El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su inconformidad y preocupación por el Decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró de utilidad pública tres tramos de las vías férreas de Ferrosur, empresa propiedad de Germán Larrea, uno de los integrantes de dicha organización empresarial.
A través de un comunicado, el CCE manifestó su preocupación en torno a la determinación del gobierno federal y advirtió que ello tendrá efectos negativos en la confianza para la inversión en México y la generación de empleos.
Consideró que este decreto tiene una “controvertida legalidad”, pero también advirtió que más allá de esa situación, esta declaratoria de utilidad pública llega en el marco de “un momento de grandes oportunidades” en el sector empresarial.
El CCE reclamó también que es necesario que para realizar la declaratoria de utilidad pública es necesario que se procuren condiciones de certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de los empresarios por la inversión en México.
“Los empresarios hemos manifestado nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo social”, indicó el Consejo Coordinador Empresarial.
La organización empresarial indicó que la iniciativa privada incluso ha mostrado su interés por participar en el proyecto del gobierno federal por el cual se busca impulsar el sur del país.
Y es que hasta hace unos meses, Grupo México, de Germán Larrea, trabajó en la construcción del Tramo 5 sur del Tren Maya. En aquel momento, dejó el proyecto, pues alegó una imposibilidad técnica para finalizar este proyecto en julio de este año.
Este pronunciamiento por parte del Consejo Coordinador Empresarial que actualmente lidera Francisco Cervantes es de gran relevancia pues congrega a las organizaciones de corte empresarial más importantes del país.
Entre ellas se encuentran la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Nacional Agropecuario (CNAgropecuario) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Tras la publicación de este decreto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López rechazó que se trató de una expropiación, sino que afirmó que fue “una ocupación temporal”.
SCJN contra declaratorias de “seguridad nacional”
Este decreto llegó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un golpe a los megaproyectos del gobierno del presidente López Obrador.
La Suprema Corte invalidó el decreto por el cual el gobierno federal declaró de seguridad nacional las obras y proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Transístmico.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este decreto vulneró el acceso a la información dado que al declarar los megaproyectos como de “seguridad nacional” se dio pie a que su información pudiera ser clasificada.
Entre otras cosas, el decreto también buscó agilizar los trámites para el inicio de las obras, por lo que se le otorgaban permisos provisionales para tal efecto en por un periodo de 12 meses.
Sin embargo, ese mismo jueves el gobierno federal publicó un nuevo decreto con el cual se declara el Tren Maya, los aeropuertos en Tulum, Palenque y Chetumal, así como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como de seguridad nacional, un hecho por el que el INAI se volvió a inconformar ante la Suprema Corte.
En esta ocasión fue a través de un recurso de queja con el cual el órgano autónomo busca que los efectos de la sentencia dictada por la Corte el pasado jueves al resolver la invalidez del decreto anterior sean extensivos al nuevo decreto.
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