El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo creó el COINFIN, un comité temporal de carácter técnico que analizará los tratados internacionales de fiscalidad que reciba el país, en una decisión que se inserta en el avance guatemalteco hacia esquemas de cooperación tributaria y estándares de transparencia asumidos este año.
El nuevo organismo funcionará durante diez años desde la entrada en vigor del acuerdo, con posibilidad de prórroga. Un año antes de que venza ese plazo, deberá evaluar si conviene extender su mandato.
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La creación del comité quedó establecida en el Acuerdo Gubernativo Número 138-2026, publicado este viernes 21 de agosto en el Diario de Centro América. El texto del acuerdo dispone la formación del Comité Interinstitucional sobre Fiscalidad Internacional de la Presidencia de la República, identificado por sus siglas COINFIN.
El acuerdo fue firmado el 18 de agosto de 2026 y se apoya en el artículo 149 de la Constitución Política de la República y en el artículo 5 del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo. Esa norma habilita al presidente a crear comités temporales de la Presidencia.
En los considerandos del documento se indica que Guatemala debe generar condiciones para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Bajo esa premisa, el Gobierno sostiene que resulta necesaria la inserción del Estado en la fiscalidad internacional.
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El comité asesorará sobre tratados y modelos de negociación
La función central del COINFIN será estudiar, analizar, asesorar y dar seguimiento a las propuestas de tratados internacionales de fiscalidad que reciba Guatemala para adherirse. Su papel será consultivo en materia técnica.
Entre sus atribuciones figura la elaboración de propuestas de modelos de negociación ad hoc para el país. También podrá asesorar sobre el inicio de negociaciones con otros Estados, recomendar políticas y estrategias para celebrar convenios en materia fiscal internacional y evaluar nuevas propuestas vinculadas con ese campo.
El acuerdo también le permite proponer lineamientos y criterios para aplicar tratados y convenios de fiscalidad internacional. Ese punto amplía su intervención más allá del análisis previo y lo proyecta sobre la implementación de los instrumentos que eventualmente suscriba el Estado.
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La integración del comité quedará en manos de tres ministerios: el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Cada cartera deberá designar tres miembros titulares y tres suplentes.
La presidencia del COINFIN recaerá en el Ministerio de Finanzas Públicas. Esa cartera tendrá a su cargo la convocatoria de las sesiones, la coordinación entre los integrantes y la elaboración de las actas de cada reunión.
La SAT participará en todas las sesiones, pero sin integrar formalmente el órgano
La Superintendencia de Administración Tributaria será invitada permanente a todas las sesiones del comité. Su participación responde a su mandato legal de promover la celebración de tratados y convenios internacionales para el intercambio de información y la colaboración en materia aduanera y tributaria.
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Aunque la SAT tendrá presencia constante, no formará parte formal del órgano.
La misma condición regirá para otros invitados externos, que podrán intervenir con voz en las sesiones, pero sin integrar la estructura institucional del comité.
Los integrantes del COINFIN desempeñarán sus funciones ad honorem. El acuerdo precisa que no tendrán derecho a dietas ni a ninguna otra remuneración por asistir a las reuniones.
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Las sesiones ordinarias deberán celebrarse al menos una vez al mes. El Ministerio de Finanzas Públicas podrá convocar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario.
Para sesionar se exigirá el quórum total de las instituciones que integran el comité. Las actuaciones del órgano, además, deberán regirse por el principio de consenso.
La creación del COINFIN coincide con un movimiento más amplio de Guatemala en materia de cooperación tributaria internacional. En enero de 2026, el país se convirtió en el miembro 148 del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G20, según consignó el grupo especializado TPC Group.
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Esa incorporación implica compromisos concretos en transparencia fiscal y en estándares de documentación para empresas multinacionales, de acuerdo con la publicación.
En ese marco, el nuevo comité aparece como una instancia destinada a ordenar el análisis técnico y la eventual negociación de los tratados fiscales que Guatemala reciba en los próximos años.
Guatemala no tiene tratados o convenios vigentes para evitar la doble tributación internacional (CDI) con otros países. Su legislación interna y los criterios de territorialidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) limitan la suscripción de este tipo de acuerdos fiscales bilaterales clásicos
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