La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó a discutirse este martes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.
El análisis del dictamen se desarrolla en medio de posturas encontradas entre legisladores del oficialismo y la oposición, así como con reservas de algunos aliados políticos.
El documento fue distribuido durante la madrugada y su discusión se programó para este mismo día en comisiones, paso previo a su eventual votación en el pleno del Senado.
Comisiones del Senado inician discusión del Plan B de la reforma electoral
La sesión arrancó con la revisión del dictamen que propone modificaciones a distintos artículos constitucionales en materia electoral y administrativa.
Desde el inicio del debate destacó la ausencia de senadores del Partido del Trabajo (PT) en la Comisión de Puntos Constitucionales, grupo que ha expresado desacuerdos con algunos aspectos de la propuesta.
Legisladores señalaron que el análisis del proyecto ocurre después de ajustes de técnica legislativa y cambios en la redacción para uniformar varios artículos transitorios de la iniciativa.
Oposición busca frenar el debate e incluir otras iniciativas
Durante la reunión, senadores del PAN presentaron una moción suspensiva para detener momentáneamente la discusión y agregar otras propuestas de reforma electoral presentadas por distintos legisladores.
La solicitud fue impulsada por Marko Cortés, quien planteó que era necesario un debate integral sobre el sistema electoral.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, respondió que las mociones suspensivas sólo proceden en el pleno del Senado, por lo que la discusión continuó en comisiones.
Revocación de mandato, uno de los puntos centrales del dictamen
Uno de los temas que ha generado mayor debate es la propuesta de modificar el artículo 35 de la Constitución para permitir que la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó la iniciativa y señaló durante la discusión que, a su juicio, se presenta como una medida de austeridad, pero podría convertirse en un mecanismo de ratificación política.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya advirtió que algunos cambios propuestos podrían afectar el pacto federal, especialmente en lo relacionado con los límites presupuestales para los congresos estatales.
Después de dos rondas de posicionamientos de las bancadas, las comisiones unidas del Senado abrieron tres rondas de discusión adicionales, en las que participaron tres oradores a favor y tres en contra en cada una de ellas.
Durante el desarrollo de la sesión, legisladores señalaron que los integrantes del PT continuaban sin presentarse en comisiones.
Ajustes en ayuntamientos y presupuesto de congresos locales
El dictamen también contempla cambios en la integración de los ayuntamientos del país.
De acuerdo con el proyecto, cada municipio tendría una sindicatura y un número de regidurías que iría de siete a quince, manteniendo criterios de paridad de género e igualdad sustantiva.
Además, se propone establecer límites al presupuesto anual de los congresos locales, con el objetivo de reducir el gasto público y promover medidas de austeridad en las entidades federativas.
Negociaciones políticas marcan el avance de la reforma
El avance del Plan B también depende de acuerdos entre las bancadas.
El PT ha manifestado reservas sobre la posibilidad de que la revocación de mandato se realice el mismo año de las elecciones federales y locales de 2027, al considerar que podría generar ventajas políticas.
En paralelo, legisladores del oficialismo han señalado que continúan las conversaciones para lograr consensos que permitan que la reforma avance en el proceso legislativo.
Qué plantea el Plan B de la reforma electoral
- Modificar la Constitución para que la consulta de revocación de mandato pueda realizarse en 2027 o 2028.
- Permitir que la persona titular del Ejecutivo federal pueda difundir el proceso de revocación de mandato y promover la participación ciudadana dentro de los términos que marque la ley.
- Prohibir el uso de recursos públicos, tiempos oficiales o propaganda gubernamental para promover la consulta.
- Establecer que los ayuntamientos estén integrados por una sindicatura y entre siete y quince regidurías, con criterios de paridad de género.
- Limitar el presupuesto anual de los congresos estatales a un porcentaje del gasto total de cada entidad federativa.
- Reducir gastos y prestaciones en organismos electorales, incluendo límites a remuneraciones y beneficios financiados con recursos públicos.
El dictamen continuará su discusión en comisiones del Senado y, en caso de ser aprobado, será enviado al pleno para su votación, en un contexto donde aún se mantienen negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.