El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el Poder Judicial de la Nación correspondiente al ejercicio del año 2027.
El plan de gastos diseñado por el organismo encargado de seleccionar y controlar a los magistrados federales y nacionales contempla un requerimiento total de casi tres billones de pesos para el normal funcionamiento de la estructura judicial durante el próximo período. La cifra exacta solicitada ascendió a $2.841.911.406.537.
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El tratamiento de la propuesta se inició en la Comisión de Administración Financiera, conducida por el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Viola. Tras recibir el visto bueno de este cuerpo de trabajo, la iniciativa se elevó al Plenario de la institución, donde obtuvo el respaldo unánime de los consejeros presentes.
El encuentro estuvo encabezado por Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
Durante la sesión plenaria, Viola remarcó que el anteproyecto de presupuesto “fue largamente tratado en la comisión que tengo el honor de presidir y agradezco el trabajo del administrador del consejo, del personal de la comisión y de los consejeros”.
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Tras afirmar que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”, Viola destacó que “el presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia, que es un paso importante para tener una justicia más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercana a la gente”.
Por último, el consejero y viceministro de Justicia agradeció la “voluntad” para “tener esto en tiempo y forma porque tener un presupuesto aprobado nos va a dar previsibilidad y orden y nos va a ayudar a que funcione mejor la justicia y a reforzar la autonomía”.
En la reunión del Plenario participaron de manera presencial y virtual representantes de los estamentos de la judicatura, la academia, la abogacía, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
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Entre los asistentes estuvieron los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez y Mariano Recalde; los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau; y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. En contrapartida, estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El trámite legislativo y administrativo del presupuesto judicial continuará con su remisión al Poder Ejecutivo Nacional.
Posteriormente, el Gobierno enviará el proyecto general al Congreso de la Nación, ámbito donde se debatirá y votará la ley definitiva. Actualmente, durante el año 2026, la administración de justicia opera con partidas que alcanzan los $2.135.208.999.995, lo que representó un incremento del 280% respecto de períodos anteriores, cuando las partidas quedaron congeladas.
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La propuesta de 2027 se acoplará a la previsión de gastos que la Corte Suprema de Justicia elabora de forma autónoma.
El máximo tribunal fijó sus propias previsiones de gastos para el año próximo en un total de $495.049.855.166. Mediante la firma de la Acordada 18/2026, la Corte estableció dicho monto y determinó una planta de personal de 4.732 puestos de trabajo, además de convalidar un plan de obras públicas para el próximo ciclo.
El documento llevó las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, detallando las partidas que se asignarán al pago de salarios, adquisición de bienes de consumo, contratación de servicios no personales y compra de bienes de uso.
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