de mujeres menores que se casan superó a la de los hombres. Las principales consecuencias incluyeron abandono escolar, violencia y riesgos para la salud física y mental.
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El Fondo de Población de Naciones Unidas reportó que México ocupó el segundo lugar en América Latina en número de adolescentes mujeres casadas o unidas antes de los 18 años, con 10.4 millones de casos.
Estados y municipios priorizados
La estrategia abarcó municipios de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y otros.
Los criterios de selección incluyeron niveles de violencia sexual, embarazo en menores y prevalencia de uniones tempranas.
Entre los casos recientes documentados por Infobae México destacó el de una niña de 13 años en Chiapas que dio a luz con complicaciones graves de salud, hecho investigado por la fiscalía estatal como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado.
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