El Plenario del Consejo de la Magistratura envió este martes a la Comisión de Acusación dos expedientes que investigan el desempeño de los jueces federales Gastón Salmain y Alejandro Patricio Maraniello. Además, aprobó trece ternas destinadas a cubrir vacantes en juzgados y cámaras federales y nacionales, en una reunión que contó con la presencia de sus 20 integrantes bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
El punto central de la sesión fue la decisión unánime de enviar a la Comisión de Acusación, presidida por el senador Luis Juez, el Dictamen Nº 142/2025 referido al juez federal Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El magistrado está siendo investigado en una causa penal por presunta corrupción a cargo del juez Carlos Vera Barros, en la que se analiza su relación con el financista e imputado colaborador Fernando Whpei.
Según las actuaciones, Salmain fue llamado a declarar para explicar su presunto vínculo con Whpei, quien declaró que el juez habría facilitado el acceso al mercado oficial de cambios para una operación de 10 millones de dólares en diciembre de 2023, cuando regían un cepo cambiario y una amplia brecha con el mercado paralelo. A cambio de la resolución judicial que permitió la compra al tipo de cambio oficial, el financista sostuvo que el magistrado podría haber esperado una remuneración ilícita, aunque el beneficio económico se habría reducido por la devaluación posterior a la asunción del presidente Javier Milei.
La resolución cuestionada autorizó a la firma Attila Fideicomisos SRL, vinculada a Whpei, a adquirir los 10 millones de dólares a un valor cercano a $379, en un contexto en que la cotización informal superaba los $950. La decisión firmada por Salmain fue dictada sin intervención previa del Ministerio Público Fiscal (MPF), y pese a la apelación inmediata del Banco Central (BCRA), que buscó impedir la operación.
La Cámara Federal de Rosario revocó la medida en marzo de 2024, aunque cuando se dictó la resolución el resultado económico ya era irreversible. De acuerdo con los fiscales que investigan el caso, la ganancia obtenida por la operación habría rondado los 2 millones de dólares, de los cuales un 10% correspondería a Salmain y otro 10% a un intermediario, según la hipótesis que se analiza en el expediente.
El MPF impulsa el caso a través de los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC), en conjunto con la PROCUNAR, la PIA y el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo. El MPF ya había solicitado el allanamiento del despacho del juez y el secuestro de su teléfono celular, diligencia que inicialmente se frustró por una filtración en el sistema Lex 100. Luego, Salmain pidió información sobre el procedimiento a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), motivo por el cual se abrió una nueva causa por abuso de autoridad debido a que el expediente se encontraba bajo secreto de sumario.
La investigación también detectó comunicaciones entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y colaborador en la causa contra otro juez investigado por la Justicia, Marcelo Bailaque. Un peritaje sobre el teléfono de Vaudagna confirmó intercambios entre 2018 y 2019. En febrero de 2024, la Cámara Federal de Rosario separó a Salmain de dos expedientes en los que intervenía y que involucraban al exfuncionario tributario.
Además del dictamen sobre Salmain, el Plenario del Consejo giró a la Comisión de Acusación el expediente N° 165/2024, que analiza la actuación del titular del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Alejandro Patricio Maraniello.
La Comisión, en rigor, evaluará una serie de denuncias formuladas por empleadas del juzgado, quienes atribuyeron al magistrado episodios de acoso sexual, maltrato laboral, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Distintas presentaciones relataron conductas ocurridas tanto dentro de los tribunales como en espacios externos, incluidos encuentros que habrían tenido lugar fuera del horario laboral.
Una de las denunciantes sostuvo que, a menos de una semana de ingresar a trabajar, el juez la citó fuera del horario de oficina. Declaró que asistió por temor a perder su empleo y describió tocamientos, besos no consentidos y una situación de la que intentó apartarse. Señaló además que se sintió obligada a mantener relaciones sexuales para dar por terminada la situación. Maraniello había tomado notoriedad pública meses atrás tras dictar una medida cautelar vinculada a la prohibición de supuestos audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Así las cosas, la Comisión acusatoria tendrá ahora a su cargo la instrucción de ambos expedientes. En ese marco, iniciará una etapa preliminar en la que podrá requerir documentación, tomar declaraciones y recibir los descargos de los investigados. Con esa base, elaborará un dictamen para recomendar el archivo, la aplicación de una sanción o la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Por otra parte, durante la reunión también se aprobaron trece ternas correspondientes a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que ahora serán remitidas al Poder Ejecutivo para la selección de candidatos y posterior envío de pliegos al Senado.
Las ternas aprobadas abarcan vacantes en diferentes regiones y fueros. Incluyen cargos para el Tribunal Oral Federal de Formosa y el Juzgado Federal de Clorinda, en esa provincia; una vacante en el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata; y diez vocalías en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, distribuidas entre las Salas II, III, V, VI, VII, VIII, IX y X.
En el plenario estuvieron Rosatti, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Inés Pilatti Vergara, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Pablo Tamarit, María Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.