Registro público de agresores sexuales de menores: así es la propuesta que llega al Congreso de Guanajuato

La propuesta de crear un registro público de agresores sexuales de menores en Guanajuato representa un avance relevante en la agenda legislativa estatal, al colocar la protección de la infancia y la lucha contra la impunidad en el centro del debate.

La iniciativa, presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ante el Congreso local, forma parte de un paquete de reformas legales orientadas a endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos sexuales y de violencia familiar, así como a fortalecer los mecanismos de prevención y sanción en el ámbito del servicio público.

De acuerdo con la gobernadora, el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales constituye el eje central de la propuesta. Este sistema público concentrará los datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Según la mandataria, el registro funcionará como un instrumento de política pública para la prevención, permitiendo identificar a los responsables y evitar futuras agresiones. Además, responde a la necesidad de que las consecuencias para los agresores sean proporcionales al daño irreversible que sufren las víctimas.

“Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido, ya que las víctimas de estos delitos quedan marcadas por el sufrimiento de por vida y quien los agreda debe saber que serán parte de un registro público que los va a identificar para evitar futuras agresiones”, afirmó García Muñoz Ledo al presentar la iniciativa.

Asimismo, la gobernadora subrayó que, si el daño para las víctimas es permanente, resulta justo que los agresores enfrenten consecuencias igualmente duraderas.

Reformas al Código Penal y sanciones por violencia familiar

Junto a la creación del registro, el paquete de reformas incluye una modificación al Código Penal estatal en materia de violencia familiar.

Esta segunda iniciativa no solo busca incrementar las penas para los responsables, sino también impedir que los agresores puedan evitar la cárcel mediante beneficios procesales como la suspensión condicional del proceso.

García Muñoz Ledo enfatizó que el objetivo es evitar que los responsables de violencia familiar se amparen en mecanismos legales que favorecen la reincidencia y, en ocasiones, derivan en consecuencias fatales para las víctimas.

“La sanción penal no puede ser cambiada por ningún beneficio para el agresor”, puntualizó la gobernadora, al destacar la gravedad de la violencia ejercida contra hijas, hijos y mujeres.

Acoso sexual en el servicio público

El tercer componente del paquete legislativo se enfoca en el ámbito del servicio público.

La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas propone que el acoso sexual cometido por servidores públicos sea considerado una falta administrativa grave, independientemente de que se trate de un hecho aislado o de la existencia de una relación de subordinación.

Actualmente, aunque el acoso sexual está tipificado como delito, no se clasifica como falta grave en el ámbito administrativo, lo que dificulta la aplicación de sanciones ejemplares.

Ante la situación, García Muñoz Ledo explicó que en la práctica cuando una mujer denuncia acoso sexual dentro de la administración pública, el despido del agresor suele justificarse por otras causas, lo que impide hacer justicia a la víctima.

“En el servicio público no cabe la violencia ni la sexual, ni ninguna otra, solo la ética y el respeto”, sentenció la mandataria al defender la necesidad de esta reforma.

A lo largo de la presentación de las iniciativas, la gobernadora insistió en la urgencia de cerrar los vacíos legales que han permitido la reincidencia y la impunidad en delitos de violencia sexual y familiar.

Las propuestas buscan fortalecer la protección de los derechos de la infancia y de las mujeres, en un contexto donde la violencia contra menores y la violencia de género representan desafíos persistentes para la sociedad guanajuatense.