El equipo legal de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, respondió a las versiones sobre supuestas amenazas atribuidas al exmandatario durante la audiencia de declaración de imputado. Angie Colindres, apoderada legal del expresidente, señaló que no existen registros en el expediente judicial que respalden tales afirmaciones y explicó que el audio de la audiencia permitiría constatar que no hubo un intento de amenaza.
Según la defensa, si se hubiera producido alguna situación de ese tipo, los representantes del Ministerio Público o la Procuraduría General de la República habrían formulado la denuncia correspondiente ante el juez. Además, en la audiencia participaron representantes de la sociedad civil y organismos veedores, y de acuerdo con la abogada, ninguno de estos actores reportó comportamientos intimidatorios por parte de Hernández.
Durante la comparecencia, la defensa técnica acreditó el arraigo de Hernández en el país, punto destacado por Diario La Tribuna. Este argumento permitió que se establecieran medidas alternativas a la prisión preventiva. El propio exgobernante expresó ante el juez que su intención es permanecer en Honduras y enfrentar el proceso judicial, señalando: “No me voy a ir de aquí; soy el principal interesado en que todo esto se resuelva”.
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Colindres indicó que la línea de defensa se ha enfocado en solicitar el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y procesales del acusado. El equipo legal manifestó que su interés es que el caso se resuelva en los órganos jurisdiccionales, evitando que se dirima en la opinión pública.
La abogada también mencionó que, a su juicio, existe una campaña de desprestigio contra Hernández desde hace varios años. Adelantó que durante el proceso se buscará demostrar los supuestos daños ocasionados tanto al expresidente como a su familia y consideró que el caso tiene un trasfondo de persecución política.
En relación con los argumentos de los entes acusadores, Colindres mencionó una posible contradicción: mientras solicitan la detención judicial, en sus declaraciones públicas sostienen que el exmandatario ya no posee influencia política. Para la defensa, esta situación podría interpretarse como un indicio del carácter político del proceso.
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En la última audiencia judicial, la defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, manifestó que no existen pruebas en el expediente sobre supuestas amenazas a representantes del Estado y mencionó la existencia de un audio que, según su postura, respalda esta versión. Además, señaló que ningún actor presente en la audiencia reportó actos intimidatorios, según reiteró Diario La Tribuna. El equipo legal sostiene que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio y persecución política hacia el exmandatario y su entorno familiar.
El expresidente responde a nuevas acusaciones en el caso Pandora II
El 6 de agosto, Juan Orlando Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República durante la audiencia de imputados por el caso Pandora II. Sostuvo que sus intervenciones se limitaron a ejercer su derecho a la defensa y a exigir transparencia y objetividad en el proceso judicial.
Hernández presentó un audio para respaldar su versión y argumentó que, de haberse producido una intimidación, cualquier parte habría intervenido en ese momento por desacato. Según su interpretación, la falta de reacción inmediata de los representantes de la PGR demostraba que sus palabras no fueron consideradas amenazas.
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Durante la conferencia, el exmandatario señaló que forma parte de una campaña de odio en un clima político polarizado, lo que, a su juicio, afecta la institucionalidad del país y perjudica a las futuras generaciones. Además, cuestionó que sectores busquen notoriedad pública a partir de estas denuncias y recordó que, durante su tiempo en prisión en Estados Unidos, tanto él como su familia fueron objeto de ataques.
Hernández concluyó reiterando su compromiso de defenderse por las vías legales y pidió a las autoridades que actúen con imparcialidad en el desarrollo del proceso vinculado al caso Pandora II.