El fiscal Taiano se pronunció en contra de reabrir la causa $Libra y que la PIA asuma la investigación

El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó en contra del planteo formulado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, que pretendía reabrir la investigación de la causa $Libra y asumir el ejercicio de la acción pública en el expediente donde se investigó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a un grupo de empresarios, intermediarios y colaboradores por presuntas maniobras de fraude y corrupción.

El pasado 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de todos los involucrados. Ahora se discute si el archivo de la causa se mantiene o no, mientras en paralelo la Cámara Federal de Casación Penal revisa el apartamiento de los inversores que fueron querellantes. Estos llevaban adelante la acusación particular.

Martínez De Giorgi sobreseyó a todos al considerar que los hechos denunciados no encuadraron en ninguna figura legal, siguiendo los argumentos que había formulado antes Taiano para pedir los sobreseimientos.

Ante esto, la PIA —un organismo del Ministerio Público Fiscal que funciona como una fiscalía e investiga hechos de corrupción en la administración pública— interpuso un recurso de apelación en subsidio y solicitó la reapertura del caso por entender que la resolución resultó prematura y que la pesquisa no se encontraba agotada.

Con Martínez De Giorgi de licencia, el juez subrogante Daniel Rafecas le había corrido vista al fiscal Taiano, quien ahora ratificó la postura de archivar las actuaciones y desestimar los cuestionamientos de la Procuraduría, según supo Infobae de fuentes judiciales. Con esta opinión, que no es vinculante, el titular del Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py quedó en condiciones de resolver si admite o no el reclamo de la PIA.

Qué dijo la PIA

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó con dureza el sobreseimiento y la postura del fiscal de instrucción. El fiscal nacional Sergio Rodríguez argumentó, en un dictamen de 15 páginas, que la investigación se cerró de manera apresurada y que restaban producir medidas de prueba fundamentales.

Entre los puntos señalados por la PIA, se destacó que varios estudios técnicos sobre las transacciones de criptoactivos no pudieron completarse debido a que una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias de software necesarias. Asimismo, el organismo consideró que las presuntas maniobras de ocultamiento de los imputados —como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de la familia del lobista Mauricio Novelli, el borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono del asesor Sergio Morales y la eliminación de chats con el contacto “Karina Milei RRPP”— constituían indicios que obligaban a profundizar la pesquisa en lugar de archivarla.

La PIA también calificó de insuficiente el descarte de la declaración de la abogada boliviana Nadia Beller. Explicó que a la testigo solo se le preguntó por el objeto procesal de otra causa (ANDIS) y no sobre su conocimiento específico del caso Libra, por lo que solicitó formalmente su citación a declarar en este expediente. Finalmente, el organismo consideró que no correspondía utilizar como argumento desvinculatorio un fallo civil dictado por un tribunal de Nueva York en una demanda contra Kelsier Labs, del empresario Hayden Davis.

Además, el fiscal Rodríguez advirtió que todavía resta dilucidar de qué manera el presidente de la Nación obtuvo y difundió el contrato mediante el cual los inversores pudieron comprar $LIBRA, y que aparentemente no era de acceso público ni se encontraba disponible en las redes sociales.

Todo esto, a criterio de la PIA, impide alcanzar la “certeza negativa” -absoluta convicción de que no existió delito- que requiere la ley para dictar un sobreseimiento.

En cambio, sobre el delito de estafa, la fiscalía de Taiano determinó que no se acreditó un engaño penalmente relevante. Sostuvo que el proyecto existió, que las empresas eran reales y que las transacciones se realizaron mediante herramientas públicas y trazables. Remarcó que los imputados nunca garantizaron ganancias futuras ni estabilidad de precios, y que las operaciones ocurrieron en el mercado de las “memecoins”, caracterizado por una alta volatilidad y un fuerte componente especulativo. Además, ponderó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos consideró insuficiente la promoción en redes sociales por parte de un político para demostrar que los inversores fueron inducidos mediante falsedades.

En cuanto al presunto tráfico de influencias atribuido a Karina Milei, el fiscal señaló que la única constancia documental fue la autorización de ingreso de los empresarios extranjeros a Casa Rosada el 16 de julio de 2024. Sin embargo, constató que la hermana del presidente no participó de los encuentros del Tech Forum en el Hotel Libertador ni fue mencionada por otros empresarios que aludieron públicamente a supuestos pedidos de dinero.

Sobre la conducta de Javier Milei y los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, la fiscalía se apoyó en un informe de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación que señaló la inexistencia de resoluciones o actos administrativos oficiales vinculados a $LIBRA. También valoró una resolución de la Oficina Anticorrupción que determinó que la publicación en la cuenta personal de X no representó un acto institucional, no utilizó fondos públicos ni infringió la Ley de Ética Pública.