En el Congreso del Estado de México inició el análisis de una iniciativa que busca sancionar con hasta 15 años de prisión a quien elabore o difunda información falsa generada mediante Inteligencia Artificial (IA), en un contexto que legisladores calificaron como una revolución tecnológica que obliga a actualizar el marco legal para proteger los derechos de las personas.
Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena) y la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) coincidieron en la necesidad de abordar de manera especializada los retos que plantea el uso de la IA, particularmente cuando se emplea para vulnerar la integridad, la dignidad y la imagen de las personas.
La propuesta, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos González, y por la legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez, plantea reformar el Código Penal estatal para imponer sanciones de ocho a 15 años de prisión a quien, mediante IA u otra tecnología, genere o manipule videos, audios o imágenes con el propósito de crear una falsa realidad y difundirla en redes sociales o medios de comunicación, afectando la integridad y dignidad de terceros.
Al respecto, Vladimir Hernández señaló que legislar en materia de Inteligencia Artificial es una tarea relevante y compleja, al situarse en la delgada línea entre la protección de derechos y el establecimiento de prohibiciones. Subrayó que el análisis de la iniciativa representa un primer paso para avanzar en la regulación de estas herramientas tecnológicas, sin frenar la innovación ni el desarrollo digital.
“El reto es proteger los derechos de las personas sin obstaculizar el avance tecnológico”, expresó el legislador, al destacar que el uso indebido de la IA puede derivar en fraudes, suplantación de identidad y afectaciones graves a la reputación de ciudadanos.
Por su parte, Miriam Silva, quien presidió los trabajos de la comisión, reconoció que se trata de un tema que también debe analizarse desde el ámbito federal, debido a su alcance y complejidad. Cuestionó hasta dónde puede llegar la libertad de expresión cuando la tecnología permite generar noticias falsas, imágenes inexistentes o incluso replicar la voz de una persona para calumniar o difamar.
La diputada advirtió que este tipo de prácticas pueden provocar daño moral, afectar la imagen pública e incluso impactar la estabilidad psicológica de las víctimas. Asimismo, señaló la necesidad de revisar el papel y la responsabilidad de las plataformas digitales ante contenidos que se vuelven virales y que, en muchos casos, permanecen en circulación pese a generar afectaciones.
La iniciativa también contempla equiparar estas conductas con el delito de fraude, estableciendo penas similares para quienes utilicen software con fines de espionaje, obtención ilícita de información o manipulación de documentos, imágenes, videos o audios.
Con este debate, el Congreso mexiquense se suma a la discusión nacional e internacional sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, en un escenario donde el desarrollo tecnológico avanza con rapidez y plantea nuevos desafíos jurídicos para garantizar la protección de derechos fundamentales en la era digital.