La semana pasada trascendió que dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecieron en un accidente automovilístico en el norte de México mientras participaban en una operación antidrogas clandestina. Ninguno contaba con acreditación para operar en territorio nacional: uno viajaba con pasaporte diplomático y el otro había ingresado al país como turista.
La ley mexicana es explícita: los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operaciones dentro del país. A pesar de ello, el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con la CIA sin notificar a la Cancillería, lo que representaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
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El Senado convoca —y Campos no aparece
Ante la gravedad de los hechos, el Senado de la República convocó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a una reunión de trabajo con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. El encuentro había sido confirmado por legisladores tanto del PAN como de Morena, y estaba previsto para este martes 28 de abril.
Sin embargo, la comparecencia no apareció en la agenda oficial del Senado. Y este martes, mientras medios de comunicación aguardaban su llegada, la gobernadora ya había tomado su decisión desde el día anterior.
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Los “argumentos” para no asistir
Este martes, el Gobierno del Estado de Chihuahua difundió el oficio que Campos había dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, fechado el 27 de abril.
En el documento, la gobernadora declina la invitación y lo justifica con: no comprometer las investigaciones en curso. El texto señala que la determinación responde a la necesidad de “salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones, evitando comprometer información de carácter confidencial o clasificada”, así como garantizar la seguridad nacional.
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También la gobernadora menciona que según se instruyó la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narco Laboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos —en referencia a los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril— y que dicha unidad ya remitió información a la Fiscalía General de la República.
El gobierno estatal reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales “una vez que las condiciones del proceso lo permitan.”
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Preguntas sin resolver tras la ausencia de Campos
La postura de Campos no es jurídicamente indefendible: la reunión era una invitación, no una citación obligatoria. Pero su ausencia deja sin respuesta pública lo más relevante: qué ocurrió exactamente en Chihuahua, quién autorizó la coordinación con la CIA y por qué se hizo al margen de la Cancillería y de la Ley de Seguridad Nacional.
La FGR ya inició investigaciones. La Unidad Especializada del gobierno estatal trabaja en paralelo. Y el Senado, por ahora, espera.
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