Reclutado por el CJNG y con un síndrome que contradice las acusaciones, el colombiano Iván Cano podría ser condenado

Iván Cano, un joven colombiano con una condición genética severa, está a punto de ser condenado en México tras ser acusado de portar armas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque pruebas médicas y testimonios apuntan a que sería físicamente imposible.

Originario de Villavicencio, el caso del joven de 25 años de edad ha generado alarma entre organizaciones civiles. Diagnosticado con síndrome de Marfan, permanece privado de se libertad en un penal de Morelia, Michoacán, a la espera de una sentencia por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, crimen que enfrenta tras caer en una oferta laboral fraudulenta del CJNG, organización que lo reclutó.

La historia comienza en mayo de 2025, cuando Cano recibió una propuesta de empleo a través de una web internacional, cuenta la cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera a Radio Fórmula.

Tras arribar a Cancún y luego a Guadalajara, envió un último mensaje a su madre: “Ma, ya estoy en Cancún, estoy bien”. Desde ese momento perdieron todo contacto con él.

Niño de Rivera apunta que el joven finalmente fue secuestrado saliendo del aeropuerto de la capital jalisciense por sujetos que se identificaron como miembros del CJNG, quienes lo trasladaron a un rancho en la sierra, en condiciones de cautiverio.

El escape de un venezolano y el operativo que selló el destino de Cano

El relato de lo sucedido en ese rancho no solo proviene de Cano. Un joven venezolano que también fue víctima de reclutamiento forzado logró escapar y presentar una denuncia anónima ante las autoridades mexicanas.

En su testimonio, señaló la presencia de alrededor de 40 personas, la mayoría extranjeras, retenidas bajo amenazas y rodeadas de armas y vehículos blindados. Según su declaración, quienes se negaban a colaborar eran ejecutados en el lugar.

Esto motivó que el 27 de mayo de 2025, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano irrumpieran en el rancho. Sin embargo, en lugar de ser reconocidos como víctimas, Cano y la mayoría de los liberados fueron procesados como integrantes del cártel.

“Lo que tenemos de información es que dos semanas después, llega la Guardia Nacional a un lugar donde los tenían a él y a más compañeros y se presume que son alrededor de 40, la mayoría extranjeros. Los tienen secuestrados los del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Llega la Guardia Nacional y los toman y a la mayoría los toman como parte del cartel y por eso los procesan”, relató Niño de Rivera.

Las autoridades mexicanas sostienen que Cano fue encontrado entre la maleza, portando un fusil y una mochila con dinero en efectivo e identificaciones personales. En el expediente oficial, sin embargo, no constan huellas dactilares de Cano en el arma ni rastros de pólvora en sus manos.

Un síndrome que desafía las acusaciones

El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta el tejido conectivo y compromete órganos vitales como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos y el esqueleto. Las personas con este diagnóstico suelen tener extremidades largas y delgadas, problemas severos en la visión y una fragilidad física que requiere controles médicos constantes. En casos graves, la afectación de la aorta puede poner en riesgo la vida. El tratamiento médico implica mantener la presión arterial baja y, en ocasiones, cirugía preventiva.

Saskia Niño de Rivera, vocera de la organización Reinserta, describe las limitaciones de Cano: “Él mide más de un metro noventa, y lo más que ha llegado a pesar en su vida son 50 kilos. Sus músculos le fallan, su vista le falla, tiene siete de astigmatismo en cada uno de sus ojos, o sea, legalmente está ciego, y él no puede cargar nada arriba de dos kilos porque su cuerpo se rompe, literalmente se rompe”.

Más adelante, Niño de Rivera profundizó: “No hay manera de que haya manipulado un arma larga o se haya puesto un chaleco antibalas, como sostiene la acusación”, apunta.

Discriminado y bajo presión de sus propios abogados

La organización Reinserta y la propia familia de Cano coinciden en que el joven fue víctima de reclutamiento forzado. La situación se agrava por el estigma contra extranjeros —especialmente colombianos y venezolanos— en el sistema penitenciario mexicano, en medio del aumento de su presencia en estructuras criminales.

“Cuando un joven es reclutado y cae en prisión, automáticamente es tratado como delincuente, sin que exista una separación clara entre quienes fueron secuestrados y quienes integran la organización criminal”, señaló Niño de Rivera. En paralelo, existen iniciativas pendientes en el Congreso mexicano para regular el reclutamiento forzado y establecer protocolos de atención a víctimas, pero hasta la fecha no se han aprobado.

Iván Cano enfrentaría, además de la acusación, la presión constante de sus abogados de oficio para que acepte declararse culpable mediante un procedimiento abreviado, aun cuando él y su familia insisten en su inocencia.

“Lleva dos abogados de oficio. Los dos lo han tratado de convencer de que acepte su delito. ¿Por qué? Porque le conviene irse por el proceso abreviado para que en vez de darle 20 años, le den seis. Y él está aferrado y dice, y su mamá, con la que platiqué ayer durante muchas horas, que está desesperada en Colombia, dice: ‘Mi hijo no tiene por qué aceptar nada, él no hizo absolutamente nada’. Y la postura de Iván es la misma y por supuesto”, explicó Saskia Niño de Rivera.

La activista advierte que la sobrecarga de trabajo en la defensa pública provoca que muchos procesados terminen aceptando delitos que no cometieron, solo para recibir una condena menor y acelerar el trámite judicial. “Sabemos que los abogados defensores de oficio, muchas veces por la carga de trabajo que tienen, le dicen y tratan de convencer a los clientes, a los procesados que se vayan por la abreviada y así el proceso pasa ya a otra instancia. Entonces es una tragedia para todos lados”.

Según informa la activista, la sentencia está programada para el 12 de abril de 2026.