El Tribunal Oral Número 7 comenzó a escuchar, esta mañana a las 10, a los más de 40 arrepentidos en la causa Cuadernos. Lo hacen amparándose en un artículo del código penal que contempla la reparación integral a través de un acuerdo resarcitorio.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispusieron 10 minutos para la exposición de cada una de las defensas, con lo cual la audiencia promete ser extensa. Posteriormente, el tribunal le dará la palabra a Mariano Galpern, representante de la Unidad de Información Financiera, y luego a la fiscal Fabiana León.
La audiencia se realiza de manera virtual y además están presentes el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo, Claudio Uberti, el antiguo Ministro de Planificación, Julio De Vido.
Algunos imputados se limitaron a confirmar los escritos ya presentados, sin detallar montos. Otros sí los explicitaron: la defensa de Ernesto Clarens ofreció un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares; Mario Rovella propuso 732 millones de pesos, y José Paolini, 826 millones.
El primero en tener la palabra fue Roberto Saint Jean, defensor de Jorge Balán y del ingeniero Roberto Orazi, de la constructora Hidraco, quien reclamó que se abra la instancia de réplica para contestar las opiniones de las partes acusadoras si son contrarias a su pedido.
Las sumas propuestas por las defensas varían entre un millón de pesos y un millón y medio de dólares, montos que en su mayoría representan una actualización de los embargos ya trabados en el expediente. Cada propuesta será analizada por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli.
Otros montos ofrecidos en la audiencia son: Adrián y Mauricio Pascucci $133.000.000; Benjamín Romero $100.000.000; Roberto Orazi $136.403.400; Mario Rovella $731.828.906; Marcelo Aznar $240.000.000 (actualizado); Osvaldo De Souza $200.000.000; Patricio Gerbi $ 45.000.000; Rodolfo Poblete $50.000.000; Angelo Calcaterra $2.492.654.900; Benito Roggio $1.875.907.639. Otros imputados adhieren a la moción pero sin una propuesta económica concreta.
La UIF se opuso al acuerdo
La Unidad de Información Financiera (UIF) rechazó los ofrecimientos de empresarios y exfuncionarios para evitar el juicio oral en la causa. El director del organismo, Paul Starc, advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.
En su presentación, la UIF recordó que se trata de un esquema de corrupción sistémica que funcionó entre 2003 y 2015, con delitos como cohecho, dádivas y asociación ilícita. Señaló que no se trata de hechos de menor lesividad social ni de un perjuicio meramente patrimonial, sino de un daño institucional y colectivo que solo puede repararse a través de un debate oral y público con sus correspondientes condenas.
El organismo subrayó que el dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública, y que aceptar esos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad. Finalmente, reclamó al Tribunal mantener la fecha de inicio del juicio fijada para el 6 de noviembre y avanzar con las condenas y decomisos de bienes.
La opinión de la fiscalía
La opinión de la fiscal León, quien se opuso al acuerdo, es considerada clave. En procesos anteriores, León rechazó este mecanismo de “reparación integral”, aunque los empresarios esperaban que en esta oportunidad adoptara una postura distinta. Varios de ellos incluso solicitaron que expusiera su criterio al inicio de la audiencia, aunque el tribunal ratificó que su intervención sería al final.
En la misma línea, el defensor de Walter Fagyas, Alfredo Huber, remarcó que “no se paga para zafar del juicio”, sino que se busca una salida ante la complejidad de un proceso de esta magnitud.
Por su parte, Luciano Marcelo Pauls, abogado del constructor Adrián Pascucci, fue más lejos y sostuvo que el debate oral “es impracticable”, al estimar que demandaría entre 500 y 1.000 audiencias y se prolongaría por más de una década, con impacto en el funcionamiento de otros juicios federales.