Todo está encaminado a un acuerdo unánime entre todos los sectores del Consejo de la Magistratura de la Nación para que hoy se designen a los presidentes de sus cinco comisiones. Será el último paso -tras el plenario de la semana pasada- para que el organismo comience a funcionar de manera plena después de nueve meses de parálisis. Su último plenario había sido en julio del año pasado
Será una mañana de mucha actividad. A las 9:30 horas se reunirá la comisión de Labor, presidida por Horacio Rosatti junto a los restantes 18 consejeros. Será a puertas cerradas y es para delinear la agenda de temas del próximo plenario que podría ser el miércoles 19 de abril. Y después de ese encuentro lo harán cada una de las comisiones en este orden: Selección, Disciplina, Acusación, Administración y Financiera y Reglamentación. Será para elegir a los presidentes y vices de cada una.
Infobae pudo saber que hasta ayer había un acuerdo entre todos los sectores sobre esos nombramientos. Un acuerdo por unanimidad que superaría lo que ocurrió la semana pasada cuando la jueza Agustina Díaz Cordero fue elegida vicepresidenta del Consejo con el apoyo de 13 votos, los de todos los sectores excepto los seis integrantes del bloque oficialista que propuso para ese lugar al abogado Héctor Recalde. La objeción del kircnerismo era que no podía haber un presidente y vice del mismo sector. Los más memoriosos del Consejo recordaron que en 2020 los jueces Alberto Lugones -hoy en el Consejo- y Ricardo Recondo fueron elegidos presidente y vice, respectivamente. Y fue con los votos del oficialismo.
Después de la votación de la vicepresidencia, donde hubo unanimidad fue en la aprobación de cómo se integran las comisiones. Y ahí los consejeros comenzaron a conversar por el reparto de sus autoridades.
Con el acuerdo hablado las presidencias de las comisiones quedarían así: Acusación para el abogado Miguel Piedecasas que llegó al Consejo de la mano de la UCR nacional; Administración y Financiera para el diputado del PRO Álvaro González, un hombre del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; Reglamentación para el juez Lugones; Selección para la abogada María Fernanda Vázquez; y Disciplina para la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara o tal vez otro representante del kirchnerismo.
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“Si se mantienen los acuerdos, debería votarse así”, resumía ayer un consejero consultado por este medio. Con esas designaciones todos los sectores del Consejo tienen a cargo una comisión. Las dos más importantes, o por lo menos las que más mira la política, son Selección y Acusación.
Por Acusación pasan las denuncias más graves por mal desempeño contra los jueces, las que podrían llevarlos a juicio político. Allí la oposición tiene mayoría. La integran los diputados González y Roxana Reyes (UCR), el senador radical Eduardo Vischi y el abogado Piedacasas. Son cuatro votos contra tres del oficialismo que estará representado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y por el abogado Recalde.
En esa comisión está el dictamen de envió a juicio político del juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de darle protección a narcos que debía investigar. El magistrado está procesado por distintos delitos con prisión preventiva, que no se puede efectivizar por sus fueros como juez. La comisión debe resolver si avanza en la acusación para que se vote en el plenario del Consejo donde se definirá la suerte de Bento.
El kirchnerismo en el plenario de la semana pasada planteó que hay otras denuncias que seguirá de cerca. Se trata de los expedientes contra los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, quienes viajaron el año pasado junto a funcionarios, fiscales y empresarios a la estancia del empresario Joe Lewis en Bariloche y se investiga si cometieron alguna inconducta.
Selección estará integrada por los académicos Tamarit y Galderisi; los jueces Lugones, Alejandra Provítola y Diego Barroetaveña; las diputadas Reyes y Siley, los abogados Recalde, Vázquez, Piedecasas y Jimena de la Torre; y el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz.
Se trata de la comisión que hace los concursos de jueces para cubrir las vacantes en la justicia nacional y federal que hoy alcanza a 242, el 24 por ciento del total de cargos. La comisión tiene en trámite, según sus datos oficiales, concursos por 166 vacantes. Y 84 vacantes ya están en condiciones de tratarse en el plenario. Uno de los principales desafíos del cuerpo es poder aprobar esos concursos para que sigan su trámite en el Poder Ejecutivo y en el Senado.
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El oficialismo tiene un objetivo: poder aprobar los concursos para las vacantes en los tribunales de Comodoro Py, sobre todo los de la Cámara Federal donde hoy están los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que deben ser reemplazados por magistrados designados por concurso.
El kirchnerismo hace bandera pública con ese caso y le ha pedido públicamente a Rosatti, uno de los firmantes del fallo como juez de la Corte, que se avance en esa aprobación del concurso -que ya está terminado-, lo que la oposición no quiere. Pocos apuestas a que en este año electoral haya acuerdos sobre los concursos de Comodoro Py.
Pero será parte de las discusiones que se vengan en el Consejo de la Magistratura que desde hoy con la puesta en marcha de sus comisiones se vuelve a reactivar.
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